Juan Carlos de Borbón elige a Revilla para defender su honor en los tribunales tras cinco años desaparecido

Los tribunales españoles se preparan para vivir una batalla inédita entre los máximos exponentes del concepto 'campechano': Juan Carlos de Borbón ha demandado a Miguel Ángel Revilla. El monarca emérito pide 50.000 euros al expresidente cántabro por varios años de declaraciones y críticas sobre la gestión de su fortuna y la 'cara B' de su vida personal, su primer movimiento judicial a cara descubierta desde que abandonó España perseguido por las investigaciones fallidas de la Fiscalía. Los jueces tendrán que decidir si las palabras de Revilla están amparadas por las revelaciones que Anticorrupción puso de manifiesto cuando rechazó denunciar al rey: que sus posibles delitos estaban blindados para siempre por la prescripción o la inviolabilidad de la corona.

Las visitas de Miguel Ángel Revilla al Palacio de la Zarzuela siempre han sido un momento muy esperado para las cámaras y los micrófonos. Y la visible complicidad entre el político cántabro y el padre de Felipe VI se desarrollaba después en la gira de Revilla por los platós de televisión. Por ejemplo, cuando en 2007 reveló que Juan Carlos I estaba molesto con Federico Jiménez Losantos, algo que jamás habría verbalizado la propia Casa Real. Se trata, en todo caso, de un agujero de gusano en el universo campechano de dos figuras públicas que fiaban su éxito a su mímesis con el gran público.

La abdicación de 2014 dio paso a la triple investigación de la Fiscalía y, con ella, la exposición de todo lo que había estado haciendo Juan Carlos de Borbón a espaldas de los españoles, de Hacienda y por supuesto también de Revilla. Una fortuna millonaria oculta en el extranjero, relaciones extramatrimoniales y tratos opacos con empresarios que llevaron al entonces presidente de Cantabria a cambiar el carril del halago por el de la crítica y pisar el acelerador: “Hemos tenido un jefe del Estado que era un evasor fiscal”, dijo en 2021 mientras Juan Carlos de Borbón tapaba los agujeros de la investigación con pagos a Hacienda.

La lista de agravios televisados es larga y Juan Carlos I ha elegido a Miguel Ángel Revilla para acudir por primera vez a los tribunales a defender su honor. Lo hará a través de una abogada que se abrió un hueco en Twitter y alcanzó la categoría de columnista en varios medios de derechas: Guadalupe 'Lupe' Sánchez. La letrada está detrás de la estrategia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de demandar a todo aquel que se haya referido a él como “defraudador confeso” y también puso en marcha la demanda que terminó con la condena civil de Irene Montero a indemnizar al exmarido de una de las madres de Infancia Libre.

El currículum de Sánchez abarca más cosas. Una condena reciente en costas por demandar, sin éxito, al secretario general de Facua en nombre de los youtubers de derechas 'Los Meconios'. Y un robo en su casa que la Guardia Civil investiga como delincuencia común pero que Ayuso intentó vincular con la “operación de Estado” que, dice, hay desatada contra su pareja. En un comunicado, el despacho de la abogada no ha especificado qué declaraciones de Revilla denuncia, pero sí que el político ha usado “expresiones injurias, difamantes y oprobiosas” contra el monarca emérito desde 2022 hasta la actualidad.

El recorrido judicial del caso, salvo que la demanda tenga algún tipo de error incapacitante, será el habitual en estos casos: un acto de conciliación en el juzgado al que ni Revilla ni el monarca tendrán que acudir en persona y, si no hay acuerdo, Juan Carlos I le llevará a los tribunales por la vía civil, donde los jueces estudiarán sus declaraciones y tendrán varios factores en cuenta: si lo que dijo era verdad o se basaba en algo veraz, si sus palabras sobre el rey emérito formaban parte de un asunto de interés público y, en definitiva, si su libertad de expresión fue más allá del honor de Juan Carlos de Borbón.

Revilla ha contestado al anuncio de las medidas legales del monarca esgrimiendo, entre otros, un ejemplar de 'King Corp', libro que detalla la trayectoria de Juan Carlos de Borbón al margen de los focos, de Hacienda y de la sociedad española. Un prólogo de lo que tendrán que examinar los jueces que se hagan cargo de la futura demanda: si Revilla se ha limitado a plasmar y criticar lo que ya estaba revelado por la Fiscalía o si ha ido más allá.

