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VÍDEO | Así es el espectacular chalet del juez Peinado que hizo pasar por un "almacén"
El Ayuntamiento de La Adrada, en Ávila, dirigido por la alcaldesa del PP Pilar Martínez, se ha visto obligado a abrir una investigación para estudiar si el chalet con piscina del juez Juan Carlos Peinado es ilegal o no. Todo después de las diferentes exclusivas que ElPlural.com fue desvelando sobre el inmueble en cuestión. El chalet del juez Peinado está rodeado de polémica, desde la finca de 2.866 metros en la que se sitúa, adquirida por 15.950 euros, hasta el registro en el catastro de la casa, de grandes dimensiones, como un "almacén". Esta vivienda está rodeada de frondosa vegetación y aislada del ruido vecinal, tal como desveló este periódico. Con una amplia parcela, la casa del juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, disfruta de la tranquilidad de un pueblo abulense de alrededor de 2.500 habitantes, según los datos del INE. Además, la vivienda del juez Peinado se encuentra a las afueras del pueblo, lo que la convierte en una residencia todavía más tranquila. El terreno del que dispone, tanto en el exterior como en el interior, es amplio, y disfruta de vistas a la montaña. En lo que respecta al inmueble, consta de dos plantas y tiene piscina. El chalet se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura bajo la que se mantiene a día de hoy, aunque en realidad acoge una gran vivienda edificada sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad, al que también ha tenido acceso este periódico. No obstante, la polémica lleva tiempo rondando a este chalet, ya que los vecinos llevan poniendo pie en pared contra la edificación, hasta el punto de que en el pasado fueron recurrentes las pintadas en la fachada bajo el lema "prevaricador" y tachando a la vivienda de "chaletazo ilegal", tal como describió el concejal socialista involucrado en la investigación contra el inmueble. El terreno sobre el que se levanta siempre ha sido urbanísticamente muy polémico. La legalización o no de la vivienda; la existencia o no de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina son temas de debate en el pueblo desde antes de 2007. Incluso su construcción se paralizó durante unos meses ya que el juez empezó la construcción sin contar con "licencia de obra, proyecto ni plano". El socialista Hilario Gabriel Ruda, encargado de parar las obras de la vivienda "ilegal" del juez que ahora investiga a Begoña Gómez, señaló en conversación con este periódico que "en 2016 se cambió el plan parcial con la nueva alcaldía", con el fin de allanar el camino a esta vivienda polémica. Y es que el magistrado fue condenado a abonar a una constructora de la provincia de Ávila la cantidad de 75.366,61 euros por realizar obras en la vivienda de la que disfruta en La Adrada. Así se desprende de una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid en respuesta a un recurso de apelación...
El Ayuntamiento de La Adrada, en Ávila, dirigido por la alcaldesa del PP Pilar Martínez, se ha visto obligado a abrir una investigación para estudiar si el chalet con piscina del juez Juan Carlos Peinado es ilegal o no. Todo después de las diferentes exclusivas que ElPlural.com fue desvelando sobre el inmueble en cuestión. El chalet del juez Peinado está rodeado de polémica, desde la finca de 2.866 metros en la que se sitúa, adquirida por 15.950 euros, hasta el registro en el catastro de la casa, de grandes dimensiones, como un "almacén". Esta vivienda está rodeada de frondosa vegetación y aislada del ruido vecinal, tal como desveló este periódico. Con una amplia parcela, la casa del juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, disfruta de la tranquilidad de un pueblo abulense de alrededor de 2.500 habitantes, según los datos del INE. Además, la vivienda del juez Peinado se encuentra a las afueras del pueblo, lo que la convierte en una residencia todavía más tranquila. El terreno del que dispone, tanto en el exterior como en el interior, es amplio, y disfruta de vistas a la montaña. En lo que respecta al inmueble, consta de dos plantas y tiene piscina. El chalet se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura bajo la que se mantiene a día de hoy, aunque en realidad acoge una gran vivienda edificada sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad, al que también ha tenido acceso este periódico. No obstante, la polémica lleva tiempo rondando a este chalet, ya que los vecinos llevan poniendo pie en pared contra la edificación, hasta el punto de que en el pasado fueron recurrentes las pintadas en la fachada bajo el lema "prevaricador" y tachando a la vivienda de "chaletazo ilegal", tal como describió el concejal socialista involucrado en la investigación contra el inmueble. El terreno sobre el que se levanta siempre ha sido urbanísticamente muy polémico. La legalización o no de la vivienda; la existencia o no de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina son temas de debate en el pueblo desde antes de 2007. Incluso su construcción se paralizó durante unos meses ya que el juez empezó la construcción sin contar con "licencia de obra, proyecto ni plano". El socialista Hilario Gabriel Ruda, encargado de parar las obras de la vivienda "ilegal" del juez que ahora investiga a Begoña Gómez, señaló en conversación con este periódico que "en 2016 se cambió el plan parcial con la nueva alcaldía", con el fin de allanar el camino a esta vivienda polémica. Y es que el magistrado fue condenado a abonar a una constructora de la provincia de Ávila la cantidad de 75.366,61 euros por realizar obras en la vivienda de la que disfruta en La Adrada. Así se desprende de una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid en respuesta a un recurso de apelación...
