Sumar lleva al Congreso una ley para prohibir las infiltraciones policiales en movimientos sociales

Sumar registrará en el Congreso una proposición de ley para prohibir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado infiltren agentes en movimientos sociales y restringir el uso de este procedimiento a grupos terroristas, crimen organizado o casos de narcotráfico. Así lo anunció este martes el diputado de la coalición Gerardo Pisarello, que denunció que el uso de agentes encubiertos se ha utilizado "de manera abusiva" en los últimos años y ha llevado a que se hayan infiltrado policías en colectivos como los de apoyo a Palestina o defensa del derecho a la vivienda, como varios medios han publicado en los últimos meses.

La propuesta de Sumar pasa por realizar una reforma quirúrgica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluya un solo artículo: el destinado a dejar claro que "quedará prohibida toda infiltración policial cuando los agentes actúen con identidad supuesta, destinada a realizar acciones prospectivas, descubrir delitos presuntos, captar, recibir y analizar datos aun teniendo estos supuesto interés para el orden y la seguridad pública; así como estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia".

Se contemplará como "excepción" a esta prohibición los supuestos que ya contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a las fuerzas de seguridad infiltrar agentes en grupos que promuevan "actividades propias de la delincuencia organizada". Entre ellas se mencionan el tráfico de órganos, el secuestro, la trata de personas, la prostitución, los delitos contra los derechos de los trabajadores, los delitos contra los ciudadanos extranjeros, los delitos contra la salud pública, la falsificación, el tráfico de armas o el terrorismo.

En este tipo de supuestos, explicó el diputado Pisarello, "puede tener sentido" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado infiltren agentes, pero hacerlo en movimientos sociales supone un "abuso", a juicio de Sumar, que exige además que cada caso esté sujeto a "un control judicial riguroso que se adecúe a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "Estas prácticas, amparadas hasta hoy por el Ministerio del Interior, además de vulnerar la intimidad y la confianza de las personas afectadas, atentan contra el derecho de reunión y manifestación, fundamentales en una democracia", criticó el parlamentario.

"La infiltración policial no puede ni debe ser utilizada como una herramienta de vigilancia indiscriminada contra el activismo social y político", y eso es algo que ha ocurrido tanto con el PP como con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció Pisarello. El diputado puso como ejemplo casos como el de Belén Hammad Gómez, quien se infiltró en la Casa Palestina de Barcelona con una identidad falsa, o el de María Isern Torres, que mantuvo una relación de tres años con un activista para obtener información del movimiento independentista, y aseguró que esos procedimientos demuestran que existe "un patrón de abuso de estas herramientas de investigación".