La salida del juez Julián Ercolini del juzgado federal número 11 provocó un giro en la causa de los Seguros que cambió drásticamente la marcha del expediente y que podría, incluso, ensanchar su cauce con nuevas líneas de investigación. Es que todas las actuaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de seguros en dependencias del Estado, que incluyen la declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández y otros 38 indagados que aguardan definiciones, pasaron a manos de Sebastián Casanello, el juez que relevó la subrogancia del juzgado justo cuando el expediente entraba en zona de definiciones.

El juez federal repasa todo el caso. Es uno de los más “complejos” que heredó del nuevo juzgado, según definió a LA NACION alguien que conoce los cuerpos del expediente. Todavía no definió la situación procesal de ninguno de los implicados –tampoco lo hará en el corto plazo– y estudia los detalles del caso junto a los dos equipos que ahora tiene a su cargo. El juez busca terminar de consolidar la información que recibió y completar el mapa de las contrataciones de seguros, un entramado que todavía tiene algunas zonas grises.

En los últimos días, ordenó una nueva tanda de medidas que incluyó el pedido de documentación a Cancillería, Fabricaciones Militares y la Casa de la Moneda, tres de las dependencias mencionadas en las conversaciones que mantuvieron María Cantero, la histórica secretaria del expresidente, y su marido, el bróker Héctor Martínez Sosa, uno de los mayores beneficiados en el reparto de las contrataciones. El contenido de muchos de estos chats, que forman parte de la prueba y le dieron luz pública al caso, dan cuenta de que la pareja habría usufructuado su cercanía al poder en beneficio propio.

Estas últimas instrucciones del juez está orientadas a reconstruir con mayor nivel de detalle el contexto administrativo de aquellos mensajes que cruzaron Cantero y Martínez Sosa. No todos están enmarcados en tiempo y espacio, consideró uno de los nuevos investigadores. Además, independientemente de lo que pueda suceder procesalmente con Fernández, no se descarta introducir nuevas líneas en la investigación que abran todavía más el mapa de los seguros.

Como los hechos investigados transcurrieron luego de 2019, en una nueva etapa de la pesquisa podría tener un papel importante la ley de la Responsabilidad Penal Empresaria, una norma sancionada en 2017 que regula la responsabilidad empresas y asociaciones de índole privadas en el ámbito de los delitos por corrupción. Contempla multas, sanciones y suspensiones, entre otras cuestiones. No sería el único nuevo enfoque a adoptar.

Pero todo eso “va a llevar tiempo” y no se esperan definiciones en lo inmediato. La ronda de indagatorias comenzó con la declaración de Fernández en noviembre y terminó en febrero con la de Carlos Soria, un exdirector de Nación Seguros, último en la larga lista de los 39 implicados. Los investigadores irán “caso por caso” para ver qué forma jurídica le cabe a las distintas irregularidades en la que cada uno de ellos podría haber caído.

En tanto, la abogada que defiende a Fernández en esta causa, Mariana Barbitta, fue en queja ante la Casación luego de la Cámara federal rechazara su intento por anular la declaración indagatoria de Fernández. La letrada entiende que aquel acto, en el Fernández rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas del juez Ercolini, fue nulo. El máximo tribunal penal del país resolverá en los próximos días la admisibilidad del pedido.

La estrategia de Fernández

Desde que estallaron las dos causas que complican al expresidente, su círculo de contención se redujo hasta dejar adentro solo a íntimos y algunos allegados. En el último tiempo, sorprendió que el expresidente levantara el perfil en redes y medios, y ese círculo se estrechó aún más. Fernández ya fue procesado por Ercolini en la otra causa que enfrenta en los tribunales de Comodoro Py por lesiones leves y graves y amenazas coactivas contra su expareja Fabiola Yañez.

El jueves pasado, en una instancia judicial que se supone como de revisión, su abogada en esa causa, Silvina Carreira, introdujo un argumento que generó sorpresa en los tribunales: adujo que la Justicia argentina no tiene competencia en la causa porque al momento en que se produjo la prueba “madre” del expediente, es decir, los chats entre ambos, el expresidente se encontraba en Honduras y Yañez en España. “Es un manotazo de abogado”, graficó con ironía alguien que conoce el trámite del expediente. Con otros argumentos, Carreira había intentado sin éxito sacar al expediente de la Justifica federal.

En la causa Seguros, el cambio en la titularidad del juzgado número 11 debilita parte de la estrategia de Fernández que, al igual que en el otro expediente, arremetió en duros términos contra el juez Ercolini por considerarlo parcial. El cambio de manos en el expediente echó por tierra este argumento.

La “complejidad” del caso obliga al nuevo juez debe revisar una vez más toda la investigación que construyó su colega Ercolini junto con el fiscal Carlos Rívolo. Es una instancia de “estudio”, dice un investigador, para poder llegar a “conclusiones” fundadas.