La Asociación Española contra el Cáncer considera «inadmisible» las barreras a medicamentos oncológicos en la sanidad privada
Las principales asociaciones de enfermos del cáncer apoyan las denuncias de oncólogos en ABC por las barreras que las aseguradoras sanitarias están ejerciendo a través de la empresa intermediaria Atrys-Bienzobas. Según estas denuncias, esta compañía actuaría como una «asesoría oncológica» poniendo trabas a tratamientos habituales en la sanidad pública. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que agrupa a los oncólogos españoles, ha corroborado este martes que « en ocasiones» no se están autorizando tratamientos contra el cáncer que cuentan con todas las autorizaciones sanitarias «aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad». E insisten en que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que trata al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora». La Asociación Española contra el Cáncer es contundente: «Si esta práctica se está llevando a cabo sería inadmisible , atentaría directamente contra el derecho a los pacientes a recibir el mejor tratamiento posible, vivan donde vivan». Recuerda la principal asociación de enfermos que «es responsabilidad del profesional sanitario proporcionar la mejor opción de tratamiento sin recibir presiones de ningún tipo». Y advierte de que en España dos leyes garantizan el tratamiento de los enfermos españoles: la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario y la Ley General de Sanidad. La primera, asegura que si un enfermo no puede recibir un tratamiento disponible en un centro deberá ser trasladado a otro centro para obtenerlo. Asimismo la Ley General de Sanidad obliga al paciente a recibir una información comprensible sobre el tipo de terapia que se le va a ofrecer. La Asociación Española contra el Cáncer llama también «a la acción» y reclama datos que permitan medir la equidad en el acceso de los enfermos a los tratamientos oncológicos. Por su parte, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha emitido también un comunicado en el que subraya que «el acceso a los tratamientos oncológicos no puede estar condicionado por criterios económicos». La presidenta de este colectivo, Begoña Barragán, se hace eco de las denuncias de «falta de transparencia en los procesos de autorización de fármacos» y de que «la decisión final no siempre está en manos del oncólogo que trata al paciente» realizadas este martes por la Sociedad Española de Oncología Médica. A partir de aquí, denuncia que los criterios utilizados en ocasiones «parecen estar guiados más por la rentabilidad que por la evidencia científica». «Esto es inadmisible. Los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado su tratamiento por decisiones ajenas a la medicina», denuncia. En esta línea, GEPAC reitera su «más absoluta preocupación» ante las prácticas que están denunciando los oncólogos y reclama la necesidad de tratar el cáncer como «una cuestión de Estado» con «un compromiso firme de todas las administraciones, aseguradoras y entidades sanitarias para garantizar que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, sin restricciones económicas ni trabas burocráticas». Entre las exigencias que plantea esta entidad, que se garantice la libertad prescripción de los oncólogos, «sin interferencias externas», y la «total transparencia en los procesos de autorización de tratamientos en la Sanidad privada», y se blinden «los derechos de los pacientes a acceder a los tratamientos aprobados por las agencias reguladoras y recomendados en las guías clínicas».
Las principales asociaciones de enfermos del cáncer apoyan las denuncias de oncólogos en ABC por las barreras que las aseguradoras sanitarias están ejerciendo a través de la empresa intermediaria Atrys-Bienzobas. Según estas denuncias, esta compañía actuaría como una «asesoría oncológica» poniendo trabas a tratamientos habituales en la sanidad pública. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que agrupa a los oncólogos españoles, ha corroborado este martes que « en ocasiones» no se están autorizando tratamientos contra el cáncer que cuentan con todas las autorizaciones sanitarias «aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad». E insisten en que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que trata al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora». La Asociación Española contra el Cáncer es contundente: «Si esta práctica se está llevando a cabo sería inadmisible , atentaría directamente contra el derecho a los pacientes a recibir el mejor tratamiento posible, vivan donde vivan». Recuerda la principal asociación de enfermos que «es responsabilidad del profesional sanitario proporcionar la mejor opción de tratamiento sin recibir presiones de ningún tipo». Y advierte de que en España dos leyes garantizan el tratamiento de los enfermos españoles: la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario y la Ley General de Sanidad. La primera, asegura que si un enfermo no puede recibir un tratamiento disponible en un centro deberá ser trasladado a otro centro para obtenerlo. Asimismo la Ley General de Sanidad obliga al paciente a recibir una información comprensible sobre el tipo de terapia que se le va a ofrecer. La Asociación Española contra el Cáncer llama también «a la acción» y reclama datos que permitan medir la equidad en el acceso de los enfermos a los tratamientos oncológicos. Por su parte, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha emitido también un comunicado en el que subraya que «el acceso a los tratamientos oncológicos no puede estar condicionado por criterios económicos». La presidenta de este colectivo, Begoña Barragán, se hace eco de las denuncias de «falta de transparencia en los procesos de autorización de fármacos» y de que «la decisión final no siempre está en manos del oncólogo que trata al paciente» realizadas este martes por la Sociedad Española de Oncología Médica. A partir de aquí, denuncia que los criterios utilizados en ocasiones «parecen estar guiados más por la rentabilidad que por la evidencia científica». «Esto es inadmisible. Los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado su tratamiento por decisiones ajenas a la medicina», denuncia. En esta línea, GEPAC reitera su «más absoluta preocupación» ante las prácticas que están denunciando los oncólogos y reclama la necesidad de tratar el cáncer como «una cuestión de Estado» con «un compromiso firme de todas las administraciones, aseguradoras y entidades sanitarias para garantizar que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, sin restricciones económicas ni trabas burocráticas». Entre las exigencias que plantea esta entidad, que se garantice la libertad prescripción de los oncólogos, «sin interferencias externas», y la «total transparencia en los procesos de autorización de tratamientos en la Sanidad privada», y se blinden «los derechos de los pacientes a acceder a los tratamientos aprobados por las agencias reguladoras y recomendados en las guías clínicas».
