Duro Felguera solicita prorrogar su concurso de acreedores tras el fiasco de la negociación con la SEPI
La asturiana Duro Felguera quiere más tiempo para resolver su crítica situación financiera y evitar la disolución. Esta mañana, el mismo día que expira el plazo para la primera fase del preconcurso de acreedores al que se acogió el pasado mes de diciembre, el grupo ha solicitado al juzgado competente -el de lo Mercantil nº 3 de Gijón- una extensión de tres meses de ese concurso. La petición llega tras el fracaso de las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que esta convirtiera en acciones los 120 millones de euros que la empresa recibió de parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas en plena pandemia. Según se lee en el comunicado remitido a la CNMV, la solicitud cuenta con el apoyo del 96,5% de los acreedores que pueden resultar afectados por la reestructuración y viene acompañada de una declaración responsable. Conseguir la intervención estatal es la opción preferida por parte de la compañía -con la propuesta de escindir el grupo en dos sociedades, una división de servicios y otra de contratos completos de construcción, como ya explicó ABC -, después de que los inversores mexicanos Grupo Prodi y Mota-Engil, que actualmente poseen el 54,66% de la empresa, hayan dejado claro que no van a invertir más. Precisamente, la entrada de estos dos inversores fue una de las condiciones impuestas por la SEPI para desbloquear el rescate. Sin embargo, los malos resultados presentados en el primer semestre de 2024, que arrojaron unas pérdidas de 26,3 millones de euros , dejaron claro el fracaso de la operación arrancada en 2021. Unas semanas antes de la presentación de esos resultados, la cúpula del grupo sufrió una reestructuración con las salidas de su director económico financiero, Raúl Sánchez, y su consejero delegado, Jaime Argüelles. El detonante para la presentación de ese preconcurso el pasado 11 de diciembre fue una solicitud de arbitraje interpuesta por la argelina Sonelgaz unos días ante la Cámara de Comercio e Industria de ese país. Exactamente, la compañía argelina pide a la asturiana 413 millones de euros por la suspensión del contrato que tenían firmado para la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa (Argelia), además de la reactivación de los trabajos.
La asturiana Duro Felguera quiere más tiempo para resolver su crítica situación financiera y evitar la disolución. Esta mañana, el mismo día que expira el plazo para la primera fase del preconcurso de acreedores al que se acogió el pasado mes de diciembre, el grupo ha solicitado al juzgado competente -el de lo Mercantil nº 3 de Gijón- una extensión de tres meses de ese concurso. La petición llega tras el fracaso de las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que esta convirtiera en acciones los 120 millones de euros que la empresa recibió de parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas en plena pandemia. Según se lee en el comunicado remitido a la CNMV, la solicitud cuenta con el apoyo del 96,5% de los acreedores que pueden resultar afectados por la reestructuración y viene acompañada de una declaración responsable. Conseguir la intervención estatal es la opción preferida por parte de la compañía -con la propuesta de escindir el grupo en dos sociedades, una división de servicios y otra de contratos completos de construcción, como ya explicó ABC -, después de que los inversores mexicanos Grupo Prodi y Mota-Engil, que actualmente poseen el 54,66% de la empresa, hayan dejado claro que no van a invertir más. Precisamente, la entrada de estos dos inversores fue una de las condiciones impuestas por la SEPI para desbloquear el rescate. Sin embargo, los malos resultados presentados en el primer semestre de 2024, que arrojaron unas pérdidas de 26,3 millones de euros , dejaron claro el fracaso de la operación arrancada en 2021. Unas semanas antes de la presentación de esos resultados, la cúpula del grupo sufrió una reestructuración con las salidas de su director económico financiero, Raúl Sánchez, y su consejero delegado, Jaime Argüelles. El detonante para la presentación de ese preconcurso el pasado 11 de diciembre fue una solicitud de arbitraje interpuesta por la argelina Sonelgaz unos días ante la Cámara de Comercio e Industria de ese país. Exactamente, la compañía argelina pide a la asturiana 413 millones de euros por la suspensión del contrato que tenían firmado para la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa (Argelia), además de la reactivación de los trabajos.
