Claves de la manifestación de veterinarios el 5 de marzo: por qué está el sector en pie de guerra

El próximo miércoles 5 de marzo, veterinario de toda España se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid. La convocatoria, promovida por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), busca la derogación del Real Decreto 666/2023 y una regulación del medicamento veterinario más ajustada al Reglamento Europeo.

Desde el 2 de enero, con la entrada en vigor del Real Decreto, la gestión del medicamento veterinario ha cambiado de manera significativa. La normativa obliga a registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos en el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET) y restringe la capacidad de los veterinarios para dispensar medicamentos. Aunque el objetivo es mejorar la trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos, el sector denuncia que se han impuesto medidas excesivamente restrictivas que dificultan su trabajo.

Sanciones desproporcionadas

Originalmente, el incumplimiento por errores o retrasos en la notificación de prescripciones se consideraba una infracción muy grave, con multas que oscilaban entre 60.001 y 1.200.000 euros. Ante las protestas del sector, el Congreso de los Diputados aprobó una modificación en la Ley de Sanidad Animal que reclasifica esta infracción como leve, con sanciones de entre 600 y 3.000 euros o un simple apercibimiento.

Sin embargo, esta rebaja no ha sido suficiente para calmar los ánimos, ya que la normativa introduce un sistema de reincidencia acumulativa: dos infracciones leves en dos años se convertirían en una grave, y dos graves en ese mismo plazo pasarían a ser consideradas muy graves. Esto implica que un veterinario que cometa varios errores administrativos en un periodo de tiempo relativamente corto podría enfrentarse nuevamente a sanciones millonarias.

Por otro lado, han circulado en redes sociales y algunos medios informaciones erróneas que han contribuido a la confusión sobre la aplicación de la normativa. Un ejemplo es el caso de un veterinario en Baleares al que se le atribuyó una sanción de 90.000 euros por no cumplir con PRESVET, cuando en realidad la multa no tenía relación con esta normativa, sino con otros motivos ajenos a la regulación del medicamento veterinario.

Un Real Decreto cuestionado por el sector veterinario

Desde el inicio de su aplicación, el sector considera que se han trasladado a los animales de compañía restricciones pensadas para la ganadería, pese a que los animales de compañía solo representan el 1% del consumo total de antibióticos veterinarios. Así lo explicó Sebastià Rotger, presidente de CEVE, en declaraciones a 20minutos.es, donde calificó PRESVET como un “despropósito adaptado del modelo ganadero al ámbito de los animales de compañía”.

Frente a este panorama, el sector de la salud animal ha manifestado su rechazo a la normativa y exige modificaciones que permitan un ejercicio profesional basado en el criterio clínico y no en una carga administrativa excesiva. Entre sus principales reivindicaciones destacan:

1. Modificación del Real Decreto 666/2023: Los veterinarios consideran que la normativa es más restrictiva de lo exigido por Europa y reclaman un ajuste que permita ejercer su labor con mayor flexibilidad y sentido común.
2. Fin de la burocracia excesiva: El sector denuncia que la obligatoriedad de registrar digitalmente todas las prescripciones supone una carga administrativa que puede ocupar hasta una hora diaria de trabajo por profesional, restando tiempo a la atención clínica.
3. Recuperación de la capacidad de dispensación: En muchos casos, los titulares de animales deben recorrer varias farmacias para encontrar los medicamentos prescritos. Los veterinarios piden poder dispensarlos directamente, como sucede en otros países europeos, asegurando un acceso rápido y seguro a los tratamientos.
4. Reducción del IVA veterinario: Actualmente, los servicios veterinarios están gravados con un 21% de IVA, lo que encarece los tratamientos y dificulta su acceso. Reclaman una reducción del IVA equiparable a la sanidad humana.
5. Escucha activa por parte de la Administración: Denuncian que las decisiones legislativas se han tomado sin contar con la opinión de los profesionales del sector, afectando negativamente a la calidad asistencial y a la salud animal.

Protestas previas y llamamiento actual

El sector veterinario lleva semanas movilizándose. El pasado 28 de febrero, la plataforma Veterinarios Unidos organizó una concentración en IFEMA coincidiendo con la clausura del Congreso Iberzoo Propet. A esta protesta contra la imposición de PRESVET se han sumado asociaciones profesionales y científicas, colegios veterinarios y el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria, quienes también respaldan la concentración del 5 de marzo.

Para facilitar la asistencia, los colegios veterinarios de toda España están organizando transporte para sus colegiados, poniendo a disposición autobuses para el desplazamiento a Madrid.