Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática: "En la derecha pretenden mantener un trato asimétrico a las víctimas de la Guerra Civil"

Fernando Martínez López (Vélez-Blanco, 1949) es el secretario de Estado de Memoria Democrática desde el año 2020 y la persona que encabeza un departamento del Gobierno de España que tiene la ardua tarea de desarrollar una ley que se aprobó esta misma legislatura para poner fin a décadas de olvido y abandono. La norma pretendía ser una nueva hoja de ruta y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. Este catedrático de Historia Contemporánea, que fue coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, alcalde de Almería y senador del PSOE hasta que se incorporó al Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo tiene claro: “En la derecha hay sectores que pretenden mantener un trato asimétrico a las víctimas de la Guerra Civil”. Su receta para combatir esta anomalía pasa por “mucha pedagogía” y “democracia en la escuela” con el objetivo de “afianzar la convivencia y los derechos humanos”.

El alto cargo socialista cifra en unas 13.000 las personas que siguen enterradas en fosas comunes “susceptibles” de exhumación: “Muchas veces se dice que hay 114.000 personas en fosas comunes en España, pero eso no existe ahora. ¿Pudo existir en la posguerra? Sí. Y más. Muchas veces se habla de fosas en las cunetas, pero prácticamente en las cunetas no queda nadie. Entre otras cosas porque se ha removido toda la red viaria de este país a lo largo de 80 años. Es imposible recuperar esos cuerpos”, reconoce. También avanza la próxima elaboración de un inventario para afrontar las reparaciones económicas por parte del Estado de las incautaciones que se realizaron durante la dictadura y se atreve a hacer estimaciones de lo que se ha invertido hasta la fecha. “Reparaciones económicas individuales a las víctimas se han hecho muchísimas. Más de 610.000 familias han sido beneficiadas. Estamos hablando de que las reparaciones económicas desde la Ley de Amnistía hasta la actualidad sobrepasan los 25.000 millones de euros”.

Han tenido que pasar casi 50 años de su muerte y 18 años desde la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica en España para que Franco haya dejado de ser "alcalde honorario" de Santander y pierda todos los reconocimientos que le otorgó la ciudad durante la dictadura, una decisión que se ha hecho oficial esta misma semana. ¿No supone una anomalía democrática que además haya tenido que producirse a instancias de la Fiscalía?

En primer lugar, es una gran noticia para la sociedad, pero especialmente para las víctimas. Es decir, las víctimas no entienden, y nosotros no entendemos de ninguna manera, que todavía pueda declararse alcalde honorario a un dictador que tiene en sus manos tantísimas penas de muerte. Eso no es positivo para una sociedad democrática. ¿Se hace tarde? Se hace tarde. Pero muchas cosas que tienen que ver con la memoria se han hecho tarde. Las políticas públicas de memoria en España empiezan con la ley del año 2007 y se avanza de una manera espectacular a partir de la ley del año 2022. Antes no había políticas públicas de memoria. Hubo políticas puntuales en relación, fundamentalmente, con reparaciones de carácter económico, pero no políticas públicas de memoria con las que se tomaran decisiones de este calado. Uno de los instrumentos que tiene la actual Ley de Memoria Democrática es la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, que tiene esa tarea. Y estamos avanzando muchísimo y haciendo posible con este tipo de medidas o requerimientos que se haga justicia con las víctimas, que es el objetivo. 

Ha ocurrido lo mismo con el callejero con denominaciones franquistas y de exaltación a la dictadura, que ha tardado cerca de una década desde que se aprobó por primera vez en el Ayuntamiento de Santander hasta que el cambio se ha hecho efectivo, de nuevo por imperativo legal. ¿No hay fórmulas para obligar a cumplir la ley a las administraciones que se declaran en rebeldía con mayor celeridad? ¿O no se están aplicando las sanciones pertinentes que ayudarían a que esto ocurra?

Con la ley del año 2022 cualquier alcalde o alcaldesa debería de hacerlo. La ley es muy taxativa y especifica lo que son elementos contrarios a la memoria democrática. No es un artículo, son siete artículos que están incluidos al respecto. Estamos teniendo resistencia en algunos ayuntamientos, que se atienen a la próxima aparición de un reglamento. Eso nos ha llevado a trabajar en un Real Decreto que incluya un catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática, que ya salió a información pública, y al que particulares, instituciones, asociaciones y administraciones públicas de todos los niveles han planteado las alegaciones que han considerado oportunas. En este momento ya están resueltas esas alegaciones y quedan llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, que pase por el Consejo de Estado, que es obligatorio y calculo que en 15 o 20 días podrá estar allí. A partir de que haya informe del Consejo de Estado, lo llevaremos al Consejo de Ministros para aprobar el reglamento y el catálogo que mencionaba. Inmediatamente después nombraremos a la comisión de expertos y de expertas que establece este Real Decreto.

¿Y cuál es la fórmula para determinar el catálogo de elementos contrarios a la memoria?

