El aumento de gasto militar aleja aún más unos Presupuestos que ya estaban prácticamente descartados

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, más allá de algunas conversaciones y contactos, nunca ha llegado a abordarse con intención férrea de no levantarse de la mesa hasta que no hubiera un acuerdo, ni en el seno del Gobierno —entre PSOE y Sumar— ni, mucho menos, con los socios parlamentarios. Pero el último desencuentro tanto dentro de la coalición como con los aliados del Ejecutivo a raíz del rearme anunciado por el presidente Pedro Sánchez puede haber terminado de dar el golpe de gracia a unas cuentas cuya aprobación, con el paso de los meses, se han ido alejando cada vez más.

La Moncloa ha evitado cuidadosamente asumir el que sería su segundo fracaso consecutivo a la hora de aprobar un Presupuesto, aunque lo cierto es que nadie parece ya contar con sacar adelante unas cuentas que, incluso si se presentaran ahora mismo, tendrían una vigencia de menos de medio año, puesto que tendrían que afrontar una tramitación parlamentaria de en torno a tres meses. De hecho, el ala socialista del Gobierno ya ha tenido algún desliz en el que ha confesado que ve prácticamente imposible tener Presupuestos: a finales de marzo, por ejemplo, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró que presentar un proyecto que no fuera a recibir apoyo en el Congreso sería "una pérdida de tiempo", pese a que el Ejecutivo está obligado por la Constitución a hacerlo.

Alegría tuvo que desdecirse de esas palabras poco después de pronunciarlas y, hace unos días, el propio presidente Sánchez aseguraba que "el Gobierno de España está comprometido con la presentación de los Presupuestos" y prometía "trabajar discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlos". Pero lo cierto es que, desde hace ya meses, nada se ha movido, y ni los socios parlamentarios ni tampoco algunas fuentes gubernamentales consultadas en las últimas fechas confían en que eso vaya a cambiar.

El problema no es solo de calendario, ni tampoco de que la relación con Junts haya pasado en los últimos meses por varios sobresaltos serios, aunque ahora se encuentre en un momento de mayor estabilidad. Esos obstáculos siguen dificultando una negociación, pero en las últimas semanas se ha añadido otro más: el brusco viraje en política de defensa del Gobierno, que le ha enfrentado con sus socios de izquierdas en el Congreso (ERC, EH Bildu, Podemos y BNG) y que, incluso, le ha generado serias tensiones en su seno, con IU amenazando con romper por la compra de munición a Israel por valor de seis millones de euros.

La polémica desatada por ese contrato de adquisición de material militar ha obligado a la Moncloa a dar marcha atrás y cancelar el acuerdo, pero lo cierto es que los recelos en el Ejecutivo continúan. Y presentar unos Presupuestos Generales del Estado supondría que, con toda seguridad, se reavivaran, puesto que esas cuentas deberían incluir el brusco aumento de 10.000 millones en el presupuesto de defensa para alcanzar el equivalente al 2% del PIB en gasto militar, que Sumar rechaza (algunas de sus corrientes con más intensidad que otras).

De hecho, para evitarse estos problemas, Sánchez ha maniobrado para evitar que su plan de rearme tenga que pasar por el Congreso. A través de varios vericuetos contables, el Ministerio de Hacienda ha logrado reunir 10.000 millones de euros de partidas ya consignadas en los Presupuestos en vigor (los de 2023), lo cual le permitirá no tener que recibir la autorización de la Cámara Baja. El presidente no solo quiere evitarse el desgaste que supondría un debate parlamentario sobre su plan: de llevarlo al Congreso, muy probablemente solo podría sacarlo adelante con el PP, que o bien podría derribarlo, lo cual sería un durísimo golpe para el Gobierno, o bien podría aprobarlo, lo cual alejaría al Ejecutivo aún más de sus aliados de izquierdas.

El problema para Sánchez es que este escenario endiablado no parece tener fecha de caducidad. La Constitución establece que Hacienda debe presentar el proyecto de cuentas para 2026 antes del 1 de octubre de este año. Y, si lo hiciera, dicho texto debería recoger todo el incremento de la inversión en defensa que el Gobierno ha anunciado ya para este año, si no más, puesto que la OTAN está barajando exigir a los Estados miembros un gasto militar equivalente al 3% de su PIB, y no al 2%, como hasta ahora. Ese escenario es inasumible para IU, ERC, EH Bildu, Podemos o BNG. Y, por tanto, el futuro presupuestario para el Ejecutivo pinta igual de negro que el presente.