De la educación infantil a la universidad, todo el mundo tiene un motivo para hacer huelga contra Ayuso

Las maestras de Infantil por las ratios; las de Primaria y Secundaria quieren además menos horas lectivas; en la Formación Profesional faltan plazas públicas; las universidades necesitan dinero, y no poco: que los techos dejen de caerse a pedazos puede ser un principio. Todo el mundo tiene un motivo para ir a la huelga este lunes en la Comunidad de Madrid. Y en Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial, también el martes.

Todos los motivos se articulan en torno a los recursos en el sistema público, sean materiales o no. Los recortes que empezaron tras la crisis de las hipotecas de 2008 y que se concretaron en 2012 con el ínclito decreto 14/2012 que firmó el exministro José Ignacio Wert no han sido revertidos del todo, y de aquellos barros, estos lodos más de una década después. El Gobierno regional no corrige las disfunciones que creó en su momento y ahonda en ellas, piensan en la plataforma de docentes Menos Lectivas junto a los sindicatos minoritarios como CGT, CNT o STES y asociaciones como el Sindicato de Estudiantes, el Frente de Estudiantes, y todas las plataformas en defensa de la universidad pública de la Complutense, la Autónoma, la Carlos III y la de Alcalá.

Pero pese a la unidad de estos colectivos y a que los convocantes califiquen de “histórica” la huelga por una transversalidad que hace décadas no se veía, el paro llega cojo en cierta medida por la falta de apoyo de los cuatro sindicatos principales de la región (al menos los que están en la mesa de negociación: CCOO, CSIF, ANPE y UGT), que no figuran entre las asociaciones que llaman a la protesta. CCOO sí se une a la convocatoria en la Universidad.

“Aunque las circunstancias de cada etapa son diversas, todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vistas del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza”, se lee en el manifiesto que han acordado los convocantes.

No es el único motivo que impulsa la convocatoria del paro. “Otro objetivo de estas jornadas de lucha es que la sociedad en su conjunto sea consciente del maltrato y desmantelamiento de la educación pública madrileña y se involucre en su defensa, apoyando la manifestación”, añade el texto, un argumento que destacaban algunas de las personas que están protagonizando las protestas en la universidad, que de alguna manera han cogido el liderazgo reivindicativo en las últimas semanas con marchas y encierros en varios campus.

Madrid es la región de España que peor financia su educación pese a ser la más rica. Según CCOO, la Comunidad invierte el 2,1% del PIB en el sector frente a una media nacional del 3,6%. Pero (casi) un porcentaje sacó a nadie a la calle. Si lo hace tener a 18 niños de tres años para ti sola en clase, a 35 adolescentes, pasarte media jornada laboral rellenando papeles o informes, no tener la posibilidad de ascender en la universidad porque no se convocan plazas o estar entre los docentes peor pagados del país pese a vivir en una de las comunidades más caras.

“Los recortes son inaguantables”

La marea verde que siguió a los recortes instaurados por Wert a principios de la década pasada dejó cierta sensación de agotamiento entre la comunidad educativa, que se vació llenando las calles para (en Madrid) no conseguir gran cosa. Tras esos años hubo otro puñado de ellos de calma tensa y poca movilización. Hasta los últimos dos ejercicios, en los que el espíritu reivindicativo ha vuelto a los centros y a las plazas.

El pasado mes de febrero hubo una buena muestra con una manifestación –sin huelga, un domingo– a la que estaba llamada toda la comunidad educativa madrileña por primera vez en años. Unas 100.000 personas, según los convocantes, salieron a la calle a decirle a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya está bien de recortes, que son “inaguantables”.

Antes de eso, la presidenta Ayuso había conseguido lo que puede considerarse un hito histórico: puso de acuerdo a los siete principales sindicatos de la Comunidad de Madrid, ideológicamente tan dispares como el conservador ANPE o el anarcosindicalista CGT –que crece sobre todo en los centros universitarios en los últimos tiempos, cuentan fuentes que conocen los campus–, que convocaron una huelga conjunta.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones se le acumulan a la comunidad educativa. Las hay comunes a todas las etapas –más financiación, menos alumnos por clase– y las hay particulares de cada una de ellas. En las escuelas infantiles que cubren el 0-3 años, PLEI (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles) pide una bajada de ratios, que con 8 niños por clase en el primer curso (0-1 años), 14 en el segundo (1-2) y 20 en el tercero (2-3) superan las recomendadas por la UE (que están en 4, 6 y 8, respectivamente), explican desde Menos Lectivas. También quieren estas maestras que su jornada laboral incluya más horas no lectivas (sin dar clase) de manera que puedan realizar todo el trabajo (pedagógico, pero también administrativo) que necesitan.

