El Gobierno de Trump demoniza a las familias migrantes con una engañosa directiva sobre la asistencia alimentaria

La Administración Trump está usando los programas contra el hambre para atacar a los migrantes en Estados Unidos, entre ellos el extendido programa de asistencia alimentaria y el de almuerzo escolar, con el efecto posible de que un gran número de familias, y en especial de niños, se queden sin el complemento nutricional al que tienen derecho.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, envió hace poco la siguiente circular a las autoridades del Servicio de Alimentación y Nutrición (el FNS, por sus siglas en inglés): “Es esencial utilizar todas las leyes disponibles para poner fin a cualquier tipo de incentivo que pueda haber en los programas de asistencia del FNS que fomente la inmigración ilegal”. En un comunicado de prensa adjunto, escribió: “Se han terminado los días en que el dinero de los contribuyentes se utilizaba para subvencionar la inmigración ilegal”.

La directiva de Rollins no altera el acceso a estos programas. Pero muchos activistas, investigadores y proveedores de servicios creen que contribuye a la propagación de informaciones falsas sobre los migrantes sin permiso de residencia. El peligro es que renuncien a programas nutricionales a los que tienen derecho, como ya ocurrió durante la primera Administración Trump.

Según Juan Carlos Gómez, analista principal del Center for Law and Social Policy, una ONG que defiende políticas de apoyo a personas con pocos recursos, la circular de Rollins es “una pose para tratar de hacer daño a las comunidades”. Utilizado por más de 42 millones de personas, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) lleva fuera del alcance de los inmigrantes indocumentados desde mucho antes del primer mandato de Trump. De hecho, hasta quienes tienen permiso para residir en EEUU tienen que esperar cinco años antes de solicitarlo.

“Esa píldora de desinformación de la secretaria”, dice Gómez, es una semilla que seguirá creciendo hasta que la gente empiece a “pensar que los inmigrantes sin permiso de residencia reciben unas ayudas que en verdad no reciben”.

Otros programas del FNS no requieren tener la ciudadanía. Entre ellos, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que ofrece comidas gratuitas o de muy bajo coste a unos 30 millones de estudiantes; y el Programa de Asistencia Nutricional de Emergencia, que complementa la dieta de familias de bajos ingresos entregándoles, a través de bancos de alimentos, comida gratuita financiada por el Departamento de Agricultura.

Según la profesora Emily Loveland, que investiga sobre programas de asistencia social como el SNAP en la Universidad Estatal de California en San Bernardino, “la sensación es que han puesto a las familias de migrantes en el punto de mira para quitarles la comida del plato”.

Ya no era fácil acceder al SNAP, que cuesta una media de seis dólares (5,5 euros) por persona y día. Tiene reglas complejas para determinar quién puede ser beneficiario, y los solicitantes deben presentar una verificación y someterse a una entrevista antes de recibir la asistencia alimentaria.

Tanto los legisladores del Partido Demócrata como los del Republicano habían recortado o alterado el SNAP en ocasiones anteriores. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes quieren ahora mutilarlo con una fórmula que reequilibra el presupuesto para compensar la prórroga de la ley fiscal de 2017 que rebaja la carga impositiva a los muy ricos.

Según Lily Roberts, directora gerente de crecimiento inclusivo en el Center for American Progress, próximo a los demócratas, la circular de Rollins “forma parte de una larga historia de demonización de las personas [inscritas] en programas de asistencia social”. “En última instancia, forma parte de un plan para deshacerse de los programas de asistencia, ya sea a través de la acción administrativa, de la actuación ilegal del DOGE [el departamento de eficiencia gubernamental dirigido por Elon Musk] o del plan de reequilibrio del presupuesto presentado en el Congreso para recortar el SNAP y el Medicaid a cambio de bajarle los impuestos a los ricos”, explica.

Si el objetivo es cambiar las condiciones de acceso al SNAP, la Administración Trump solo puede lograrlo con un cambio legislativo. Una orden ejecutiva o una directiva no son suficientes. Aun así, basta la amenaza de un posible cambio de política para que sus efectos amedrentadores repercutan directamente sobre la salud de las familias migrantes.

