La Fiscalía ya 'avisó' a la Casa de Alba: no gestionar la finca en persona no implica desconocer que había pozos ilegales

Los propietarios de una finca no son ajenos a lo que ocurre en ella, aunque no estén en el día a día de su gestión. Así que en el caso de los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en su hacienda Aljóbar, a tiro de piedra de Doñana, los Martínez de Irujo tampoco pueden argumentar este desconocimiento con la excusa de que no gestionaban personalmente las tierras. Así lo sostiene la Fiscalía, que ha pedido la imputación de tres miembros más de esta familia en el caso que investiga un juez por un presunto delito contra el medio ambiente por el daño provocado con estas extracciones sin permiso.

Por cierto, que sobre esta cuestión se ha pronunciado hasta el Gobierno central, que por medio de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado este viernes en un foro organizado por Radio Sevilla de la SER que el lustre de los apellidos no tendrá mayor incidencia en la investigación. “Estoy convencida de que la ley actuará con todo su peso, independientemente de quién sea propietario de la finca”, ha apuntado en este sentido.

Fue la propia Fiscalía de Medio Ambiente la que ya advirtió, en noviembre de 2023, que en esta investigación no cabe el argumento de la falta de desconocimiento. Eso fue después de solicitar en un principio la declaración como investigada de Eugenia Martínez de Irujo al ser presidenta de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona Aljóbar (en el municipio sevillano de Aznalcázar), aunque luego el ministerio público admitió la petición de la defensa para dejarla fuera del caso.

Conocimiento y beneficio

Para ello, su defensa expuso que la duquesa de Montoro no llevaba directamente la finca y que iba a aportar poco a la causa. En su lugar se imputó a su sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de la duquesa de Alba y que ya declaró ante el magistrado en febrero.

Eso sí, la fiscal apuntó en una comunicación al Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que instruye la causa que “nos encontramos ante una sociedad familiar y llegado el momento procesalmente oportuno podrán manifestar lo que a su derecho convenga en relación a su responsabilidad sobre lo acaecido”. Y a continuación lanzaba su advertencia: “El hecho de que no hayan gestionado directamente las labores que sobre la finca se llevaban a cabo, no implica que las desconocieran o que no se beneficiaran de las mismas”.

Por ello, el ministerio público solicita que se tome declaración como investigados a todos los miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria en el momento de denunciarse los hechos (mayo de 2023), que entonces estaba conformado por cuatro personas: Eugenia Martínez de Irujo como presidenta y su hermano Cayetano como secretario, además de su también hermano Fernando Martínez de Irujo y de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg (duque de Aliaga y sobrino de los tres anteriores) como consejeros.

El duque de Aliaga también alega desconocimiento

Fue por su calidad de presidenta por lo que Eugenia Martínez de Irujo fue la primera imputada en esta causa. La defensa de la empresa admitía que ostenta este cargo, pero apostilló en un recurso de reforma presentado en octubre de 2023 que “lo cierto es que la administración y gestión de la finca Aljóbar y su explotación agrícola fue encomendada por el consejo a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg”. Él es el representante de la sociedad, apostillaba.

De hecho, en septiembre de 2023 la Guardia Civil ya citó como investigado a Luis Martínez de Irujo, que se acogió a su derecho a no declarar no sin antes señalar que “niega los hechos que se le investigan”. Al no oponerse la Fiscalía, el instructor decidió tres meses después excluir a la marquesa de Montoro , lo que acabó con el duque de Aliaga ante el juez el pasado febrero.

“El total desconocimiento de Eugenia Martínez de Irujo sobre los hechos investigados haría improductiva su declaración en las presentes diligencias”, reiteraba la defensa. Curiosamente, cuando Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg prestó declaración sustentó también en el desconocimiento buena parte de sus argumentos, ya que expuso que básicamente vive en Madrid y que no sabe muy bien cómo es el día a día de la hacienda.

“Extracción sistemática e industrial”

Tal y como avanzó en su momento, ahora la Fiscalía de Medio Ambiente considera que ya ha llegado el momento de que se pronuncien todos los integrantes del consejo de administración, de ahí que haya pedido al juez su citación como investigados. En su escrito, defiende que “concurren indicios suficientes” de un delito contra el medio ambiente: se ha producido una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”.

Con todos estos elementos, y cuestionada por la petición de imputación a los tres hermanos del actual duque de Alba, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este viernes que “más allá de procesos judiciales y familias”, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo dependiente de su ministerio que concede los permisos de agua) está trabajando para “analizar el acuífero sobre el que se asienta la finca”. El objetivo es “ver los estándares medioambientales y ver si han tenido impacto posibles extracciones que hayan afectado a Doñana”.

“En todo caso, emitirán un informe que llegará a la Fiscalía y estoy convencida de que la ley actuará con todo su peso, independientemente de quién sea propietario de la finca”, ha añadido. Este estudio lo ha encargado el propio juez, para analizar cómo han afectado los pozos sin permiso en el acuífero del que bombean, además de detallar las masas de agua y ecosistemas “dependientes, relacionados o asociados” al mismo.

La cuestión de la conexión con Doñana

El objetivo es establecer su posible conexión con el cercano parque nacional, tal y como defiende la Guardia Civil, lo que llevó al magistrado a reflejar en un auto que estas instalaciones ilegales pueden tener un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna. El instituto armado apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante una década.

Por su parte, la defensa de la Casa de Alba ha encargado un contrainforme que postula que nunca se han sacado más recursos de los permitidos y en el que se llega a afirmar que estos bombeos ilegales le han venido bien al acuífero del que expolian agua. De paso, acusa a la Guardia Civil de “tergiversar datos” para imputarle un daño ambiental “inexistente”.