El parto no debía ser en Córdoba, sino en Buenos Aires, en una clínica preestablecida, con un obstetra contratado con antelación. Pero el embarazo se complicó y el bebé nació dos meses antes de la fecha prevista en un sanatorio de la ciudad cordobesa de Villa Allende. Hasta acá la historia no es muy diferente a la de otros nacimientos prematuros. Pero en este caso, a las complicaciones de salud del recién nacido, se sumaron complejidades legales, que derivaron en una investigación judicial.

Tras el nacimiento y la internación en neonatología del bebé, en noviembre de 2024, la mujer cordobesa que dio a luz le explicó al equipo médico del sanatorio que en realidad ella no era la madre del recién nacido, sino su gestante, y que la verdadera progenitora era una mujer francesa que, a través de una agencia porteña, la había contratado para llevar adelante el embarazo a través de un procedimiento conocido como gestación por sustitución. Tras su propia alta médica, la cordobesa volvió a su casa sin el menor, que continuó internado hasta mediados de enero pasado.

Según informaron desde la fiscalía, la mujer francesa, que había aportado sus óvulos y había pagado por el tratamiento y el embarazo de la gestante cordobesa, nunca apareció. Tras el parto, el centro médico informó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de Córdoba, que solicitó a la justicia cordobesa una medida de excepción y una medida de resguardo. Así, el bebé quedó provisoriamente al cuidado de una familia de acogimiento, con quien permanece hoy, hasta que se decrete su adoptabilidad.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa los grises, el vacío legal y las tensiones que gravitan en torno a la gestación por sustitución en la Argentina. El método de reproducción no está legislado en este país y se practica, tanto en su versión altruista como en su versión comercial, bajo el amparo legal de que todo lo que no está prohibido está permitido.

Según pudo saber LA NACION, actualmente hay 49 causas abiertas por casos de subrogación de vientres en los que la Justicia investiga “presunta explotación del cuerpo de mujeres gestantes”. Todos estos casos tienen en común la presencia de agencias nacionales o agencias internacionales con sede en la Argentina que contrataban gestantes, muchas veces provenientes en zonas vulnerables, para contactarlas con padres intencionales extranjeros. Una de estas agencias investigadas es la que contactó la gestante cordobesa con la comitente francesa que se ausentó tras el nacimiento del bebé.

En los 49 casos de “turismo de fertilidad” que investiga la Justicia, los nacimientos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires durante la vigencia de una medida cautelar de la justicia porteña, que rigió desde mediados de 2017 hasta septiembre del 2024, y que autorizaba a inscribir, en términos preventivos, a los menores nacidos por “gestación solidaria” a nombre de los padres intencionales, sin necesidad de una autorización judicial. De esta manera, durante la vigencia de la cautelar porteña, los menores nacidos en un vientre subrogado podían ser inscritos a nombre de sus progenitores mediante la aprobación por escribano de un “consentimiento previo, libre e informado” firmado por ellos y la gestante.

Esta medida facilitó la proliferación de prácticas que en muchos casos, según médicos y abogados especializados, fueron “en contra de la dignidad de la gestante”. Consideran que, bajo esta resolución, al no precisar de una autorización judicial, cualquier persona podía acceder a este tipo de método de reproducción. Incluso, como sucedió en varios casos, adultos mayores extranjeros fuera de la edad reproductiva.

Según pudo saber LA NACION, algunas de las agencias y clínicas intervinientes hacían firmar a las gestantes contratos con cláusulas que excedían los recaudos médicos. Por ejemplo, prohibirles tener relaciones sexuales durante todo el embarazo. Hoy algunas de esas clínicas se encuentran suspendidas o fueron allanadas como parte de las causas judiciales en curso.

¿Qué pasará con el caso cordobés?

En el caso de gestación por sustitución que se investiga en Córdoba, la SeNAF provincial dio intervención al fiscal federal cordobés Enrique Senestrari, que investiga presunta trata de personas y falsedades ideológicas. Esta última causa, explican desde el órgano interviniente, se debe a que la Justicia tiene elementos para afirmar que la mujer cordobesa subrogó su vientre por motivos económicos y no, como declaró en los papeles firmados, con un fin altruista y sin contraprestación alguna. A su vez, se afirma que la mujer que gestó al bebé se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica a la hora de firmar el contrato de subrogación con la agencia.

La fiscalía secuestró dinero destinado al pago a la gestante y la computadora y el celular de la abogada interviniente en el caso, quien es también la dueña de la agencia de subrogación que realizó el acuerdo entre las partes. “Todo será revisado para tener más detalles del caso”, detallaron fuentes cercanas a la investigación.

La agencia de subrogación, detalla en su página web, conecta padres intencionales extranjeros, especialmente franceses y británicos, que no puedan llevar adelante un embarazo, con gestantes argentinas. En caso de que las gestantes sean del interior del país, como fue en este caso, la agencia le contrata un hospedaje en Capital para que transcurra el último periodo de gestación.

No es el primer caso de subrogación de vientre realizado en la Argentina en que el recién nacido termina institucionalizado y bajo el cuidado provisorio de una familia de acogimiento. También sucedió en el caso que abrió la primera investigación judicial de este tipo en la Ciudad y por el cual se dio de baja la medida cautelar que regía hasta el momento. Es el caso de un matrimonio de alemanes -ella de 56 y él de 61 años- que, a través de una agencia internacional con operaciones en el país, realizaron una gestación por sustitución en la Argentina y luego partieron a Alemania con la menor. Según fuentes cercanas a la investigación, en una revisión pediátrica en Alemania la médica notó señales de desnutrición en la menor, que entonces tenía tres meses, por lo que inició una denuncia, que culminó con la quita de la tenencia de la niña de manera provisoria. El caso llegó a Cancillería a través del gobierno alemán.

Actualmente, destaca la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, Marisa Graham, quien está interviniendo en el caso, la menor está bajo el resguardo de una familia de acogimiento alemana hasta que se defina su situación judicial y si permanecerá en este país o volverá a la Argentina, dada su nacionalidad.