La huelga indefinida en la Seguridad Social sigue y se convoca otra manifestación

La huelga indefinida convocada por los directivos territoriales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) continúa sin visos de solución, ante lo que los organizadores califican como una "actitud de pasotismo" por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, el colectivo ha convocado una concentración para el lunes frente a la sede del Ministerio, donde exigirán "con voz alta, clara y fuerte" una negociación.

"El colectivo en huelga sigue con la mano tendida a los responsables políticos del ministerio, para evitar el deterioro de esta situación y los perjuicios para familias y trabajadores", señala el comunicado. Las protestas, iniciadas para denunciar el colapso de la gestión de prestaciones sociales, mantiene un seguimiento superior al 90% en provincias como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias y Murcia.

Los convocantes acusan a la ministra Elma Saiz y al secretario de Estado de Seguridad Social de "indiferencia e irresponsabilidad", y aseguran que, pese a haber propuesto varias fechas para sentarse a hablar en las últimas semanas, no han recibido respuesta alguna. "No dan ningún paso hacia una negociación que pueda poner fin a este conflicto, asistiendo impasibles al deterioro continuo de la situación de la gestión de las prestaciones sociales", afirman en un comunicado.

Los directivos insisten en que la situación es insostenible y exige una reacción urgente por parte del Gobierno para tener un "dialogo inmediato" encaminado a revertir la situación "en un INSS anticuado y colapsado".

En concreto, denuncian más de 100.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital pendientes de resolver; 150.000 reclamaciones y revisiones paralizadas; más de 80.000 expedientes de incapacidad permanente en espera; o 130.000 bajas laborales de más de un año sin gestionar.

Además, destacan los más de 100.000 expedientes acumulados con retrasos superiores a los dos años, la mayoría por agravamiento de enfermedad o solicitudes de jubilación, así como un incremento exponencial de las quejas ciudadanas: 17.000 en el último año, seis veces más que hace dos.