El Gobierno inicia trámites para desmantelar la central nuclear de Almaraz en medio de las voces que piden prolongar su vida útil

El Gobierno hace oídos sordos a las cada vez más voces que piden alargar la vida útil de las centrales nucleares y, por el contrario, acaba de autorizar a la empresa estatal de residuos radioactivos (Enresa) a autorizar los trámites que deben dar con las obras para desmantelar los primeros reactores llamados a ser clausurados, los de Almaraz, que serán licitadas por 23,7 millones de euros.

El Consejo de Ministros dio este martes un paso más hacia el cumplimiento del calendario de cierre nuclear acordado en 2019 y que ahora las propias empresas propietarias ponen en cuestión autorizando a Enresa la contratación del servicio de "ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz". Se trata de un paso estipulado en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contempla el calendario escalonado de cierre de las centrales nucleares, entre 2027 y 2035 y empezando por la central de Almaraz, cuyo primer reactor está previsto que se clausure en noviembre de 2027 y el segundo, en octubre de 2028.

Según se explica en la referencia posterior a la reunión semanal del Gobierno, "Enresa está iniciando las labores previas al desmantelamiento" de Almaraz, entre las que se incluye "la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización correspondiente, y precisa de los servicios de ingeniería previstos en el contrato para cumplir el calendario establecido".

El Ministerio parala Transición Ecológica ha fijado el importe máximo del contrato para el desmantelamiento en 23,7 millones de euros, más IVA y abarca la elaboración de la documentación y herramientas de gestión del proyecto, la preparación de estudios iniciales e ingeniería de diseño, la preparación de especificaciones técnicas y proyectos de obra, y la elaboración de documentación para la autorización de desmantelamiento.

Voces en contra del cierre

La decisión del Gobierno de iniciar los trámites para el desmantelamiento de Almaraz contrastan con la campaña que desde hace meses despliega el sector nuclear, las propietarias de las centrales -Iberdrola, Endesa y Naturgy en el caso de la cacereña-, el PP y hasta organizaciones y personas cercanas al PSOE, como el sindicato UGT y el exministro Jordi Sevilla, en favor de que se replantee el calendario de cierre y las centrales puedan seguir operativas durante más años. Hay propuestas más modestas y posibilistas con respecto a la negativa del Gobierno que apuntan a tres años o la prórroga que se considera más adecuada, de 10 años.

Este sería el plazo que una de las propietarias de centrales nucleares en España, Iberdrola, considera el más adecuado y que previsiblemente planteará a las otras dos compañías con las que comparte la titularidad de Almaraz, Endesa y, en menor medida, Naturgy- en la reunión que ha pedido con ellas para analizar la posibilidad de hacer una petición formal de prórroga. Sería la primera propuesta firme a este respecto que recibiría el Ministerio para la Transición Ecológica, que de momento evita el debate alegando que no tiene ninguna petición concreta por parte de las propietarias.

Por otra parte, el Congreso deberá decidir próximamente si tramita una proposición de ley registrada por el PP, al calor de la proposición no de ley, no vinculante, que consiguió aprobar en febrero, que solicita también una prórroga de 10 años.