Medio centenar de periodistas firman contra la imputación de cuatro compañeros: "Puede afectar al derecho a la información"

Un total de 55 periodistas de tribunales han firmado un comunicado remitido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el que alertan de que la imputación de cuatro de sus compañeros por la filtración de un informe de la UCO puede "afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz". El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, dirigido por la jueza Adelaida Medrano, ha citado a declarar a estos cuatro periodistas de 20minutos, El País y El Mundo el próximo 19 de junio como presuntos autores de un delito de revelación de secretos.

La instructora los investiga por la filtración de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presuntamente revelar secretos concernientes a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El juzgado madrileño abrió diligencias después de que Pilar Rodríguez y el fiscal general trasladaran al juez que los investiga en el Supremo una queja por la filtración del mencionado informe. Tras recibir la queja, el instructor dedujo testimonio a los juzgados de Madrid, y el número 20 abrió diligencias en las que se atribuye un delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal a cuatro de los periodistas que publicaron información sobre el informe.

En un comunicado, remitido también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, y a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, los 55 profesionales del periodismo manifiestan, en primer lugar, "su pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos" están "sometidos a la ley y a la Justicia". Con todo, los firmantes señalan que no pueden "compartir la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional".

"Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio ('chilling effect') que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas", alerta el escrito.

Igualmente, el comunicado recuerda que las quejas presentadas ante el juez instructor del Tribunal Supremo no aludían en ningún caso al artículo 199 del Código Penal al que acude la jueza. Al contrario, invocaban el artículo 466.2 del Código Penal o al 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de normas que "conciernen a las partes del proceso judicial o a funcionarios al servicio de la Administración de Justicia", pero no "a los profesionales de los medios de comunicación, amparados por el secreto profesional que consagra la Constitución Española".

Este derecho constituye "una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional", subraya el comunicado firmado por más de medio centenar de periodistas.

En último lugar, los firmantes dedican un párrafo a "reivindicar la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada".