Un informe del CGPJ alerta de que la ley del Gobierno que cambiará el acceso a la carrera judicial puede ser "discriminatoria"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un informe, que votará este miércoles, en el que se muestra muy crítico con el anteproyecto de ley impulsado por el ministerio de Félix Bolaños para 'la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal', y llega a señalar un riesgo de discriminación. La propuesta elaborada por los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José Luis Costa y José María Fernández Seijo se debatirá mañana en el Pleno del Consejo.

Se trata de un documento de 125 folios que ahonda, entre otras cuestiones, en el cambio que propone la ley de Justicia de cara a aumentar el número de jueces que acceden a la carrera por el cuarto turno, reservado a juristas con 10 años de experiencia a los que no se les exige aprobar una oposición. El anteproyecto de ley establece, por un lado, que el número de plazas del cuarto turno "no podrá ser inferior a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre". La ley también apunta que a los profesionales que accedan por el cuarto turno "se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados en la categoría de juez".

El informe elaborado por cuatro vocales del CGPJ —dos conservadores y otros dos progresistas— señala que "este reconocimiento de cinco años de servicios introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado". Esta novedad introducida en el anteproyecto de ley genera, a juicio de los vocales, "el riesgo de una carrera de dos velocidades".

Respecto a otra medida contemplada en el anteproyecto de ley, sobre las pruebas de acceso para los jueces y fiscales sustitutos, el borrador de informe del CGPJ tacha a este sistema de elección de una falta de rigor que, de nuevo, genera un riesgo de "debilitar la independencia del Poder Judicial". Estas pruebas destinadas al acceso de juristas a la carrera judicial como sustitutos adolecen de "imprecisión", según subraya el documento.

"Sin desdeñar el indudable valor de la experiencia en el ejercicio profesional, la imprecisión en el tipo de prueba que propone el anteproyecto puede reducir la garantía de que realmente sean elegidos para desempeñar esa función los que resulten mayores conocedores del Derecho", denuncia el informe. El sistema planteado por el ministerio de Bolaños "parte de la suposición" de que los conocimientos puestos a prueba en el sistema de oposición "se han consolidado" con las actividades profesionales previas, advierte el Consejo.

El órgano también muestra dudas sobre el proceso planteado en el anteproyecto para que jueces y fiscales sustitutos se estabilicen en la carrera. Según recoge el texto de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, el anteproyecto justifica el modelo en una alegada "situación excepcional" que "no parece acomodarse" a lo establecido por la jurisprudencia constitucional.

En concreto, el Consejo se refiere al plazo de cinco años que exige la norma para poder participar en convocatorias a estas sustituciones, "cuando el requisito" que exige la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con carácter general es "el de diez años de ejercicio profesional".

El escrito afirma que el sistema planteado "puede privilegiar" a quienes hayan sido jueces sustitutos o magistrados suplentes, "al introducirse en la norma propuestas de baremación de méritos" que potencian a estos perfiles "frente a otros méritos profesionales de relevancia".

El anteproyecto de ley suscita "dudas en relación con los principios de igualdad y no discriminación, mérito y capacidad", subraya el informe del Consejo.

Por otro lado, el CGPJ reivindica la necesidad de establecer "un tiempo suficiente de adaptación" a la norma, tanto en lo relativo a los "medios de gestión del proceso de selección", como a la "preparación de opositores". El cuerpo de opositores no está "preparado para un cambio de este calado sin un periodo de adaptación suficiente" y esto podría desembocar, según el informe, en una "falta de convocatorias". En este sentido, el Consejo propone considerar "un periodo de vacatio legis suficiente" que exima de aplicar la norma en los próximos cuatro o cinco años.