Hacer 'cómplice' a la industria o que el Estado compre las centrales o su electricidad, ideas para una prórroga nuclear

En medio de los llamamientos cada vez más insistentes para que Gobierno y empresas propietarias lleguen a un acuerdo para extender la vida útil de las centrales nucleares, la falta de concreción de momento sobre lo que quieren las propietarias y lo que estaría dispuesto a ofrecer el Ministerio para la Transición Ecológica se suple con ideas para mantener la actividad de las centrales más allá de la fecha de cierre prevista. Entre ellas aparece la posibilidad de convertir al sector industrial en un "cómplice" del sector nuclear o que el Estado compre la electricidad que generen o, incluso, las mismas centrales nucleares.

Estas tres posibilidades tienen en común que contribuyen a que las centrales reduzcan la carga fiscal que aseguran que ahora mismo les impide continuar y hacer frente a las inversiones millonarias que tendrían que hacer para poder seguir funcionando más años. También en que, si no del todo, contribuyen a sortear los varios "riesgos" de tipo político que el sector nuclear observa en un eventual permiso para extender la vida útil de las centrales.

Sobre esta cuestión reflexionaron hace unos días expertos en el sector de la energía reunidos en Madrid por la CEOE y Foro Nuclear, en un foro en el que el exministro socialista Jordi Sevilla apostó abiertamente por una prórroga de 10 años de la actividad de las centrales nucleares y por que el Gobierno rompa su tabú "nucleares no" -como ya ha hecho con la inversión en Defensa- en un mundo cada día más atribulado. Las eléctricas dueñas de las centrales, de gobiernos regionales como los de Extremadura y Madrid y del PP en bloque, así como el PSOE en Extremadura o el sindicato más cercano a este partido, UGT, piden un cambio en el calendario del cierre nuclear -escalonado, entre 2027 y 2035, empezando por la cacereña Almaraz-

Entre los participantes, el experto en energía y sistema eléctrico y director de la consultora Nera, Jorge Sanz, expuso los "riesgos" para las propietarias de las centrales de extender su vida útil y las soluciones para superarlos, al menos en parte, en un contexto que "no es sencillo". En general, el objetivo debería ser que las centrales no pierdan dinero por el pago de impuestos "recaudatorios" como la subida de la tasa Enresa del año pasado -que no la tasa en sí misma, por gestionar los residuos nucleares y desmantelar las centrales-, y el que grava la producción de residuos y su almacenamiento, así como las ecotasas autonómicas. También, que salieran las cuentas después de realizar las inversiones que a buen seguro exigirá el Consejo de Seguridad Nacional para tenerlas funcionando más allá de su vida útil oficial de 40 años.

Riesgo político, de Enresa y en Bruselas

Según explica Sanz a este periódico, además de la reclamación contra impuestos que consideran injustificados o la subida extra de la tasa Enresa, las empresas nucleares conviven con el temor a no recuperar las inversiones que exigiría el CSN si el Gobierno accediera a sus demandas de pagar menos impuestos y a extender la vida útil de las centrales. En el primer "riesgo" de calado político que identifica el experto está que este y otro Gobierno decidiera simplemente volver a subir o exigir el pago de impuestos a las centrales, que ya habrían hecho unas inversiones que no podrían recuperar. "Sospechan porque ya ha sucedido", explica en relación a la llamada "garantía de potencia" que retribuía la generación eléctrica con gas antes de diluirse en 2007 en un “pago por capacidad” no asegurado.

El segundo "riesgo" es "el de Enresa" y tiene que ver con el coste real de la futura gestión de residuos y desmantelamiento de las centrales cuando toque. Hasta entonces, las cantidades que cubre la tasa Enresa no son más que estimaciones, que no se confirmarán hasta llegado el momento, cuando si la factura es mayor y para entonces las centrales ya han cerrado, la diferencia la pagarán los consumidores. "El incentivo es cerrar", dice Sanz, porque así las centrales se aseguran que no tendrán que pagar ante un eventual cambio de ley que dijera que tendrían que pagar años después de su clausura. Por eso, dice Sanz, habría que "buscar una solución para que las empresas no tengan el incentivo de cerrar ante el riesgo de que cambie la norma y les toque pagar incluso habiendo cerrado".