En 2016 hubo “disminuciones grandes y relevantes” en el número de familias migrantes que recibían asistencia alimentaria y nutricional a través del SNAP, del Programa de Desayunos Escolares y del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Según un estudio, esa reducción se debió a una propuesta de cambio en la regla de la “carga pública”, que determina si las personas migrantes que buscan obtener la residencia van a representar una carga para el gobierno y a depender de su asistencia.

La retórica persecutoria condiciona a las familias

“En la primera Administración Trump aprendimos que la retórica afecta mucho al comportamiento real de la gente”, dice la profesora de economía Chloe East, que investiga las políticas de inmigración y los programas de redes de asistencia y seguridad social en la Universidad de Colorado en Denver. “Incluso los hogares en los que los niños tienen nacionalidad estadounidense serán menos propensos a acudir al SNAP por el temor de los padres a que eso afecte su estatus migratorio o provoque su deportación”, añade.

Un 25% de todos los niños estadounidenses tienen al menos un padre inmigrante. Alrededor de 4,4 millones viven con un padre sin permiso de residencia.

Durante los tres años iniciales de la primera Administración Trump, la participación en el SNAP, en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y en el Medicaid (de atención sanitaria) cayó el doble de rápido entre las personas sin nacionalidad estadounidense, según una investigación que el Migration Policy Institute llevó a cabo con los datos de la Oficina del Censo. La participación total en el SNAP se redujo un 37% en este periodo.

Las polémicas modificaciones de la regla de la carga pública entraron en vigor en 2020, lo que dificultó que los migrantes obtuvieran tarjetas de residencia o visados temporales si recibían alguna asistencia de programas federales condicionados a los ingresos, como el SNAP. El miedo y la confusión que provocó todo aquel proceso llevó a que hubiera refugiados y niños nacidos en Estados Unidos, legalmente exentos de la regla de la carga pública, que no se beneficiasen de una asistencia alimentaria que necesitaban por temor a que les negaran el permiso de residencia a ellos o sus familiares. La regla de la carga pública de Trump fue anulada en varios tribunales y terminó siendo retirada por el Gobierno de Joe Biden.

Con este precedente, Juan Carlos Gómez y otras personas que trabajan por los derechos de los migrantes esperan un efecto similar tras la circular enviada por la secretaria de Agricultura, publicada el 25 de febrero junto a otras medidas de la Administración Trump contra el colectivo.

“Estas directivas y órdenes ejecutivas siembran confusión entre proveedores de servicios que ya tienen que lidiar con una larga lista para saber quién tiene derecho a qué”, critica Gómez. “A pesar de que, en puridad, una orden ejecutiva o la carta de una secretaria no cambie la ley, el efecto que vamos a ver en todas las comunidades de migrantes es esta confusión sobre quién tiene o no derecho a la asistencia”, vaticina.

Chloe East se imaginaba que la nueva Administración volvería a entorpecer el derecho de los migrantes a recibir asistencia o a acceder al SNAP con cambios en los requisitos laborales o con algún tipo de regla de la carga pública. “Lo que no esperaba eran las actuales propuestas de equilibrio presupuestario, que verdaderamente pueden vaciar el programa”, admite. “Están utilizando todas las herramientas no legislativas a su alcance para reducir el acceso al SNAP, pero lo que pueda suceder legislativamente es muy difícil de predecir”, reconoce.

Emily Loveland cree que el Departamento de Agricultura puede tratar de cambiar los requisitos para acceder a los programas de asistencia nutricional que no requieren la nacionalidad estadounidense, como los programas de alimentación escolar o el TEFAP. En última instancia, eso podría impedir el acceso de los que carecen de permiso de residencia, que entonces tendrían que depender de programas privados de donación de alimentos ya al límite, o caer en una situación de inseguridad alimentaria. Si se restringiera el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, los estudiantes sin papeles perderían las comidas escolares a precio reducido o gratuitas.

“Aunque los planes de la Administración [...] estén poco definidos ahora mismo, me preocupa que solo el anuncio de que van a ir contra estos programas haga que las familias con migrantes se asusten, como sucedió en 2019 con el SNAP y la regla de la carga pública”, señala Loveland, que avisa: “Sus intereses están girando al ataque ideológico contra los migrantes, que ni siquiera se basa en hechos o en realidades”.

Traducción de Francisco de Zárate