Las regiones infrafinanciadas se plantan en Sevilla contra la financiación singular para Cataluña

Este martes, Sevilla ha sido el escenario central de una reivindicación política y económica: la demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica. En esta ocasión, la voz cantante la han llevado las comunidades tradicionalmente más castigadas por el sistema vigente desde 2009.

Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia —por parte del Partido Popular— y Castilla-La Mancha —dirigida por el clásico díscolo socialista Emiliano García-Page— han unido sus voces en una jornada organizada por la Junta de Andalucía y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Allí han denunciado las desigualdades actuales y rechazado con firmeza la posibilidad de una financiación “singular” para Cataluña, fruto de un acuerdo junto a ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat.

El evento, celebrado en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, reunió a los consejeros de Hacienda de estas cuatro comunidades para analizar el actual marco financiero, denunciar su obsolescencia y exigir una reforma urgente. La demanda está alcanzando cotas históricas, ya que hablamos de un sistema que se rige por un diseño creado en 2009 y que ya estaba anticuado en el año 2014.

En un ambiente cargado de tensión territorial y con la negociación de un nuevo acuerdo fiscal con los partidos independentistas catalanes como telón de fondo, los representantes políticos alertaron del riesgo de fractura institucional y económica entre comunidades si se perpetúa un trato diferenciado. De hecho, el tiempo apremia y los republicanos catalanes presionan para que esto sea una realidad antes del 30 de junio de este año.

Y la solución o ‘parche’ que ofreció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la condonación de la deuda, tampoco estuvo exenta de críticas. La Junta de Andalucía ha expuesto su rechazo por considerarla una “maniobra contable” que no resuelve el fondo del problema. En la otra cara de la moneda, Castilla-La Mancha se mostró más receptiva. Su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió la condonación como un alivio necesario ante una deuda originada precisamente por la insuficiencia del sistema.

Por tanto, el epicentro de este conflicto que arrastra el Estado desde hace más de una década sigue y seguirá siendo la financiación autonómica. El puño de hierro de la Junta de Andalucía y anfitriona de la convención, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, fue crítica, como de costumbre, con el Gobierno central, acusándolo de priorizar los intereses parlamentarios sobre los criterios de equidad. España lamentó que Andalucía reciba 183 euros menos por habitante que la media nacional, y hasta 788 euros menos que La Rioja. Desde su perspectiva, un sistema que permite tales diferencias “no puede calificarse de justo”.

El portavoz socialista, Francisco Cuenca, en rueda de prensa ha pedido precisamente un trato igual de justo o la "mínima decencia" de estas regiones con el Gobierno de España, "que en los últimos siete años, se ha encargado de hacer que las Comunidades reciban un 46% más de recursos que cuando estaba Mariano Rajoy". 

Durante la jornada se presentó un informe técnico elaborado por el IVIE que cifra en 137.000 millones de euros las necesidades globales de reforma del sistema de financiación. Según este estudio, desde 2009, Andalucía ha dejado de recibir más de 13.400 millones de euros; la Comunidad Valenciana, 20.000 millones; Murcia, 4.000 millones; y Castilla-La Mancha, cerca de 2.000 millones. Datos que reflejan una infrafinanciación estructural que, según los consejeros, lastra el desarrollo económico y social de sus territorios.

Ruth Merino, responsable de Hacienda en la Generalitat Valenciana, calificó la situación como “crónica y estructural” y señaló que su comunidad debe asumir déficits constantes para intentar equiparar el nivel de gasto público con la media. Criticó también la dependencia del Gobierno central respecto a los partidos independentistas, al considerar que esta debilita su capacidad de tomar decisiones equitativas para el conjunto del país.

Por su parte, Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, ilustró la brecha con una metáfora deportiva: “Esto es como una carrera de 100 metros donde nosotros partimos 20 metros detrás”. Marín aseguró que, si su comunidad dispusiera de los mismos recursos que la media, su presupuesto sería un 11 % mayor, y hasta un 23 % más alto si se igualara con la autonomía mejor financiada.

Sobre la reunión, también se ha pronunciado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que se ha mostrado seguro de que de la reunión que mantienen este martes en Sevilla consejeros de Hacienda de comunidades gobernadas por el PP no va a salir ningún acuerdo sobre un modelo de financiación autonómico porque los 'populares' en "cada sitio de España dicen algo diferente".

"Cada uno tiene un modelo diferente", ha asegurado Gavira, para quien hablar sobre el sistema de financiación autonómica "es un debate artificial", ya que "estamos hablando de un sistema que ya se ha demostrado que genera desigualdad y discriminación entre los españoles”.

Lo que es cierto, es que con las elecciones autonómicas andaluzas en el horizonte y un Gobierno central condicionado por sus pactos parlamentarios, la financiación autonómica vuelve al centro del debate político. El último Centra (CIS andaluz) puso como uno este como uno de los asuntos más consultados a la ciudadanía. La encuesta lo destacó, aunque los andaluces no lo consideren como uno de los principales problemas.

 Lo que hoy demandan desde Sevilla, Valencia, Murcia y Toledo no son privilegios, sino un trato equitativo que permita ofrecer a sus ciudadanos los mismos servicios públicos que al resto de los españoles. Porque, como repitieron en varias intervenciones: no puede haber soluciones singulares para problemas estructurales.