Millones ocultos y dinero de empresarios

La abogada de Juan Carlos I todavía no ha especificado qué declaraciones concretas de Revilla ha decidido llevar a los tribunales. Solo que han sido emitidas desde 2022 hasta la actualidad: desde que la Fiscalía, en un mismo movimiento, blindó al rey emérito de cualquier investigación penal pero desnudó la gestión que había hecho de su fortuna durante años a espaldas de su país y su Hacienda. Tres años después de esos decretos de punto final, Juan Carlos de Borbón se ha lanzado a defender su honor en los tribunales, al margen de la Casa Real y eligiendo a Miguel Ángel Revilla de entre los cientos de personajes públicos que han comentado y criticado, con palabras mucho más gruesas, su trayectoria legal.

El monarca emérito emprende la guerra en los juzgados casi un lustro después de que, en plena tormenta de diligencias e investigaciones, Juan Carlos I abandonara España sin avisar para establecerse en Arabia Saudí. Desde entonces el padre de Felipe VI sigue instalado en Abu Dhabi viviendo una vida que solo ocasionalmente llega a España a través de revistas del corazón, visitas familiares y alguna aparición en eventos deportivos o actos de la realeza europea.

Su presencia pública se ha intensificado en los últimos años a raíz de que la Fiscalía archivara la triple investigación contra él, aunque sin trasladar su residencia a España de nuevo. De fugaces apariciones en Sanxenxo para navegar a bordo del 'Bribón' hasta visitas a Madrid para, por ejemplo, asistir a la boda de José Luis Martínez-Almeida.

Esas apariciones sociales han estado hasta la fecha ceñidas a su vida social, con escasas declaraciones y en la línea de la Casa Real, sin aludir de ninguna manera a lo que destapó la investigación de la Fiscalía. El movimiento del monarca emérito de acudir a un acto judicial de conciliación para obligar a Miguel Ángel Revilla a retractarse de sus críticas constituye su mayor exposición pública de los últimos cinco años con un telón de fondo: todo lo que afloró Anticorrupción aunque, finalmente, no fuera denunciado.

La Fiscalía siguió durante meses el rastro de la fortuna que Juan Carlos I había amasado en el extranjero. Los más de 60 millones de euros que le regaló la realeza de Arabia Saudí y que él terminó guardando en una cuenta en Suiza a nombre de una Fundación, pero también el dinero que almacenó en un 'trust' de Jersey, isla considerada durante años como un paraíso fiscal. Finalmente, una tercera ramificación del caso examinó los gastos opacos que diversos empresarios habían asumido por él, sobre todo en materia de viajes y billetes de avión.

La conclusión de Anticorrupción, tras asumir plenamente la causa que había abierto el fiscal Juan Ignacio Campo, fue que Juan Carlos I podría haber incurrido en varios delitos fiscales pero que ninguno de ellos era susceptible de juicio. El paso de los años sin que nadie pusiera la lupa sobre las finanzas del rey emérito había provocado la prescripción de la mayor parte del fraude, y el resto estaban protegidos por la inviolabilidad que le protegía antes de su abdicación de 2014.

El Ministerio Público dejó por escrito que entre 2008 y 2012 pudo dejar de pagar suficiente dinero a Hacienda como para ser llevado al banquillo. Pero allí donde no llegaron la prescripción o la inviolabilidad de la corona, tuvo éxito la estrategia de su abogado Javier Sánchez-Junco: ir pagando a Hacienda para saldar sus deudas antes, según la Fiscalía, de ser notificado formalmente de la apertura de diligencias.

Una lectura reposada de los decretos con los que la Fiscalía expuso la fortuna del rey emérito, al mismo tiempo que blindaba al monarca de cualquier consecuencia legal, permite ver la versión alternativa de su reinado: cómo se enriqueció a espaldas de Hacienda durante lo peor de la crisis económica de 2007 y cómo hacía exactamente lo contrario de lo que predicaba, año tras año, en sus discursos navideños.

El honor y la imagen de los monarcas se ha defendido tradicionalmente a través del Código Penal y el delito de injurias a la Corona. Uno de los delitos por los que fue condenado el rapero Pablo Hásel por su canción 'Juan Carlos el Bobón', o por el que ha sido recientemente multado un tuitero que instó a decapitar a Felipe VI. Ahora el debate y el campo de batalla son distintos: es un pleito civil de honor y, a diferencia de hace una década, la Fiscalía ha dejado por escrito todas las irregularidades por las que Juan Carlos I nunca tuvo que responder.