Sus compañeras de Primaria quieren menos horas de clase semanales. Como las ratios, las horas lectivas subieron con el ministro Wert, aunque después la mayoría de las comunidades autónomas las fueron rebajando paulatinamente cuando pudieron. No lo hizo Madrid, entre otras pocas, que se mantiene en 25 horas semanales para Primaria y 20 en Secundaria. La exigencia es rebajar esas cifras a las más habituales 23 y 18. Los cuatro sindicatos principales acaban de firmar un acuerdo con el Gobierno regional para hacer una rebaja gradual a 19 en Secundaria, aunque en Primaria se quedan como están.

Menos Lectivas ha criticado el acuerdo, que dice “no avanza nada” y ofrece “cambios menores”. La plataforma de docentes de base ha realizado una encuesta entre 10.335 docentes (el 20% del total de la Comunidad de Madrid), de los que el 92,7% se ha manifestado en contra del acuerdo.

Tanto en Primaria como en Secundaria los convocantes subrayan la necesidad de bajar las ratios también, actualmente fijadas en 25 estudiantes por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, cifras susceptibles de subir un 10% si es necesario. “Nuestro alumnado no cabe en las aulas, son demasiados para poder atender de forma mínimamente individualizada sus necesidades, que son muchas”, explicaba Almudena, profesora de Filosofía y miembro de Menos Lectivas.

También la Formación Profesional tiene sus reivindicaciones. En las más básicas son simples: poder cursarla. Que haya plazas públicas y que estas tengan garantizadas las prácticas que estos estudios exigen para obtener el título, cosa que actualmente no sucede. La FP privada está disparada en Madrid desde hace años, con crecimientos que rozan el 1000% en los últimos años en la etapa superior, y encontrar un hueco en la pública en según qué disciplinas es prácticamente imposible por alta que sea la nota que se tenga.

Todos ellos exigen además que se reduzca la burocracia a la que tienen que hacer frente casi a diario. Esta petición no es exclusiva de la Comunidad de Madrid y tampoco es nueva. El profesorado y, sobre todo, las direcciones de los centros llevan años denunciando que cada ley que llega incorpora más trabajo burocrático a una profesión ya cargada.

“Hay muchos órganos de coordinación y de cada reunión de todos esos organismos hay que hacer un acta. Los tutores tienen que reunirse con entre 25 o 30 familias a lo largo del curso, varias veces con algunas, y rellenar un acta de cada cita. Hay que hacer una programación al principio, documentos de seguimiento de esa programación durante el curso y al final una memoria. Esto es el trabajo ordinario. Cuando un niño tiene una dificultad (autismo, con dislexia, déficit de atención, con conductas autolíticas, con un problema de salud que le impida de alguna manera asistir a clase o venir al curso, con un problema de absentismo, con un problema en casa) hay que hacer un protocolo para abordarla con la manera en la que se va a seguir. Las situaciones particulares de los alumnos, al final, llevan mucho trabajo”, explicaba el profesor Guillermo. Y no llegó siquiera a mencionar las evaluaciones ordinarias, cuando los docentes tienen que rellenar excels interminables llenos de ítems para cada estudiante.

Por último, la universidad necesita más financiación como las personas necesitan aire para vivir. Tras años de perfil bajo ante la infrafinanciación flagrante –dicen sus responsables–, en los últimos meses los rectores han cambiado de estrategia para elevar la voz y contarle a quien quiera escuchar que las universidades se desangran. Que en los últimos 15 años el Gobierno regional ha aumentado la financiación un 6% cuando la vida ha subido un 34%, tienen menos dinero en términos reales, los fondos públicos no les permiten cubrir las nóminas y apenas les da para abrir las puertas cada día. El futuro tampoco pinta mejor, advierten: el borrador de la ley de universidades que ha elaborado la Comunidad de Madrid ahonda en la privatización de los campus y establece que el Gobierno regional solo aportará un máximo del 70% de los presupuestos universitarios.

Todos ellos, cada uno por sus motivos y con la defensa de la educación pública como meta común, se verán las caras el lunes en una, esperan, gran manifestación de la tarde. Una marcha que es parte del camino, no el final, advierten. Las protestas van a seguir.