Motosierra 2025: qué hará el Gobierno para mantener el superávit

El segundo año de Gobierno de Javier Milei abrió con desafíos. Empezaron a surgir algunas dudas cambiarias, subió el riesgo país y la inflación no está bajando en el ritmo esperado por el oficialismo. De esa forma, el oficialismo buscará afianzarse donde se siente fuerte: en el uso de la "motosierra".

Milei  buscará mantener el superávit fiscal con mayor recorte del gasto. Sin embargo, las elecciones y el compromiso con la baja de la inflación plantean obstáculos.

A la discusión por el tipo de cambio, la demanda de dólares y el acuerdo con el FMI se le sumó la caída de los ingresos, parte fundamental para el sostener el superávit.  

La recuperación de la actividad se prevé que explicará gran parte de los ingresos. En febrero, el superávit estuvo impulsado por los tributos vinculados al empleo: ganancias y contribuciones a la seguridad social. Lo propio hicieron también el IVA y el impuesto a los débitos y créditos.

Con esto, en el primer bimestre los ingresos totales subieron un 1,2% real interanual, mientras que el gasto primario subió 16,2%, según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Además, detectaron que el superávit fiscal en comparación con el primer bimestre de 2024 se redujo en 0,04% del PBI.

Desde LCG señalaron que, para mantener el superávit, una de las banderas de batalla del Gobierno, deberá profundizar en el recorte del gasto.

El año se inició con el fin del impuesto PAIS, que implica una pérdida de ingresos equivalente a 1,1% del PBI, la baja temporal de retenciones ( representa una caída del 0,13% del PBI), sin la moratoria ni el blanqueo (0,31% del PBI), y el programa de anticipo de Bienes Personales (REIBP), que implicará un recorte de ingresos de 0,3%.

Por todo esto, estiman que este año los ingresos tributarios será un 1% del PBI inferiores que en 2024.

En paralelo, el impulso del gasto estará dado por los intereses de la deuda pública (1,6% del PBI).

El recorte del gasto y sus límites

Para mantener el resultado fiscal, desde LCG proyectan que el ajuste del resto de gasto se eleve a 1,3% del PBI en 2025.

Los mayores recortes del gasto en 2024 se dieron sobre las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a provincias. El cambio de fórmula en las jubilaciones (para que ajusten por inflación pasada) asistirá a una recuperación relativa de los ingresos.

Además, en el caso de las jubilaciones, "en un escenario de desinflación, el ajuste por inflación pasada resulta fiscalmente expansivo", puntualizaron desde LCG.

La obra pública, otro segmento con un fuerte recorte fue obra pública, que en 2024 se redujo a un mínimo del 0,4% del PBI.

El obstáculo para este segmento, es el mantenimiento: "Más allá del freno en la expansión de nueva infraestructura, el deterioro del capital existente después de dos años de no inversión podría terminar atentando contra la mejora de competitividad que intenta elevar el gobierno".

Las transferencias a las provincias tampoco podrá aportar mucho, ya que el año pasado fueron el 0,3% del PBI. El año electoral y el aumento que tuvieron en los primeros meses del año plantean un obstáculo en este frente.

Las alternativas que ven desde LCG que le quedan al Gobierno son el gasto operativo, los programas sociales y los subsidios.

En el caso de los subsidios, representan un 1,5% del PBI y un 10% del gasto total. El obstáculo es la baja de la inflación. "El hecho de que se insista en querer mostrar un sendero desinflacionario antes de las elecciones, junto con la posibilidad de que un cambio en la estrategia cambiaria también impacte en precios, puede restar probabilidades en que se haga rápido y lo que se termine modificando en tarifas sea demasiado poco", puntualizaron.

En materia de gasto operativo primó la licuación de los ingresos (en especial los públicos, que según IARAF están un 35% por abajo de su nivel de 2017), del bono a jubilados (fijado en $70.000 desde marzo del año pasado) y de otros programas sociales vinculados al salario mínimo, vital y móvil. A esto se sumaron los más de 40.000 despidos en el Estado.

"La existencia todavía de nichos de ineficiencia y privilegios seguramente pueda ser parte de una "motosierra" más estudiada y menos compulsiva que intente mejorar la eficiencia del Estado y no su achicamiento per se", dijeron desde LCG.