Una comparecencia sangrante

El general Juan Prim y Prats da nombre a la sala de comisiones del Congreso de los Diputados donde el pasado jueves compareció el terrorista islámico Mohamed Houli Chemlal, condenado a 43 años de prisión por su participación en los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), en los que fueron asesinadas 16 personas y heridas cerca de 140.

El general Prim se revolvió seguramente en su tumba del cementerio de Reus ante tan repulsiva presencia en la sede de la soberanía nacional. Aunque sólo fuera porque el entonces jefe de Gobierno fue asesinado también en un atentado terrorista en la madrileña calle del Turco la fría noche del 30 de diciembre de 1870.

Pero si a eso le sumamos su condición de catalán, el rechazo de Prim habría sido aún mayor al ver que se permitía la presencia en la sala que lleva su nombre de un asesino yihadista que había participado en una cobarde masacre en su tierra.

Mohamed Houli Chemlal fue llamado a comparecer, imagino que según lo previsto en el artículo 44.4 del reglamento de la Cámara baja, a saber: que se podrá solicitar «la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión». Sin duda, a juicio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la «competencia» del terrorista yihadista estaría sobradamente demostrada: casi una veintena de muertos lo atestiguan.

Que la comparecencia de este «experto» sea incuestionable para la tercera autoridad del Estado produce escalofrío. Hay que reconocer que Armengol ha superado su grado de competencia en lo nauseabundo, sin miramiento alguno hacia los familiares y amigos de las víctimas. Qué decir de su capacidad de compasión o humanidad.

Pero Armengol es sólo una comparsa de este siniestro carnaval. Es Pedro Sánchez el muñidor principal de esta nueva rendición de nuestro Estado de derecho, al cumplir con la enésima exigencia del prófugo Puigdemont para seguir destruyendo la ya precaria dignidad de nuestras instituciones soberanas. Nada que no fuera inalcanzable para quien tiene como socio a una formación que ha llevado a sentar en los escaños, para desdicha de nuestra democracia, a miembros o colaboradores de una banda terrorista. La difusión desde el Congreso por el terrorista islamista de teorías conspiratorias sin presentar ninguna prueba sirvió al propósito de los enemigos declarados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poner en duda su actuación en el caso.

También sirvió para los fines de quienes cuestionan el trabajo de la Justicia, contra una Audiencia Nacional que realizó un ingente trabajo en una causa de gran complejidad, con más de 64.000 folios, 30 partes personadas y 32 señalamientos orales. Y contra un Tribunal Supremo que confirmó la sentencia, que establece la inspiración yihadista de los atentados e identifica a sus autores.

Hay que recordar que la creación de la comisión de investigación sobre estos atentados, aprobada por Sánchez y sus socios en diciembre de 2023, fue propuesta por Junts y PNV, aun cuando estos últimos votaron en contra de la misma propuesta presentada en el Congreso por Ciudadanos en febrero de 2018.

Los peneuvistas defendieron entonces que la investigación correspondía a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El PSOE votó también en contra, argumentando que era una propuesta irresponsable porque la investigación no podía recaer en los políticos.

El PSOE también sumó su voto en la Mesa del Congreso para inadmitir en enero de 2022 otra iniciativa de Junts para crear una comisión que investigara el supuesto papel del CNI en los atentados. Papel que, por otro lado, el PSC descartó de plano en la votación de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlament de Cataluña.

Como ha recordado Llanos de Luna Tobarra, diputada popular por Barcelona en el Congreso, los socialistas catalanes descartaron taxativamente las especulaciones que de forma explícita o implícita señalaban al CNI como conocedor e incluso encubridor de los atentados.

A estas alturas parece inútil recordar que con Pedro Sánchez al frente, desde que comenzó la legislatura, el PSOE no ha dejado de prostituir sus principios, valga la redundancia en el caso de algunos de sus dirigentes. Pero, como sucedió el pasado jueves con el terrorista yihadista en el Congreso, está prostituyendo también las instituciones democráticas, ofreciéndolas al manoseo cuando no a la agresión de sus socios, cuyas ensoñaciones supremacistas se lubrican con sus actos de dominio sobre la España sumisa y dopada que les ofrece cada día el ansia insaciable de poder de Sánchez.

La historia del parlamentarismo español cruzó la semana pasada otra línea abominable más cuyos efectos será difícil borrar, con la sede de la soberanía nacional convertida en el escupidero de un criminal convicto, como en una maloliente y sucia taberna de una ciudad sin ley.

Hasta Wenceslao Fernández Flórez, autor de Acotaciones de un oyente, obra maestra de la crónica parlamentaria, habría tenido que meditar mucho sus palabras ante tamaño desprecio a los españoles de bien. Como si en sus días se hubiera accedido a acoger en las Cortes a Mateo Morral, que el 31 de mayo de 1906 arrojó una bomba camuflada en un ramo de flores al paso del cortejo nupcial de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia por la madrileña calle Mayor.

Aquel atentado costó la vida a 28 personas y dejó heridas a más de cien. Aun así, la izquierda frentepopulista propuso en plena Guerra Civil bautizar con el nombre del criminal anarquista a una calle cercana al suceso, la del Pretil de los Consejos, quizás en homenaje simbólico también a los centenares de asesinos que andaban entonces haciendo barbaridades por todo Madrid en nombre de la sangrienta revolución desencadenada por el golpe militar de 1936.

En las lúcidas páginas de Fernández Flórez sobre la vida parlamentaria española anterior a la contienda existe una declaración que recobra hoy toda su incisiva actualidad: «Hay un españolismo -escribía en un artículo de 1934- un poco de pandereta, conmovedoramente infantil y sin duda bien intencionado, que no se fija más que en detallitos menudos, formales, cuya aparatosidad le sobresalta y le inspira apóstrofes, elegías y amenazas. Ese españolismo se encrespa cuando cualquier majadero arranca una bandera o profiere un grito hostil. Pero permanece inmóvil, sosegado, confiadamente mudo, cuando hombres hábiles, consagrados con obstinación al servicio de un odio, van cortando hilo a hilo el amarre espiritual con España».

La sesión en la sala Prim del pasado jueves, con una comparecencia pensada para erosionar gravemente nuestro Estado de derecho, fue una pieza más de ese engranaje de odio que va deshilachando la urdimbre de la nación con la delectación de Pedro Sánchez, siempre dispuesto a contentar a quienes le garantizan seguir teniendo la llave de la caja de caudales, lo único que le interesa de este Estado fallido que nos está dejando.

Los españoles habrán de poner pie en pared antes de que el Estado de derecho se nos vaya por las cloacas, materia en la que el socialismo español ha demostrado ser históricamente un experto con muchos galones.