La juez de la dana muestra discrepancias con el fiscal y marca duramente a las defensas

La instrucción judicial de la gestión de la dana avanza a buen ritmo, aunque todo indica que será larga y complicada. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, se encarga desde hace tres meses a investigar lo sucedido el pasado día 29 de octubre –con dedicación exclusiva–. Las discrepancias con la Fiscalía ya no se disimulan en este breve tiempo de instrucción transcurrida y tampoco el duro marcaje de la magistrada a las defensas de los, hasta ahora, dos únicos investigados (la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico del mismo departamento, Emilio Argüeso).

En lo referente a las sinergias entre la juez y el Ministerio Público se puede concluir que eran más fluidas al principio de la instrucción que las existentes en este momento. El equipo de cinco fiscales (con diferentes especialidades) que colaboran con la magistrada, encabezados por Cristóbal Melgarejo, sí ha sido claro al discrepar con la condición de investigado que la juez ha fijado para Emilio Argüeso, al entender que no le corresponde en este momento de la investigación.

El nivel 2

El exsecretario autonómico de Emergencias tenía responsabilidades en el nivel 1 de la Emergencia pero en el nivel 2 el mando pasaba a la exconsellera Salomé Pradas, en una codirección con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El recurso de la Fiscalía para revocar la condición de investigado de Argüeso fue denegado por la juez y la Audiencia Provincial deberá resolver próximamente esta cuestión (algunas fuentes apuntan que antes del verano).

Paralelamente hay un debate en el Ministerio Público (que comparten algunas de las partes personadas), no explicitado en la causa, sobre las dificultades que tiene la causa de progresar en la vía penal y consideran que la contencioso-administrativa podría ser la más pertinente.

Sí ha sido más público el parecer distinto entre la juez y la Fiscalía en cuanto al papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la mala gestión del día de la dana. La magistrada centra toda la responsabilidad en la Generalitat y no ha abierto el foco pese a los informes recibidos, como el del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que apuntaban también a la responsabilidad del Gobierno por no activar el Plan Estatal de Protección Civil; a la falta de información ofrecida por la CHJ; y a la inacción de muchos ayuntamientos pese a tener las competencias de la protección de la población.

¿Falta de información?

La Fiscalía, por contra, sí ha abierto esa posibilidad de encontrar una 'multirresponsabilidad' en lo sucedido (hay que recordar que se analiza la comisión de presuntos delitos de homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave). La juez sólo valora, hasta ahora, la falta de avisos a la población por parte de la Generalitat Valenciana, y el fiscal ha decidido pedir que se solicite información a la CHJ sobre si aconsejó o no en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la forma en la que se debía proceder ante la enorme masa de agua que bajaba por el barranco del Poyo y que en teoría debían recoger sus sistemas de información.

Al margen de esta relación entre la juez y la Fiscalía, también llama la atención en estos tres meses el duro marcaje al que la magistrada somete a las defensas de Argüeso y Pradas a quienes ha denegado sus peticiones (la más relevante la petición denegada de revocación de su condición de investigados).

En la declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se pudo ver el 'placaje' a la defensa de Pradas que llegó al punto de una discusión sobre legislación nacional en la que el letrado de la exconsellera de Emergencias se apoyaba para realizar algunas de sus preguntas. La juez, en un auto posterior, censuraba la actitud de las defensas y de algunas partes, al considerar que intentaron realizar un interrogatorio a una testigo más propio del que correspondería a una investigada.

Único responsable

La sensación que cunde entre los equipos jurídicos de las defensas es que hay un cierto grado de predeterminación en la instrucción. La realidad es que la magistrada no ha tenido en cuenta hasta la fecha nada que no sea la responsabilidad de la Administración autonómica y reitera el ofrecimiento de que declare voluntariamente (al estar aforado) el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El Gobierno tenía la codirección en el nivel 2 de la Emergencia, la obligación de suministrar información a través de los organismos estatales y la potestad de declarar el nivel 3 a tenor de la magnitud de la catástrofe, pero no lo hizo. Los Ayuntamientos no convocaron los órganos de emergencia local pese a ser los garantes de la protección civil de sus vecinos. Y la Generalitat actuó de manera tardía. La juez, sin embargo, sólo valora en estos tres primeros meses de la instrucción, la actuación del Gobierno valenciano, que considera negligente.

Autos llamativos

Otra de las cuestiones que llama la atención son las consideraciones que utiliza la juez de la instrucción en sus autos, normalmente muy emocionales, donde llega a ironizar con la actuación de los miembros del Cecopi de quienes dice que parece que al entrar allí "perdían la memoria" y olvidaban todo aquello que les rodeaba.

A falta de ver cómo puede cambiar el rumbo de la instrucción la declaración, de momento como testigo, del presidente de la CHJ, Miguel Polo, o de otros actores fundamentales en aquella jornada del 29 de octubre como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, todo sigue apuntando a la Generalitat.

La juez, que es muy diligente en sus actuaciones, sigue mostrando empatía con todos los familiares de víctimas que han ido pasando por el Juzgado en un sinfín de relatos desgarradores.

Su interlocución con ellos tiene por objeto hacerles ver que es posible encontrar responsabilidades penales, aunque es también un riesgo que puede llevar a la frustración, añadida a la pérdida de sus familiares, si finalmente no se logra materializar para ellos una lógica esperanza de reclamar justicia por lo sucedido.