Cospedal podría acabar ante la Fiscalía por "falso testimonio" en la comisión de la Operación Cataluña del Congreso

"Yo no puedo acordarme de una conversación", "yo no sé quién ha custodiado esas grabaciones" o "no tengo por qué darle credibilidad" fueron las tres justificaciones que encontró María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular (PP) durante una década y ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, para negar los audios filtrados en los que dialoga con el excomisario Villarejo y que podrían implicarla en la Operación Cataluña. Las declaraciones de otras figuras bajo sospecha, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tampoco dejaron satisfechos a los parlamentarios. La que fuera mano derecha de Rajoy podría haber mentido desde la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso de los Diputados para esclarecer la trama de espionaje y construcción de relatos falsos para perjudicar al movimiento independentista, actuación que podría constituir un delito. "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses", establece la ley del Código Penal, en el apartado 3 de su artículo 502. Asimismo, la propia normativa de las Comisiones Parlamentarias contempla en el apartado 2 de su artículo 3 que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal". Es decir, la mayoría de la Comisión podría decidir llevar ante la Fiscalía a Cospedal si entendiese que ha mentido en su comparecencia y, en consecuencia, ha incurrido en un delito. La mayoría de la Cámara Baja, que se traslada a la Comisión, está contra los intereses del Partido Popular (PP) y tiene claro que Cospedal mintió en su participación. En consecuencia, según El País, este grupo de formaciones estaría más cerca de llevar la declaración exnúmero dos de los conservadores ante la Presidencia del Congreso, para su posterior traslado a la Fiscalía. La decisión se tomará el próximo lunes 14 de abril, momento en el que la Mesa de la Comisión volverá a verse las caras y comparecerá Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta de Rajoy, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Esquerra Republicana (ERC) y Junts creen que no sólo Cospedal, sino también Rajoy, Fernández Díaz y la expresidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, mintieron a la comisión y, por eso, pidieron la semana pasada que todas sus declaraciones fuesen remitidas al Ministerio Fiscal. Para estas formaciones, los audios difundidos en los últimos días chocan con el argumento esgrimido por todos ellos, que coincidieron en tachar de "ficción" las supuestas actividades de la policía patriótica para desacreditar a líderes independentistas o espiar a Bárcenas. Ante la "evidente contradicción" entre esas grabaciones y las declaraciones de los comparecientes, quieren que la comisión de investigación remita al Ministerio Fiscal los "indicios de criminalidad" que aprecian y apuntan expresamente...

Abr 1, 2025 - 09:11
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Cospedal podría acabar ante la Fiscalía por "falso testimonio" en la comisión de la Operación Cataluña del Congreso
"Yo no puedo acordarme de una conversación", "yo no sé quién ha custodiado esas grabaciones" o "no tengo por qué darle credibilidad" fueron las tres justificaciones que encontró María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular (PP) durante una década y ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, para negar los audios filtrados en los que dialoga con el excomisario Villarejo y que podrían implicarla en la Operación Cataluña. Las declaraciones de otras figuras bajo sospecha, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tampoco dejaron satisfechos a los parlamentarios. La que fuera mano derecha de Rajoy podría haber mentido desde la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso de los Diputados para esclarecer la trama de espionaje y construcción de relatos falsos para perjudicar al movimiento independentista, actuación que podría constituir un delito. "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses", establece la ley del Código Penal, en el apartado 3 de su artículo 502. Asimismo, la propia normativa de las Comisiones Parlamentarias contempla en el apartado 2 de su artículo 3 que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal". Es decir, la mayoría de la Comisión podría decidir llevar ante la Fiscalía a Cospedal si entendiese que ha mentido en su comparecencia y, en consecuencia, ha incurrido en un delito. La mayoría de la Cámara Baja, que se traslada a la Comisión, está contra los intereses del Partido Popular (PP) y tiene claro que Cospedal mintió en su participación. En consecuencia, según El País, este grupo de formaciones estaría más cerca de llevar la declaración exnúmero dos de los conservadores ante la Presidencia del Congreso, para su posterior traslado a la Fiscalía. La decisión se tomará el próximo lunes 14 de abril, momento en el que la Mesa de la Comisión volverá a verse las caras y comparecerá Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta de Rajoy, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Esquerra Republicana (ERC) y Junts creen que no sólo Cospedal, sino también Rajoy, Fernández Díaz y la expresidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, mintieron a la comisión y, por eso, pidieron la semana pasada que todas sus declaraciones fuesen remitidas al Ministerio Fiscal. Para estas formaciones, los audios difundidos en los últimos días chocan con el argumento esgrimido por todos ellos, que coincidieron en tachar de "ficción" las supuestas actividades de la policía patriótica para desacreditar a líderes independentistas o espiar a Bárcenas. Ante la "evidente contradicción" entre esas grabaciones y las declaraciones de los comparecientes, quieren que la comisión de investigación remita al Ministerio Fiscal los "indicios de criminalidad" que aprecian y apuntan expresamente...