Cinco meses después de que el Tribunal Supremo iniciara la la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los informes policiales y declaraciones testificales incorporados a la causa han apuntalado los indicios contra ellos. Al menos así lo considera el magistrado Ángel Hurtado, que es quien, en definitiva, decidirá si les sienta o no en el banquillo de los acusados. El borrado de mensajes por parte del fiscal general, el cambio de dispositivo o la eliminación de su cuenta de correo cuando ya se sabía investigado han colocado a García Ortiz en una situación más complicada si cabe que cuando se inició el procedimiento, algo de...
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