Gobierno y Junts pactan la reubicación de menores inmigrantes: Cataluña acogerá 30 y Madrid 700

El Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto que reforma la ley de extranjería y establece unos criterios mínimos para la reubicación de los menores migrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas cuando un territorio esté sobrepasado. Lo hará tras haber llegado a un acuerdo con Junts, cuyos votos serán clave para sacar adelante la iniciativa en el Congreso de los Diputados, donde en julio de 2024 ya fracasó el primer intento de aprobar esta reforma, que fue tumbada entonces, precisamente, por los de Carles Puigdemont, junto con el Partido Popular y Vox.

Así, y según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo mandará este martes la modificación legislativa a la Cámara Baja para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de aliviar la situación de las zonas más tensionadas, Canarias y Ceuta, y trasladar a en torno a 4.000 menores extranjeros al resto del país. No será una reubicación puntual, como se llegó a barajar en un momento dado, ya que la reforma que aprobará el Gobierno este martes será "una solución estructural y definitiva", aunque, según inciden las mismas fuentes, sí deberá renovarse cada año.

Concretamente, la iniciativa reforma el artículo 35 de la ley, que ahora mismo deja a la voluntad de las comunidades autónomas la acogida de los menores migrantes procedentes de otros territorios cuyos sistemas de acogida estén sobresaturados. El nuevo decreto busca enmendar eso y hacer obligatoria la acogida cuando se supere el 150% de la capacidad de de un territorio concreto (Canarias, por ejemplo, ahora mismo la triplica). Un reparto que se hará según una serie de criterios ya acordados, como la tasa de paro, la dispersión territorial, población, la renta per cápita o el "esfuerzo previo" que cada autonomía haya realizado en la acogida de menores migrantes. Este último ha sido clave para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, cuya posición ha cambiado también drásticamente tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la delegación de competencias migratorias a la Generalitat.

Según ese indicador de "esfuerzo previo", hay comunidades como País Vasco o Cataluña que ya cuentan con muchas plazas de acogida y que apenas tendrían que acoger a menores extranjeros, algo que ha sido duramente criticado por las comunidades del PP. De este modo, y según explica Junts, el reparto se hará entre aquellas comunidades "que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el que ha realizado Cataluña". Según ese criterio, la formación independentista calcula que, de los 4.000 menores a reubicar, Cataluña acogerá a "entre 20 y 30", mientras que Madrid recibirá "más de 700" niños y adolescentes extranjeros.

En esa línea, el acuerdo incluye también que aquellas autonomías que hayan estado "por encima de la mediana de plazas estructurales que deberían tener" —como dicen los de Puigdemont que es el caso de Cataluña—, reciban una "compensación económica adecuada".

Desde el Gobierno explican que las cifras que ha hecho Junts diferenciando los menores que acogerán Cataluña y Madrid son cálculos de la formación independentista, pero de momento no hay una lista definitiva de distribución. Ahora, las comunidades autónomas tendrán en torno a un mes para trasladar al Ejecutivo central las cifras de su acogida a menores migrantes para que el Ejecutivo pueda, así, hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes son reubicados a cada territorio.

Meses de negociación para la "solidaridad obligatoria"

El acuerdo llega tras casi dos años de negociación, desde que Canarias empezó a pedir ayuda a finales de 2023 y arrancaron las conversaciones con el Ejecutivo central para tratar de encontrar una solución a la situación que, todavía a día de hoy, sigue sufriendo el archipiélago. Desde entonces, se ha pasado por varias fases, algunas en las cuales parecía que no iba a salir adelante ninguna modificación legislativa, bajo la desesperación del dirigente canario, Fernando Clavijo, que llegó a poner en marcha un protocolo en el que hacía al Estado competente de la tutela de los menores —que son responsabilidad del territorio de llegada— y que posteriormente fue tumbado por el Tribunal Constitucional (TC).

El problema, según han defendido el Gobierno central y Canarias desde el principio, era que el mecanismo que ha estado vigente hasta ahora no funciona, pues se basaba en la "solidaridad voluntaria" de las comunidades autónomas. Según este criterio, las autonomías aprobaban en las Conferencias Sectoriales reparto puntuales de niños y adolescentes migrantes, pero muchas veces eran insuficientes para la saturación que sufren algunos territorios o incluso no llegaban a hacerse en su totalidad pasados los meses.

Con la reforma, por tanto, se impondrá una "solidaridad obligatoria", que hará corresponsables a todas las comunidades de la acogida de los menores extranjeros no acompañados que se encuentren viviendo en sistemas de acogida saturados.

El presidente canario ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado este martes, si bien ha asegurado que desconoce el texto definitivo. Eso sí, ha dicho que la confirmación se la dieron la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tras unas negociaciones que han durado "hasta última hora".

Clavijo ha subrayado que es "una buena noticia para todos", ya que, en su opinión, "hoy le toca a Canarias y a Ceuta, pero pasado mañana le puede tocar a Andalucía o a la propia Valencia, a Baleares o a Melilla". Y ha apuntado que si cualquier comunidad "no quiere cumplir la ley, tiene dos opciones: o recurrirlo, que visiblemente lo recurrirán, pero mientras la ley sea ley, si la incumplen tendrán que pagar por ello".

A su juicio, Junts "no ha engañado a nadie", ya que "ha mantenido sus principios y hace valer sus votos", por lo que dijo que él "no" es "nadie para juzgar eso". Y ha criticado que mientras a algunos "se les llena la boca hablando de la España, de la solidaridad y del país", luego "probablemente no voten este decreto ley", en alusión a PP y Vox.