Los médicos y hospitales que dan servicio a Muface se rebelan contra las nuevas condiciones del concierto

La nueva licitación de Muface deja un sabor agridulce. El alivio del Gobierno tras atar el concierto para los próximos tres años y la conformidad de las aseguradoras choca con el malestar que impera entre los encargados de ofrecer este servicio, que son los centros hospitalarios y el personal sanitario. En el primer caso, a través de ASPE, la patronal de la sanidad privada, han elaborado un documento que recoge siete medidas con el objetivo de "garantizar las condiciones asistenciales de calidad".

"Una vez realizado el esfuerzo económico por parte del Gobierno, toca dotar a los prestadores finales del servicio de las bases para que el servicio sea de calidad", indican, al tiempo que piden tener "altura de miras" de cara a ofrecer una remuneración "justa" a hospitales y clínicas repartidos por todo el territorio nacional. En este contexto, ha enviado un escrito a la dirección general de Muface con medidas que abarcan desde asegurar un nivel mínimo de accesibilidad, con tiempos de espera en consultas, cirugías menores o manejo de diagnósticos graves que no superen en ningún caso los 20 días.

Los pliegos de la licitación contemplan un tiempo máximo establecido de 30 días para ser atendido por un especialista, 48 horas si es asistencia primaria, tiempo que en caso de incumplir abocará a las aseguradoras a ser sancionadas con multas que varían en función de la gravedad. En este contexto, en aras de descongestionar las listas de espera y mejorar la "eficiencia", plantean la necesidad de "brindar" a los mutualistas una oferta digital que permita atender a los pacientes en remoto.

"Creemos que el contrato tiene que disponer de excelencia asistencial para evitar que el propio sistema reduzca la frecuentación (tasa de uso de la prestación sanitaria por el usuario) y éste se sienta peor atendido", defiende Rus. Por esta razón, instan a prohibir que dicha tasa sea transferida al operador sanitario por parte de las aseguradoras, un factor clave de cara a evitar la subcontratación de un riesgo que debe ser inherente a la compañía adjudicataria.

En esta línea, también instan a Muface a publicar con "información correcta" el cuadro médico, cómo se denomina en la jerga a la red de centros y servicios de salud concertados que trabajan con una determinada aseguradora para que el mutualista conozca todas las instalaciones a las que tiene acceso. Precisamente, desde Unipromel también han puesto el foco en esta especie de 'páginas amarillas' sanitaria, tras exponer la "imposición de precios" que se les exige a los profesionales con consulta propia.

Ignacio Guerrero, presidente de esta organización, arremete contra la "presión" que sufren desde las aseguradoras a la hora de fijar las condiciones económicas bajo amenaza de ser "expulsados" del cuadro médico. En su opinión, este escenario restringe la libre elección y "limita" el derecho del paciente a elegir por quién quieren ser atendidos. El representante de los médicos autónomos ha sido uno de los más críticos tanto con Adeslas como con Asisa y DKV, las compañías que venían dando cobertura hasta ahora.

En concreto, Guerrero ha denunciado la "precariedad" laboral a la que se ven sometidos estos profesionales, que reciben entre 8 y 9 euros si se trata de una consulta general, 19 si es especialista, después de "varias décadas" con los honorarios congelados. Por este motivo, ahora exigen que la mejora de la oferta económica para los años 2025-2027 también repercuta en una actualización de tarifas hasta los 25 y 40 euros, respectivamente, lo que supone un aumento del 150% más.

Desde Grupo Mutua, que controla SegurCaixa Adeslas -una de las compañías que participarán en el próximo concierto-, achacan estos honorarios a las pérdidas que han registrado en los últimos años. "Los abultados números rojos que hemos registrado no nos permitían ser tan generosos con los proveedores. Hemos tratado de mantener subidas sobre el 6-7%, que vemos más que razonables", explicó durante la presentación de los resultados anuales el presidente de la compañía, Ignacio Garralda.

"Estamos dando un tratamiento razonable al personal. Cada uno tiene su enfoque. Ellos querían impulsar Muface Directo", ha explicado Garralda. Esta iniciativa, puesta encima de la mesa por Unipromel, abría la posibilidad de que hospitales y médicos autónomos se hicieran cargo de la asistencia de los funcionarios sin necesidad de contar con las aseguradoras como intermediarias. Guerrero buscaba con esta solución dar una salida a la crisis que atravesaba la mutualidad.

La asociación acaba de impulsar una plataforma para hacer frente a los "inaceptables" honorarios que cobran desde hace años. Por este motivo, piden que la mejora de la prima del 41,2% recogida en la oferta también se traslade a un incremento salarial. De hecho, ya amenazan con elevar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el abuso de "posición de dominio" que ejercen.

Tras conocer que Asisa y SegurCaixa Adeslas -a falta de subsanar un error- son las dos únicas aseguradoras que se han presentado a la licitación y deberán repartirse un contrato valorado en 4.429 millones, Guerrero ha solicitado una reunión con estas compañías de cara a analizar de forma conjunta "los efectos y las consecuencias" que tendrán las nuevas condiciones y amenazan, incluso, con una huelga en caso de que aprueben un alza de los baremos.