En el cierre de la Convención Republicana, en julio del año pasado, Donald Trump dio un extenso discurso centrado en la inmigración. Eso no fue una sorpresa. Sí lo fue el dardo que le dedicó a un presidente cercano a su entorno: el salvadoreño Nayib Bukele.

“Tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando (…) y me di cuenta que envía a los criminales a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso, pero no hace un trabajo maravilloso”, lanzó desde Milwaukee.

Ocho meses más tarde, Trump, ya en la Casa Blanca, se deshace en elogios hacia Bukele, y le agradece públicamente por sellar un acuerdo para recibir a “criminales peligrosos” deportados en su emblemática megacárcel a cambio de un pago anual. “Gracias presidente Bukele por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!”, escribió Trump en sus redes sociales el fin de semana pasado, después del primer envío de migrantes acusados de ser pandilleros.

Pero con este acuerdo –que promocionó a través de un dramático spot que muestra la llegada de esos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)-, Bukele gana más que dinero. También suma legitimación para su cuestionada estrategia de mano dura y busca el debilitamiento de una causa en Estados Unidos que podría perjudicarlo seriamente.

Por su parte, para Trump, la deportación de 238 venezolanos y de 23 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13) le sirve para disuadir a los migrantes que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos, por temor a terminar en el oscuro sistema penal salvadoreño. De hecho, según la cadena CBS, 137 de los deportados estaban acusados por presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, mientras que 101 fueron expulsados a El Salvador por haber violado las leyes migratorias del país norteamericano.

“Muchos venezolanos nos dicen ‘Mi familiar está detenido en Estados Unidos, no sabemos si está en Guantánamo, en El Salvador o dónde’. Me temo que buscan disuadir la inmigración a través del terror”, dice a LA NACION Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). Con esta nueva modalidad, que desafía las normas estadounidenses y también las internacionales, Trump avala y aprovecha algunas de las características del régimen de excepción salvadoreño, como la falta de debido proceso y la ausencia de información sobre los detenidos.

“Con este acuerdo, se está trasnacionalizando el régimen de excepción”, señala Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una ONG salvadoreña que registró 367 muertes bajo custodia en los tres años que cumplirá ese régimen en El Salvador, en los que fueron detenidas unas 85.000 personas. Esta estrategia que hizo popular a Bukele porque redujo sustancialmente los niveles de violencia, dejó a su país al tope de los rankings de tasa de encarcelamiento y acumula denuncias de violaciones a derechos humanos.

Un acuerdo de legalidad dudosa

El envío de migrantes, de los que no se difundió oficialmente la identidad, sus antecedentes ni las acusaciones en su contra, despertó múltiples cuestionamientos sobre su legalidad y abrió un fuerte enfrentamiento entre Trump y la Justicia en Estados Unidos. No ocurrió lo mismo en El Salvador, donde el gobierno de Bukele controla los tres poderes, especialmente desde su contundente triunfo electoral el año pasado, pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida.

Para deportar a los migrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 para épocas de guerra. El juez federal James Boasberg bloqueó su uso el mismo sábado en que se estaban llevando a cabo los vuelos. “Ups… demasiado tarde”, se burló Bukele, con un emoji de risa, en su cuenta X minutos antes de compartir el video de la llegada de los deportados. Trump, por su parte, amenazó a Boasberg con un juicio político, mientras que el mandatario salvadoreño entró en la discusión al afirmar que “Estados Unidos se enfrenta a un golpe de Estado judicial”.

Oopsie…

Too late