Nosotros tenemos muchísima información de todo lo que hay en España y un listado con todos los elementos contrarios a la memoria democrática. En algunos casos, los han retirado los propios alcaldes, las propias corporaciones locales motu proprio; otros, a requerimiento de los fiscales, pero no deja de ser significativo el hecho de que, ante esa resistencia que nos encontramos, tenemos que actuar. ¿Cómo se actúa? En primer lugar, una vez que aparezca en el catálogo una denominación determinada se le comunica al particular o se le comunica a la institución implicada. En segundo lugar, si hace caso omiso, se lo volvemos a requerir y si no, a partir de ese momento, empieza un proceso sancionador que determina la propia ley. Está detallado incluso por días. Por cada día, 200 euros, hasta llegar a una cantidad máxima que se fija en la propia ley. Estaremos mucho más amparados para llevar a cabo sanciones en el momento en que tengamos aprobado el Real Decreto y que tengamos definido el catálogo, hasta el punto que jurídicamente no seamos vulnerables. 

Da la sensación de que, cuando se están haciendo más cosas en materia de memoria y existen más herramientas para recuperar la dignidad de las víctimas en nuestro país, más está creciendo un sentimiento de reacción, muy acusado entre los jóvenes, que minimiza los crímenes de la dictadura y normaliza discursos de exaltación franquista. ¿Qué están haciendo para que estas muestras de radicalización no sigan creciendo?

Hay que hacer mucha pedagogía de la memoria. Hay que dar muchísima información porque muchas veces ese tipo de comportamientos son como consecuencia del desconocimiento. Y a veces no es desconocimiento, es guerra cultural, claramente planteada por grupos de derecha y de extrema derecha. Es inconcebible que este tipo de cuestiones se sigan planteando en un país como España, plenamente democrático, y que haya gente a la que todavía le parezca bien que nombres de dirigentes de un golpe de estado o represores en una dictadura aparezcan en los callejeros de sus ciudades o de sus pueblos. Esto es una cuestión fundamentalmente de democracia, de pedagogía y, como decía antes, de información. ¿La información de dónde tiene que proceder? La información tiene que proceder fundamentalmente de que la memoria entre en la escuela como elemento fundamental. Es cierto que ya en los decretos de enseñanzas mínimas se ha recogido el tema. Por ejemplo, ahora se habla de memoria, se habla de represión, se habla de dictadura, se habla del papel de los movimientos sociales antifranquistas en la conquista de la democracia.

Necesitamos mucha pedagogía, democracia en la escuela, y responder a estos ataques que se están haciendo, porque son ataques de desinformación, de bulos, de mentiras, no son análisis rigurosos de la historia

No deja de ser significativo que el artículo 1.3 de la Ley de Memoria Democrática, además de repudiar y condenar la dictadura, declara la ilegalidad de la dictadura y dice que como consecuencia de las actuaciones de los movimientos sociales antifranquistas y de otros actores políticos, es posible haber llegado a un Estado social y democrático de derecho. Eso se da cabida en la ley actual para dejar claro cómo el proceso de tránsito a la democracia no es una cuestión que nos llegó desde arriba, sino que se conquistó. Y se conquistó también desde abajo y se creó el clima que hizo posible la llegada de la democracia que felizmente disfrutamos. En resumen, necesitamos mucha pedagogía, democracia en la escuela, y responder a estos ataques que se están haciendo, porque son ataques de desinformación, de bulos, de mentiras, no son análisis rigurosos de la historia.

Hace tan solo unos días se produjo un incidente en la sede del PSOE de Cantabria durante un acto sobre memoria democrática en el que había cerca de 70 personas y en el que un encapuchado aún sin identificar entró a las instalaciones y lanzó varios artefactos caseros explosivos. ¿Le preocupa que puedan crecer este tipo de acciones?

Me preocupa muchísimo. Como responsable de Memoria Democrática del Gobierno de España me preocupan los ataques a la memoria y me preocupan este tipo de actos, que son fruto de ese clima de polarización, de odio, que las derechas están creando. La memoria es fundamental para un país, si la memoria ancla los derechos humanos, si es pura humanidad, si recoge como elementos fundamentales los grandes principios del Derecho Internacional humanitario... Pero es que hay cosas que desde el punto de vista democrático no se pueden entender de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la derecha hay sectores que pretenden mantener un trato asimétrico de las víctimas de la Guerra Civil. Las víctimas de violaciones de derechos humanos de los vencedores, que las hubo durante la guerra, fueron todas reparadas, fueron todas homenajeadas sistemáticamente. Había un día para recordarlas. A sus familiares se les reparó incluso económicamente y simbólicamente. Y, sin embargo, ¿por qué no a las víctimas de los vencidos? Que fundamentalmente eran los que estaban defendiendo y luchando por mantener el régimen legal. No quieren que haya un tratamiento adecuado de las víctimas.

