Cuatro años después del apagón: así es la vida sin luz permanente en la Cañada Real

España ha estado entre seis y doce horas sin luz en un apagón sin precedentes, pero en el asentamiento de la Cañada Real, en Madrid, cerca de 4.500 personas —entre ellas, 1.800 menores de edad— viven sin ella desde hace algo más de cuatro años. En octubre de 2020, Naturgy cortó el suministro eléctrico, iniciando así un apagón en la Cañada Real que llevó al Consejo de Europa a declarar que España vulnera al menos siete derechos de la Carta Social Europea. 

• Naturgy justificó la decisión en su momento alegando que en el poblado se estaban haciendo enganches a la luz para el cultivo de marihuana, como expone este informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de familias son ajenas a estas prácticas. El propio Defensor del Pueblo pidió a finales de 2020 el restablecimiento urgente del suministro eléctrico.

Consecuencias de un día sin luz frente a las consecuencias de un apagón de cuatro años

La vida sin luz en España este lunes ha afectado a la actividad de comercios,  a las comunicaciones móviles, al funcionamiento de carreteras, trenes, aeropuerto y centros sanitarios. A nivel general, ese aluvión de problemas suponía evacuaciones en ascensores, semáforos fuera de servicio, hospitales funcionando a medio gas y colas extensísimas en el transporte para poder regresar a casa.

Las consecuencias del apagón en la Cañada Real durante cuatro años y medio son bien diferentes. Según la investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, han supuesto un “aumento de las afecciones y las intervenciones médicas por intoxicaciones respiratorias debido al uso de estufas de gas, y por la humedad y el frío dentro de las casas”. “Además, numerosos bebés han tenido que ser ingresados con síntomas de congelación e hipotermia, y una gran cantidad de niños y niñas han sufrido heridas severas y sabañones producidos por el frío. También, se han producido varios casos de quemaduras por el uso de estufas, y de otro tipo de lesiones debidos a la falta de luz”. 

Carmen del Moral, de Save the Children, define el apagón de la Cañada Real como “una crisis de los derechos de la infancia”: “Ya de por sí son menores en situación de vulnerabilidad y de desventaja respecto a otros niños. La falta de luz agrava esta desigualdad: no puede cargar dispositivos ni seguir clases online; la higiene tampoco es la misma si no tienes agua caliente, por lo que muchos son estigmatizados en sus centros educativos”.

En esta línea se pronunciaba también el Defensor del Pueblo en su informe de 2020 cuando ya por entonces señalaba que “la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar”. Así lo reconocían también los propios menores de edad, según recogía el informe de la Carlos III: “Denuncian la imposibilidad de seguir las clases online o el ritmo de clase, repercutiendo negativamente en sus notas e incluso pudiendo provocar que en algunas niñas y niños lleguen a repetir de curso”. 

Si ayer en los hogares españoles hubo que prescindir de vitrocerámicas, hornos y microondas y alimentarse como buenamente se pudo, en la Cañada Real esta es la tónica habitual. Por eso el informe de la Carlos III expone que los adolescentes de la Cañada Real denuncian “no poder llevar una alimentación correcta” debido a la ausencia de luz. 

El fallo del Consejo de Europa sobre el apagón de la Cañada Real

El apagón de la Cañada Real ha supuesto que esas 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, han vivido ya cinco inviernos sin luz, a temperaturas extremas y sin posibilidad de acondicionar sus viviendas. 

Por eso, la situación llegaba al Consejo de Europa, que en febrero de este año emitía una resolución señalando que España incumple varios derechos fundamentales de la Carta Social Europea: a una vivienda digna, a tener protección social, económica, sanitaria y jurídica, a la protección contra la pobreza y a la integración social, entre otros. Además, reconoce que los menores están enfrentando condiciones extremas que empeorarían su salud y desarrollo.

Ignacio Campoy, portavoz de la plataforma cívica Luz Ya, considera “gravísimo” que la sociedad “haya aceptado que esto puede suceder, que miles de niños pueden vivir más de cuatro años en estas condiciones”. “Sencillamente es desesperante. ¿Cuántos informes más se necesitan y cuántos organismos más han de pronunciarse para que se haga algo?”, añade. 

Campoy hace referencia no solo a los pronunciamientos del Defensor del Pueblo y del Consejo de Europa, sino también a los de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 2020, los relatores especiales advirtieron de que se estaba “poniendo en peligro la vida de niños y niñas”, teniendo en cuenta que el apagón en la Cañada Real tuvo lugar en plena pandemia del covid. En 2021, el relator especial Olivier De Schutter enviaba una carta al Gobierno de Pedro Sánchez señalando que España debía “cumplir con las obligaciones de España en materia de derecho internacional”. El propio De Schutter se pronunció en su cuenta de X (entonces Twitter), señalando que “lo verdaderamente irresponsable es dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno”.