Sánchez incluye otros gastos militares al margen de los 2.000 millones a los que ya se opone Sumar

El plan para llegar al 2% del PIB en gasto militar que presentó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye gastos militares y armamentísticos superiores a los 1.962,98 millones a los que ya se opone su socio de coalición de Sumar. Sánchez especificó que solo un 18,75% del total de los 10.471 millones de euros estaría destinado a la fabricación y compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión, no obstante, tanto en la partida dirigida a adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad, como en la de apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales hay inversiones destinadas al uso militar directo, aunque incluyendo la posibilidad de uso civil.

"Menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término", señaló Sánchez en la presentación del plan, aludiendo a que solo uno de los cinco apartados hacía referencia a partidas específicas para armamento. El resto de epígrafes se refieren a las condiciones laborales de las tropas, la ciberseguridad, las emergencias y desastres naturales y el refuerzo de las misiones exteriores. En este sentido, sus socios de coalición rechazaron esa parte concreta del plan que va destinada a aumentar la capacidad armamentística y que supone el 19% del total del montante, es decir, 2.000 millones de euros.

No obstante, el documento publicado este miércoles en la web de Moncloa incluye partidas destinadas a un uso militar directo en el apartado de ciberseguridad, es decir, al margen de la defensa contra los ciberataques. Es el caso de la inversión de 338 millones para modernizar los sistemas actuales del Ejército de Tierra para el control de las batallas aéreas, así como 90 millones para desarrollar un sistema integral que asegure la actuación de las Fuerzas Armadas al margen de cualquier ataque informático a infraestructuras críticas, interferencias militares, manipulación de datos o sistemas de armas o contra la desinformación.

También una inversión de 36,52 millones dirigida al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dependiente del Ministerio de Defensa y que se dedica, entre otras cosas, a diseñar, desarrollar, probar y certificar tecnología avanzada para el uso militar y civil. En sus funciones de seguridad y defensa está el desarrollo de tecnologías de misiles, sensores, criptografía o comunicaciones militares, así como el apoyo técnico a las Fuerzas Armadas para modernizar el armamento. Finalmente, también está incluida una partida de 28 millones para la compra de cuatro radares de localización de fuego indirecto.

Lo mismo sucede con el bloque de inversiones para mejorar las condiciones laborales y equipamiento de las Fuerzas Armadas, en el que el Gobierno contempla 928 millones para proyectos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas o sistemas utilizados para el combate aéreo, 350 millones en un helicóptero para formar a los futuros pilotos del Ejército de Tierra, 275 millones para un programa de entrenamiento para pilotos de caza, 50 millones para la sustitución de las aeronaves de la Escuela Militar de paracaidismo o 42 millones de euros en la sustitución de los helicópteros ligeros de las Fuerzas Armadas.

Así mismo, figura una partida de 664 millones para préstamos o entradas de capital en empresas del ámbito de defensa. Se trata de la dotación FORES, una iniciativa para reforzar la industria de la defensa española a través de la colaboración público-privada. Es decir, de los 3.712 millones de euros destinados a mejorar las condiciones laborales de los militares, al menos 2.309 millones no van destinados a subir los sueldos o pensiones de los efectivos, sino que tendrían un uso militar directo.

También hay algunas partidas dentro de los 1.751,53 millones dirigidos específicamente a emergencias y desastres naturales. En concreto, el Gobierno prevé invertir 116 millones en un vehículo lanzapuente militar, que serviría para facilitar la movilización de las tropas, o 50 millones en helicópteros para el transporte y el apoyo logístico, que podrían servir tanto para funciones militares como civiles.

Por otro lado, el Gobierno prevé destinar 328,74 millones para reforzar las operaciones militares en el exterior, que actualmente componen unos 3.000 efectivos en 16 misiones internacionales de la ONU, OTAN y la UE, tanto para la disuasión rusa del flanco este, la misión FINUL en Líbano, la formación de fuerzas locales en Irak y África o la lucha contra la piratería en el Índico (Atlanta). En todo caso, fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que la pretensión es aumentar el número de militares en 1.500 al año hasta alcanzar los 7.000 efectivos en el año 2029.

1.400 millones del fondo de contingencia

El Gobierno utilizará varias vías para alcanzar los casi 10.500 millones de inversión en defensa del plan en el año 2025. En concreto, emplearán 1.400 millones del fondo de contingencia para los sueldos y las pensiones de los militares, así como 2.800 millones de ahorro por la menor necesidad de financiación de las comunidades autónomas y otros 1.357 millones de fondos europeos.

De las inversiones contempladas en el plan, destaca el aumento del presupuesto del CNI en 106 millones de euros con el fin de que refuerce su área de ciberseguridad y cooperación internacional, una inversión de casi 700 millones de euros para subir el sueldo a los militares o los 928 millones destinados a la modernización y la mejora de las capacidades de entrenamiento de las Fuerzas Armadas.

Y en el apartado de inversiones armamentísticas, el Gobierno prevé construir un nuevo buque de aprovisionamiento de combate por 100 millones de euros, invertirá 564 millones para incrementar la reserva de munición y explosivos de acuerdo a los requisitos de la OTAN, modernizar varias fragatas y buques anfibios, sustituir los carros de combate Leclerc y Leopard, reemplazar un blindado de combate por 200 millones o modernizar el sistema de combate aéreo.