La Junta socialista de Andalucía adjudicó Aznalcóllar al socio del mayor desastre ecológico de México

La Junta de Andalucía, bajo el gobierno socialista presidido por Susana Díaz y con María Jesús Montero como consejera de Hacienda y figura clave del Ejecutivo, adjudicó en 2015 la explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio Minorbis-Grupo México. La operación, actualmente investigada por los tribunales, benefició a un grupo sin experiencia minera real, cuyo socio internacional estaba implicado en el mayor desastre medioambiental de la historia reciente de México: el vertido tóxico del río Sonora.

El proceso de adjudicación está bajo sospecha por, presuntamente, haber favorecido a Minorbis-Magtel a través de una maniobra administrativa que ocultó sus carencias técnicas y financieras. Pero la declaración más contundente ha llegado recientemente, en sede judicial, de la mano de Mercedes Galindo, Directora de Comunicación y Adjunta a Presidencia del Grupo Magtel. Su testimonio ha dejado al descubierto la estrecha relación entre Vicente Fernández Guerrero, entonces director general de Industria, Energía y Minas de la Junta socialista de Andalucía, y los responsables de la empresa.

Según Galindo, Minorbis recibió asesoramiento directo de Vicente Fernández Guerrero durante la preparación de la oferta presentada al concurso. Su testimonio confirma que existió una colaboración constante con el alto cargo de la Junta, al que la testigo sitúa como interlocutor privilegiado y facilitador en todo el proceso. Este extremo ha sido considerado por los investigadores como una pieza clave que refuerza la tesis de que el procedimiento fue manipulado desde dentro para beneficiar al grupo elegido de antemano.

Vicente Fernández Guerrero no era un funcionario cualquiera. Era uno de los hombres fuertes de María Jesús Monterodentro del aparato administrativo andaluz. En su etapa como consejera de Hacienda (2013-2018), Montero concentró un poder transversal sobre el control de fondos, autorizaciones administrativas y planificación industrial. Fernández, bajo su órbita, fue quien rubricó la evaluación de la oferta presuntamente sin realizar comprobaciones mínimas sobre el historial de los socios ni sobre su capacidad técnica.

Grupo México

En paralelo, Grupo México, socio oculto bajo el paraguas de Minorbis, había protagonizado en agosto de 2014 un vertido de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado desde la mina Buenavista del Cobre en el estado de Sonora, México. La catástrofe afectó a más de 22.000 personas y contaminó el suministro de agua de siete municipios. Sin embargo, la Junta andaluza no sólo no habría valorado este antecedente, sino que tampoco habría exigido documentación ambiental ni legal alguna al gigante mexicano.

La UCO de la Guardia Civil ha documentado que Minorbis se constituyó exclusivamente para concurrir al concurso de Aznalcóllar, sin actividad previa y sin recursos propios. Su solvencia se basaba únicamente en la alianza con Grupo México, una empresa con antecedentes contaminantes que en ningún momento fue formalmente evaluada como licitadora, lo que permitió sortear los controles más exigentes.

Además de las declaraciones y documentos ya en poder del juzgado, los informes policiales señalan que Vicente Fernández Guerrero se comunicó con frecuencia con directivos de Magtel y participó en decisiones clave. La falta de transparencia, la opacidad del proceso y la omisión de aspectos fundamentales en la valoración de las ofertas refuerzan la sospecha de un concurso amañado desde dentro para beneficiar a un grupo empresarial bien conectado con el poder político.

María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, jugó un papel de máxima influencia en aquel gobierno autonómico, y muchos de los cargos que ejecutaron el proceso de adjudicación estaban bajo su estructura orgánica o política. Aunque ella no figura como investigada en esta causa, el caso Aznalcóllar vuelve a poner el foco sobre las prácticas opacas del socialismo andaluz durante su etapa de hegemonía institucional.

A día de hoy, el proceso continúa judicializado y ha motivado la imputación de varios altos cargos. La mina sigue sin explotar, paralizada por un proceso contaminado de sospechas y decisiones políticas al margen del interés general.