La Justicia confirmó un fallo que obliga al Gobierno a presentar informes mensuales sobre las políticas alimentarias

La Justicia confirmó un fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a presentar informes mensuales sobre sus políticas alimentarias, en respuesta a un amparo colectivo presentado por las organizaciones sociales.

La decisión fue tomada por la sala III de la Cámara contencioso administrativa y dejó, una vez más, interpretaciones contrapuestas entre las partes.

Por un lado, la cartera que dirige Sandra Pettovello, que interrumpió la distribución de alimentos en los comedores comunitarios para asistirlos a través de una tarjeta, se siente respaldada por la Justicia: entienden que el juez de primera instancia, Walter Lara Correa, y ahora la Cámara validan el cambio de esquema.

Las organizaciones sociales, en abierto enfrentamiento con el Gobierno desde el comienzo de gestión, celebraron que la Justicia consagrara el derecho a una alimentación adecuada y le pidiera informes mensuales al ministerio. “Ya son 12 los jueces federales que se pronunciaron contra las políticas regresivas de Milei y Pettovello”, dicen desde la UTEP.

“Lo único que pide la Cámara en el fallo es que se ratifique la obligación de presentar informes periódicos, pero en ningún momento ordena que se vuelva a entregar alimentos”, contraponen en el ministerio.

Con la firma de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, la sala confirmó el fallo de Lara Correa, de octubre pasado, que avaló solo “parcialmente” un amparo colectivo presentado por distintas organizaciones sociales para reanudar el reparto de alimentos.

En aquella oportunidad, el juez ratificó el derecho a la seguridad alimentaria y, en línea con ello, le ordenó al ministerio cesar con la “conducta omisiva” y presentar mensualmente un informe que dé cuenta de las políticas públicas en el rubro. Entre otras cuestiones, debía identificar a las personas alcanzadas por la asistencia.

En el ministerio, consideran que si la Justicia avala el cambio de esquema en el reparto de los recursos para los coemdores, no debieran someter al ministerio a una entrega periódica de informes, y por eso apelaron el fallo.

En su momento, el fallo de Lara Correa también dejó lecturas contrapuestas. Las organizaciones sociales lo interpretaron como un precedente histórico que fijaba un nuevo piso de responsabilidades en materia alimentaria.

En Capital Humano –que luego terminaría apelando la sentencia por la imposición de los informes–, se celebró que el juez hubiera dejado solo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como sujeto activo de legitimación, y no a la UTEP, de la cual Juan Grabois es referente; y que el juez “reconociera” parte del trabajo realizado en el rubro.

Ahora, en línea con el dictamen del fiscal, la Cámara afirmó que el ministerio no pudo contraponer a la sentencia uno de los argumentos que blande en el frente alimentario: que la Justicia no puede inmiscuirse en la tarea de definir las políticas alimentarias.

“Desde la perspectiva indicada, tampoco le asiste razón al demandado para agraviarse respecto a los deberes, esencialmente de información, que le han sido impuestos. Lo dispuesto en la instancia anterior, no conlleva una medida que importe inmiscuirse en las potestades predominantemente discrecionales que asisten a la Administración para la persecución de sus cometidos –en el caso, garantizar derechos alimentarios de personas de sectores vulnerables–, sino que constituye un medio adecuado para corroborar y asegurar el cumplimiento de la sentencia", dice el fallo de la Cámara.

“Como bien se advierte en el dictamen fiscal, de una lectura integral del decisorio, surge con claridad que el alegado incumplimiento de los deberes en relación con el derecho a la alimentación resulta consecuencia de una orden judicial de naturaleza cautelar”, dice el escrito.

Desde el Ministerio de Capital Humano no hubo aún un comunicado oficial sobre esta decisión de la Justicia.

Compra de alimentos

En la semana trascendió que desde febrero de este año comenzó a estar bajo investigación una compra de alimentos por 14 mil millones de pesos ordenada por la ministra Pettovello hacía un año. El fiscal Franco Picardi busca esclarecer si la titular de la cartera podía, con su sola firma, autorizar una compra de ese monto sin el aval del jefe de Gabinete, que en aquel momento era Nicolás Posse.

Por eso, pidió informes tanto a la organización internacional, el PNUD, como a la jefatura de Gabinete.

En el ministerio sostienen que el acuerdo con la organización internacional se dio en el marco de un convenio histórico y que, por ende, no requería ninguna firma adicional.

El fiscal Picardi también busca “indagar todos los aspectos relacionados con la transferencia de aquellos fondos al PNUD, y con el pago realizado en concepto de gastos de gestión (420 millones de pesos), a fin de verificar si las asignaciones y la utilización de los fondos se ajustó a lo dispuesto por las normativas legales aplicables”, según dice le dictamen.