La Iglesia recogió 146 nuevos testimonios de abusos en 2024, lo que eleva la cifra a 1.203 en cuatro años

La Iglesia católica, a través de sus Oficinas para la Protección de Menores, ha recogido 146 nuevos testimonios de víctimas de abusos en 2024 que, sumados a los 1.057 casos que reconocía en la última edición de su informe 'Para dar luz', publicada en diciembre de 2023, elevan la cifra a 1.203 denuncias. De esos 146 testimonios, 94 no han tenido un recorrido judicial por el fallecimiento del victimario o la prescripción del delito, por lo que su posible indemnización dependerá de la Comisión Asesora de Reparación Integral, que obispos y religiosos han creado para este fin y que comenzó sus trabajos el pasado septiembre. Los otros 52 son recientes y, en estos momentos, se encuentran en manos de la justicia civil. «La cifra de abusos recogidos, dijimos, superaba los mil casos, como cifra global, y estos nuevos casos, pues bueno, se sumarían a esos otros, puesto que no están juzgados y están en proceso de valoración», ha precisado, a preguntas de este diario, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán , en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE, que ha reunido esta semana en Madrid a todos los obispos de España. Los obispos siempre han sido reacios a dar cifras concretas sobre los casos de abusos, a pesar de haber encargado una auditoría sobre la cuestión al despacho Cremades & Calvo-Sotelo y de elaborar dos versiones de un informe propio, Para dar luz, que también aportaron a la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. «Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que era muy difícil llegar a un número exacto, pero que no íbamos a entrar en una guerra de números, sino que nos interesaba la sustancia del tema, que son las víctimas», ha explicado el portavoz. De esta forma, todavía no es posible conocer de forma precisa cuántas de esas denuncias han sido validadas; cuántas indemnizaciones, y con qué cuantía, se han pagado; y la cantidad de víctimas de abusos producidas en el seno de la Iglesia desde 1945, año hasta el que se han extendido las pesquisas. En principio, según el criterio establecido anteriormente, esas cifras se debían conocer a través del informe Para dar luz, al que definieron como un «documento vivo» que se debía actualizar constantemente. Sin embargo, según ha confirmado ahora García Magán, el informe «está cerrado» y sólo se actualizará de forma interna, sin hacer públicos los datos. De lo que sí aportaron números este viernes es sobre las actividades desarrolladas por las Oficinas en 2024, porque «hemos dicho que no queremos entrar en una guerra de cifras en el tema de las víctimas, pero lo otro es labor de prevención y formación», ha explicado García Magán. Así, ha revelado que la Iglesia católica formó en 2024 a un total de 225.000 personas, de las cuales 130.000 eran niños, niñas y adolescentes, algo más de la mitad. Según los datos que esta semana han conocido los obispos, también recibieron formación 43.000 profesores, 20.000 padres, 18.600 agentes de pastoral (catequistas, monitores de tiempo libre), 5.000 sacerdotes, 1.800 consagrados no sacerdotes y 800 seminaristas y consagrados en formación. García Magán también ha desvinculado el ofrecimiento que el lunes hacía el presidente de la CEE, Luis Argüello, para que el Defensor del Pueblo supervise el plan de prevención de abusos, de la subcomisión impulsada por PSOE y Sumar para que decida sobre las indemnizaciones. Según el portavoz, la propuesta de la Iglesia «es fruto de esa conversación que se está llevando a cabo con el Gobierno « y ha explicado que, antes de que los grupos políticos presentaran la iniciativa con la que pretenden dar respuesta a las víctimas de abuso, «ya estábamos trabajando en esa línea». «La posibilidad que se ha puesto encima de la mesa y que en principio ha sido acogida por el Gobierno, es lo que decía el presidente en su discurso inaugural, que la oficina del Defensor del Pueblo pudiera servir de cauce para ese diálogo, para ofrecer también una posibilidad, una instancia a la que pudieran recurrir esas personas que no pueden tener una reparación por vía judicial. Ahora, los extremos todavía de esa colaboración y el cómo, eso está todavía por definir. Estamos en proceso de negociación«, ha concretado.