Una de cada tres denuncias a las oficinas antifraude son por presuntas irregularidades en contratos públicos

Una de cada tres denuncias recibidas por las agencias y oficinas antifraude en 2024 se realizaron por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, según el último informe Mapa de riesgos de la contratación pública, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 

• Esta oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se creó en 2018  como parte de la transposición de varias directivas europeas.

• Las denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos también fueron las más comunes en 2021, 2022 y 2023, analiza el informe.

En segundo lugar, en 2024 destacaron las denuncias por supuestas prácticas corruptas (tráfico de influencias, trato de favor a empresa, conflictos de interés, etc.), que alcanzaron un 19,5% y, en tercer lugar, por presuntas irregularidades en la ejecución, con un 18,1%.

Por otro lado, el informe también ha detectado incumplimientos debido a la falta de inclusión de condiciones sociales, laborales, medioambientales, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, o a la innovación, favoreciendo el criterio económico en la contratación, señala el organismo público.

Al detalle. En lo que se refiere a los contratos menores, las presuntas irregularidades que se denunciaron fueron:

• El fraccionamiento del objeto del contrato.

• La superación de umbrales del contrato menor, destacada como una de las principales irregularidades detectadas en ámbito local por los OCEX (Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas).

• La superación del plazo máximo de un año de duración del contrato menor.

• La concatenación de contratos menores para un determinado servicio o suministro con el consiguiente fraccionamiento del objeto del contrato.

Qué son. Los contratos menores son aquellos con un valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trata de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trata de contratos de suministros o servicios, como detalla el artículo 118 de la ley de contratos del sector público.

• Hay una excepción: los de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros relacionados con la ciencia y la innovación.

• Informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de 2024
• Ley 9/2017, de contratos del sector público