Una estadística sin sospecha
La realización de informes estadísticos en función de las preocupaciones del ciudadano y las cuestiones que copan la agenda informativa no debería representar para el INE una merma de su credibilidad como fuente fiable de datos y proyector de tendencias sobre la realidad española, sujeta a todo tipo de interpretaciones interesadas, pero cimentada con rigor y solidez en las cifras que maneja este organismo para ofrecer una instantánea aséptica de cualquier variable. El servicio público consiste, precisamente, en atender de la manera más eficaz la demanda de los contribuyentes, y en el caso del INE en responder a sus inquietudes a través de estudios que resulten útiles a la sociedad en su toma de decisiones. Nada tendría de particular el giro del Instituto Nacional de Estadística hacia los asuntos que marcan la actualidad en un marco político distinto al actual, dominado por la intromisión del Ejecutivo en unos organismos públicos que, uno tras otro, han dejado de atender al interés general para centrarse en la defensa y el desarrollo de un proyecto personal que pasa por neutralizar cualquier lectura autorizada que contradiga el discurso oficial. En este escenario, el INE tiene el valor añadido de la neutralidad que aportan los números, genuino aval de su independencia y su objetividad a la hora de reflejar el pulso del país y en trazar la secuencia de su movimiento. En junio de 2022, el relevo del hasta entonces presidente del INE, en forma de dimisión, cerró un largo capítulo de desencuentros entre el gestor de la estadística nacional y el Gobierno, muy crítico con la metodología utilizada para cifrar un PIB que oficialmente no crecía al ritmo deseado por Moncloa. La realidad, siempre tozuda, contradecía el triunfalismo con que el Ejecutivo cantaba las excelencias de un despegue económico que el INE frustraba a través de sus cuentas. No resulta inocente la elección de unos u otros indicadores a la hora de establecer los marcos estadísticos del retrato de España. Los números quizá sean exactos, pero la elección de unos u otros parámetros añade un sesgo a cualquier análisis de los datos. Fue el propio Ejecutivo el que lo admitió cuando se empleó en la ofensiva que terminó con la salida del anterior presidente de esta institución. Según su nuevo plan estratégico, el INE se dispone a elaborar «informes de divulgación sobre temas concretos de especial interés y actualidad» y, a partir de estos, «proporcionar información pertinente y útil para la toma de decisiones» por parte de las autoridades. Nada más lógico que servir al interés general, pero nada más arriesgado en un contexto político en el que la distorsión de la realidad que nutre el discurso de la demagogia, consustancial al ejercicio de la democracia, vicio estructural de los sistemas liberales, ha alcanzado cotas intolerables para una sociedad sana. Desde Bruselas, el Eurostat homologa las mediciones con que el INE da la talla de España a partir de parámetros tipificados. Los nuevos «informes de divulgación sobre temas concretos de especial interés y actualidad», sin embargo, abren el radio de acción de este organismo, cuya credibilidad lo convierte en excepcional dentro de un paisaje público definido por las injerencias del Gobierno y la desactivación de cualquier institución independiente, a la producción de análisis que, en función de los datos seleccionados, sirvan para apuntalar las tesis de la Moncloa y pervertir la realidad del país. Hay precedentes, demasiados ya, para desconfiar de cualquier aproximación a lo que el Ejecutivo de la manipulación entiende por «especial interés» e «información pertinente».
La realización de informes estadísticos en función de las preocupaciones del ciudadano y las cuestiones que copan la agenda informativa no debería representar para el INE una merma de su credibilidad como fuente fiable de datos y proyector de tendencias sobre la realidad española, sujeta a todo tipo de interpretaciones interesadas, pero cimentada con rigor y solidez en las cifras que maneja este organismo para ofrecer una instantánea aséptica de cualquier variable. El servicio público consiste, precisamente, en atender de la manera más eficaz la demanda de los contribuyentes, y en el caso del INE en responder a sus inquietudes a través de estudios que resulten útiles a la sociedad en su toma de decisiones. Nada tendría de particular el giro del Instituto Nacional de Estadística hacia los asuntos que marcan la actualidad en un marco político distinto al actual, dominado por la intromisión del Ejecutivo en unos organismos públicos que, uno tras otro, han dejado de atender al interés general para centrarse en la defensa y el desarrollo de un proyecto personal que pasa por neutralizar cualquier lectura autorizada que contradiga el discurso oficial. En este escenario, el INE tiene el valor añadido de la neutralidad que aportan los números, genuino aval de su independencia y su objetividad a la hora de reflejar el pulso del país y en trazar la secuencia de su movimiento. En junio de 2022, el relevo del hasta entonces presidente del INE, en forma de dimisión, cerró un largo capítulo de desencuentros entre el gestor de la estadística nacional y el Gobierno, muy crítico con la metodología utilizada para cifrar un PIB que oficialmente no crecía al ritmo deseado por Moncloa. La realidad, siempre tozuda, contradecía el triunfalismo con que el Ejecutivo cantaba las excelencias de un despegue económico que el INE frustraba a través de sus cuentas. No resulta inocente la elección de unos u otros indicadores a la hora de establecer los marcos estadísticos del retrato de España. Los números quizá sean exactos, pero la elección de unos u otros parámetros añade un sesgo a cualquier análisis de los datos. Fue el propio Ejecutivo el que lo admitió cuando se empleó en la ofensiva que terminó con la salida del anterior presidente de esta institución. Según su nuevo plan estratégico, el INE se dispone a elaborar «informes de divulgación sobre temas concretos de especial interés y actualidad» y, a partir de estos, «proporcionar información pertinente y útil para la toma de decisiones» por parte de las autoridades. Nada más lógico que servir al interés general, pero nada más arriesgado en un contexto político en el que la distorsión de la realidad que nutre el discurso de la demagogia, consustancial al ejercicio de la democracia, vicio estructural de los sistemas liberales, ha alcanzado cotas intolerables para una sociedad sana. Desde Bruselas, el Eurostat homologa las mediciones con que el INE da la talla de España a partir de parámetros tipificados. Los nuevos «informes de divulgación sobre temas concretos de especial interés y actualidad», sin embargo, abren el radio de acción de este organismo, cuya credibilidad lo convierte en excepcional dentro de un paisaje público definido por las injerencias del Gobierno y la desactivación de cualquier institución independiente, a la producción de análisis que, en función de los datos seleccionados, sirvan para apuntalar las tesis de la Moncloa y pervertir la realidad del país. Hay precedentes, demasiados ya, para desconfiar de cualquier aproximación a lo que el Ejecutivo de la manipulación entiende por «especial interés» e «información pertinente».