El tercer y último riesgo está en Bruselas y se llama Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, que ahora dirige Teresa Ribera y que deberían analizar cualquier acuerdo entre las propietarias y el Gobierno para extender la vida útil de las centrales nucleares. Sanz señala que no se trata tanto por el papel que pueda tener Ribera, que siendo vicepresidenta del Gobierno se negó a oír hablar de esta cuestión, sino por una cuestión de tiempo, de que los plazos de análisis son largos, que el cierre de Almaraz está a la vista y "ni siquiera hay una solución sobre la mesa" que pudiera estudiar la Comisión Europea. "El riesgo no es tanto

Recurrir a la industria o al Estado

Teniendo en cuenta los distintos riesgos, Sanz avanza tres posibles opciones para mantener abiertas las centrales, que sus propietarias recuperaran las inversiones exigidas y sin posibilidad de verse perjudicadas por un cambio de ley. Aunque "ninguna opción es perfecta porque no resuelve todos los problemas", aclara.

La primera consiste en hacer a la industria y al sector electrointensivo "cómplices" de las centrales nucleares frente a futuros cambios legales. En este caso, centrales e industria cerrarían contratos de compra de electricidad por 10 años -poniendo que ese fuera el plazo de extensión de la actividad- a un precio "competitivo" que refleje la cotización en el mercado al plazo habitual pero con un "descuento" que asumiría en parte la reducción fiscal que se les habría concedido. Al ofrecerles con él la electricidad más barata, cabe esperar que la industria también se opondría a futuros cambios de ley -por ejemplo, para subirles los impuestos rebajados- en una presión que sería más efectiva que solo la de las propietarias de las centrales, que, a su vez, se garantizarían recuperar las inversiones con estos contratos de compra a una década vista.

Como esta solución no resuelve "el riesgo de Enresa", Sanz plantea una "solución ad hoc", que consista en que las centrales pasen a manos de esta empresa pública desde el mismo momento en el que cierren y no en tres años como dice la ley, de modo que ya no tendrían que pagar nada si después hay un cambio de ley. Según explica Sanz, las eléctricas recuperarían su inversión en las centrales, que estaría incluido entre los costes que debería cubrir el precio garantizado, y descartarían cambios fiscales porque, de otro modo, el Estado tendría que asumir un aumento del coste de la electricidad que les compra.

La segunda propuesta es que, en lugar de vender la electricidad a la industria, se la vendiera al Estado por medio de contratos por diferencias, una figura en la que el Gobierno garantiza el pago de un precio por ella a las centrales, aunque cotice por debajo en el mercado y, a la inversa, las eléctricas reembolsarían la diferencia si el precio real es superior al pactado con el Gobierno.

Como en la solución anterior, el experto reconoce que el "riesgo" relacionado con la política europea de Competencia seguiría ahí. "Querrá verlo", dice sobre un eventual acuerdo de compra-venta entre centrales y Gobiernos sobre el que no habrá problema si fuera con la industria, porque sería entre dos partes privadas y no con un regulador. Tiene también el problema añadido de frenar la liquidez del mercado a plazo si toda la energía nuclear va al mismo comprador, en este caso un regulador estatal, que podría resolverse si después el propio Gobierno revendiera esa electricidad en subastas reguladas como las que organiza el Ministerio para la Transición Ecológica con tecnologías renovables.

De la misma manera y aunque hay precedentes en Francia y, más recientemente en Bélgica, Bruselas también querría estudiar la tercera solución que plantea el director de Nera, que, en lugar de comprar la electricidad que general, el Estado adquiriera las centrales nucleares, pero encomendando a sus actuales propietarias -es decir, a Iberdrola, Endesa y Naturgy- que siguieran operándolas. "La titularidad y los beneficios pasan al Estado" a cambio de una retribución que debería incluir todos los costes, incluidos las inversiones para mantenerlas en funcionamiento más años, de modo que tampoco aquí habría riesgo de no recuperarlas y los impuestos se "cambiarían" por la parte de ingresos por venta de la electricidad que irían a parar al "nuevo titular", en Estado.