Ficha limpia, Corte sucia
El último miércoles hemos avanzado en mejorar la calidad de la “representación” en los poderes del Estado, con la media sanción al proyecto de ficha limpia.Diversas iniciativas se han presentado sobre este tema, en 2018 presenté uno para impedir que las personas que tuvieran doble condena por diversos delitos del Código Penal pudieran ser candidatos a cargos nacionales. En un país normal esto no sería necesario, pero aquí lo es.Paradójicamente, al mismo tiempo que, en la Cámara de Diputados, intentábamos aprobar (luego de 2 sesiones el año pasado sin quorum) el proyecto de “ficha limpia”, nuestros pares en la Cámara de Senadores abrían las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al muy cuestionado juez Ariel Lijo, presentando el dictamen con las firmas necesarias. Caramba, la Casa de las Leyes mostró así una contradicción difícil de ser comprendida para los ciudadanos preocupados por fortalecer las instituciones con personas probas e idóneas. Por lo que se encendieron las alertas. ¿Qué postura tomará la cámara alta finalmente frente a la media sanción de ficha limpia? Ficha limpia y Corte sucia no va.Pareciera que, por más esfuerzos que hagamos, no logramos ponernos seriamente de acuerdo en sostener postulados de decencia, idoneidad e independencia en los poderes del Estado. Estamos frente a un hito crucial en la lucha por la transparencia y la ética en la política nacional, pero también en la integración de la más alta magistratura.Es cierto, hemos conseguido la media sanción de un proyecto que establece impedimentos para que quienes tienen sentencias penales condenatorias en segunda instancia en delitos contra la Administración Pública no puedan postularse para cargos electivos, lo cual se corresponde con una necesidad urgente de renovar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y representantes. ¿Pero alcanzaremos su sanción definitiva?En un contexto en el que la corrupción, pero peor aún, la impunidad, han quebrado la confianza en la clase política y sus instituciones, la implementación de la ficha limpia se erige como un paso fundamental hacia un nuevo “contrato Moral” que restablezca con responsabilidad esa confianza. La mayoría de los argentinos no tiene conflictos con la ley, por lo tanto, pretende que sus representantes tampoco los tengan.Al abordar específicamente la inhabilitación de quienes han sido condenados por delitos que afectan la administración pública, se está enviando un mensaje claro: los representantes del pueblo deben poseer no solo la idoneidad técnica, sino también un compromiso moral irrompible hacia la comunidad. Este enfoque es comparable a normativas adoptadas en otros países de la región, como Colombia y Perú, donde se establece la inelegibilidad de condenados por delitos graves, sentando bases sólidas para la evolución de la ética política.Ya es tiempo de poner al alcance de la ciudadanía un mecanismo de control social sobre los líderes políticos; exigir que los candidatos declaren formalmente su ausencia de condenas penales, da lugar a una mayor transparencia en el proceso electoral, permitiendo a los votantes tomar decisiones informadas.La participación activa de los ciudadanos en este cambio cultural es vital, ya que ellos son los verdaderos guardianes de la democracia.El avance de la ficha limpia en la Cámara de Diputados no es simplemente un triunfo legislativo; es una declaración de intenciones de un país que busca dejar atrás prácticas corruptas y construir un futuro político más sólido y transparente.Urge, ahora, que el Senado vote a la altura de las circunstancias y cumpla con el deber que todos los argentinos estamos exigiendo. Sin acuerdos espurios que lleven a votar pliegos a cambio de que se caiga este proyecto, que representa la pretensión de gran pare del pueblo argentino.Una república pujante se construye no sólo con cifras macroeconómicas; requiere de instituciones sólidas integradas por funcionarios idóneos para el desempeño de sus cargos y honorables en su conducta para garantizar que sus decisiones sean independientes de cualquier tipo de manipulación.Diputada nacional de la Coalición Cívica
El último miércoles hemos avanzado en mejorar la calidad de la “representación” en los poderes del Estado, con la media sanción al proyecto de ficha limpia.
Diversas iniciativas se han presentado sobre este tema, en 2018 presenté uno para impedir que las personas que tuvieran doble condena por diversos delitos del Código Penal pudieran ser candidatos a cargos nacionales. En un país normal esto no sería necesario, pero aquí lo es.
Paradójicamente, al mismo tiempo que, en la Cámara de Diputados, intentábamos aprobar (luego de 2 sesiones el año pasado sin quorum) el proyecto de “ficha limpia”, nuestros pares en la Cámara de Senadores abrían las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al muy cuestionado juez Ariel Lijo, presentando el dictamen con las firmas necesarias. Caramba, la Casa de las Leyes mostró así una contradicción difícil de ser comprendida para los ciudadanos preocupados por fortalecer las instituciones con personas probas e idóneas. Por lo que se encendieron las alertas. ¿Qué postura tomará la cámara alta finalmente frente a la media sanción de ficha limpia? Ficha limpia y Corte sucia no va.
Pareciera que, por más esfuerzos que hagamos, no logramos ponernos seriamente de acuerdo en sostener postulados de decencia, idoneidad e independencia en los poderes del Estado. Estamos frente a un hito crucial en la lucha por la transparencia y la ética en la política nacional, pero también en la integración de la más alta magistratura.
Es cierto, hemos conseguido la media sanción de un proyecto que establece impedimentos para que quienes tienen sentencias penales condenatorias en segunda instancia en delitos contra la Administración Pública no puedan postularse para cargos electivos, lo cual se corresponde con una necesidad urgente de renovar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y representantes. ¿Pero alcanzaremos su sanción definitiva?
En un contexto en el que la corrupción, pero peor aún, la impunidad, han quebrado la confianza en la clase política y sus instituciones, la implementación de la ficha limpia se erige como un paso fundamental hacia un nuevo “contrato Moral” que restablezca con responsabilidad esa confianza. La mayoría de los argentinos no tiene conflictos con la ley, por lo tanto, pretende que sus representantes tampoco los tengan.
Al abordar específicamente la inhabilitación de quienes han sido condenados por delitos que afectan la administración pública, se está enviando un mensaje claro: los representantes del pueblo deben poseer no solo la idoneidad técnica, sino también un compromiso moral irrompible hacia la comunidad. Este enfoque es comparable a normativas adoptadas en otros países de la región, como Colombia y Perú, donde se establece la inelegibilidad de condenados por delitos graves, sentando bases sólidas para la evolución de la ética política.
Ya es tiempo de poner al alcance de la ciudadanía un mecanismo de control social sobre los líderes políticos; exigir que los candidatos declaren formalmente su ausencia de condenas penales, da lugar a una mayor transparencia en el proceso electoral, permitiendo a los votantes tomar decisiones informadas.
La participación activa de los ciudadanos en este cambio cultural es vital, ya que ellos son los verdaderos guardianes de la democracia.
El avance de la ficha limpia en la Cámara de Diputados no es simplemente un triunfo legislativo; es una declaración de intenciones de un país que busca dejar atrás prácticas corruptas y construir un futuro político más sólido y transparente.
Urge, ahora, que el Senado vote a la altura de las circunstancias y cumpla con el deber que todos los argentinos estamos exigiendo. Sin acuerdos espurios que lleven a votar pliegos a cambio de que se caiga este proyecto, que representa la pretensión de gran pare del pueblo argentino.
Una república pujante se construye no sólo con cifras macroeconómicas; requiere de instituciones sólidas integradas por funcionarios idóneos para el desempeño de sus cargos y honorables en su conducta para garantizar que sus decisiones sean independientes de cualquier tipo de manipulación.
Diputada nacional de la Coalición Cívica
