La Fiscalía de Algeciras formula una denuncia criminal por los rellenos en aguas españolas
La Fiscalía de Algeciras ha acordado efectuar denuncia criminal ante el Juzgado de Algeciras para que investigue los rellenos que Gibraltar está haciendo en aguas españolas, en la cara Este del Peñón, para un proyecto urbanístico. El Ministerio Público pasa sus conclusiones para abrir una investigación judicial sobre la posible comisión de un delitos contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia ha recaído en el juzgado de Instrucción 2 de La Línea de La Concepción (Cádiz). El Ministerio Público llega a estas conclusiones tras una denuncia que la organización conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción interpuso en octubre de 2024. Verdemar apuntaba entonces a que esa zona fue declarada en el 2012 Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental. Era un lugar de importancia comunitaria, dentro de la red natura 2000 de la UE. En esa zona, desde hace 30 años, según la organización, Gibraltar ha ganado unas diez hectáreas al mar. Dentro de las diligencias que la Fiscalía ha emprendido para investigar la denuncia de los ecologistas, y que ha remitido ahora al juzgado, se notifica la «imposibilidad» de realizar una evaluación de los daños producidos por esos rellenos. Según se concluye ha resultado «inviable» la realización de un seguimiento científico en la zona de ejecución del proyecto por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía. Esta institución no ha podido llevar a cabo la labor que se le encomendó desde la Fiscalía, como se recoge en los decretos a los que ha tenido acceso ABC, «debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar». Es decir, que le Gobierno de Peñón con su policía y su marina impidió que actuaran en la zona, pese a ser aguas españolas. La Fiscalía sí ha podido contar, por otra parte, con informes de la Guardia Civil. Los grupos del Seprona explican que los actuales rellenos suponen una destrucción de áreas marinas y alteración de las condiciones físico-químicas del agua y de los ecosistemas. Pese a todo, el pasado abril, la Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar concedió el permiso para la continuidad de la construcción del Proyecto de 'Eastside'. Un megaproyecto urbanístico para realizar varios rascacielos de viviendas, después de haber construido ya torres de viviendas. En 2021, el Gobierno de Gibraltar adjudicó a TNG Global Foundation este proyecto que, según informó entonces, preveía una inversión de 330 millones de libras para la zona donde se estaban llevando a cabo los rellenos en el mar. Esto eran al cambio casi 400 millones de euros. El proyecto contempla la edificación de dos muros de contención, el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles , 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, además de un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama. La empresa TNG Global Realty Limited , promotora e inversora del proyecto urbanístico 'Eastside', defendió el pasado mes de diciembre que la Unión Europea ha avalado la legalidad medioambiental de los trabajos.
La Fiscalía de Algeciras ha acordado efectuar denuncia criminal ante el Juzgado de Algeciras para que investigue los rellenos que Gibraltar está haciendo en aguas españolas, en la cara Este del Peñón, para un proyecto urbanístico. El Ministerio Público pasa sus conclusiones para abrir una investigación judicial sobre la posible comisión de un delitos contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia ha recaído en el juzgado de Instrucción 2 de La Línea de La Concepción (Cádiz). El Ministerio Público llega a estas conclusiones tras una denuncia que la organización conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción interpuso en octubre de 2024. Verdemar apuntaba entonces a que esa zona fue declarada en el 2012 Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental. Era un lugar de importancia comunitaria, dentro de la red natura 2000 de la UE. En esa zona, desde hace 30 años, según la organización, Gibraltar ha ganado unas diez hectáreas al mar. Dentro de las diligencias que la Fiscalía ha emprendido para investigar la denuncia de los ecologistas, y que ha remitido ahora al juzgado, se notifica la «imposibilidad» de realizar una evaluación de los daños producidos por esos rellenos. Según se concluye ha resultado «inviable» la realización de un seguimiento científico en la zona de ejecución del proyecto por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía. Esta institución no ha podido llevar a cabo la labor que se le encomendó desde la Fiscalía, como se recoge en los decretos a los que ha tenido acceso ABC, «debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar». Es decir, que le Gobierno de Peñón con su policía y su marina impidió que actuaran en la zona, pese a ser aguas españolas. La Fiscalía sí ha podido contar, por otra parte, con informes de la Guardia Civil. Los grupos del Seprona explican que los actuales rellenos suponen una destrucción de áreas marinas y alteración de las condiciones físico-químicas del agua y de los ecosistemas. Pese a todo, el pasado abril, la Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar concedió el permiso para la continuidad de la construcción del Proyecto de 'Eastside'. Un megaproyecto urbanístico para realizar varios rascacielos de viviendas, después de haber construido ya torres de viviendas. En 2021, el Gobierno de Gibraltar adjudicó a TNG Global Foundation este proyecto que, según informó entonces, preveía una inversión de 330 millones de libras para la zona donde se estaban llevando a cabo los rellenos en el mar. Esto eran al cambio casi 400 millones de euros. El proyecto contempla la edificación de dos muros de contención, el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles , 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, además de un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama. La empresa TNG Global Realty Limited , promotora e inversora del proyecto urbanístico 'Eastside', defendió el pasado mes de diciembre que la Unión Europea ha avalado la legalidad medioambiental de los trabajos.