Me permito siempre hacer un llamamiento al PP para que participe, que colabore, que ayude en este proceso, porque es la única manera de que afianzamos la convivencia, la democracia y los derechos humanos

Nosotros cuando hablamos, hablamos de todas las víctimas. Lo que pasa es que unas ya han sido reparadas, homenajeadas, y otras han sido sistemáticamente, a lo largo de toda la dictadura, criminalizadas, estigmatizadas e invisibilizadas, tanto las víctimas como sus familias. Las han sacado fuera de la escena pública y todavía pretenden que no se hable de ello. Dicen que es “reabrir heridas”. No, las heridas están abiertas. Los que estamos a pie de fosa, a pie de calle, a pie de asociación, sabemos que las heridas están abiertas. ¿Y qué hacemos con eso? Cerrar duelos. Cerrar duelos que no se habían hecho. ¿Y qué más hacemos con eso? Hacer justicia con víctimas que han sido humilladas, despreciadas, menospreciadas a lo largo de tantísimo tiempo. Es un deber de memoria, es el deber que tienen los gobiernos democráticos y eso es lo que estamos haciendo, cumplir con nuestro deber. Por eso no entiendo de ninguna manera que partidos que se llaman democráticos, como el Partido Popular, entren en esta guerra. Yo me permito siempre hacer un llamamiento al PP para que participe, que colabore, que ayude en este proceso, porque es la única manera de que afianzamos la convivencia, la democracia y los derechos humanos.

En otros países de nuestro entorno como Alemania o Italia, la reivindicación pública del nazismo o del fascismo está penado por ley. ¿Cuántas sanciones por exaltación al franquismo se han impuesto en España desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática? Hasta hace apenas un año la cifra era muy exigua: tan solo había un expediente sancionador, según datos oficiales de su propio departamento...

Hay que tener muy en cuenta que las leyes que se hacen en Italia, que se hacen en Francia, que se hacen en Alemania, se hacen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En España, la Constitución no es una Constitución militante como son estas constituciones que hay en estos países y, por lo tanto, establecen el principio de la libertad de expresión como elemento fundamental. ¿Qué es lo sancionable? Lo sancionable lo estipula la ley en varios artículos. Es, por ejemplo, hacer apología del franquismo con menosprecio y humillación de las víctimas. No solamente hacer apología, sino con menosprecio y humillación, que es lo que establece la Ley de Memoria Democrática y ha pasado por todos los filtros del Consejo General de Poder Judicial, del Congreso de los Diputados y de todos los estamentos necesarios. Cuando coincidan esos dos elementos, apología y menosprecio y humillación de las víctimas, es cuando se pueden extinguir fundaciones o se puede, con el desarrollo de la ley, ilegalizar asociaciones que hagan apología y menosprecio y humillación. Y después hay determinados actos que tienen sanciones de carácter administrativo. Por ejemplo, destruir una fosa implica una sanción muy grave de carácter administrativo. Después hay otro tipo de delitos que son los de odio. Y los delitos de odio, felizmente, están penados ya en España. Partiendo de este hecho, nosotros actuamos en el marco en que nos establece la ley.

¿Y en ese marco cuántos expedientes sancionadores o qué medidas coercitivas se han tomado? 

Bueno, se han hecho algunos expedientes sancionadores... Fundamentalmente, uno a Falange Española, que se sancionó con 10.001 euros. Lo tenemos recurrido ante la justicia y no sabemos cuándo va a resolverse. Y tenemos encima de la mesa otra apertura de expediente donde creemos que no solamente se hace apología, sino también menosprecio a las víctimas, que es lo que tenemos que demostrar sistemáticamente para que pueda prosperar el régimen sancionador. 

Mencionaba antes el Real Decreto en el que trabaja su departamento para obligar a retirar los símbolos franquistas "contrarios a la memoria". ¿Hay colaboración del resto de administraciones e instituciones públicas implicadas?

Estamos huérfanos de esas colaboraciones. Tenemos muchísima información, pero hay comunidades autónomas a las que le hemos requerido que nos pasen los datos y la información con la que cuentan en sus territorios y no nos lo han pasado, por ejemplo. No voy a poner nombres encima de la mesa. Eso no quita para que nosotros tengamos la información, porque la información nos está llegando desde asociaciones, desde algunas administraciones de carácter local, nos está llegando también de particulares, de estudios de las universidades, de estudios que hemos financiado a través de subvenciones para que hagan el análisis de elementos contrarios a la memoria democrática que siguen visibles... De todo eso se está nutriendo lo que va a ser el catálogo futuro de elementos contrarios a la memoria democrática. Pero sí que tengo que decir una cosa. Parece que España está llena todavía de esos elementos y no es así. Quedan reductos, pero no es así. Por ejemplo, en el tema de los nombres se necesitan consensos. Yo creo que hay que pactar las cosas.

Leí unas recientes declaraciones suyas en las que decía que “el olvido al que han sido sometidas las víctimas a lo largo de tantísimo tiempo es totalmente incompatible con la democracia”. Precisamente, teniendo en cuenta los años que han pasado desde el final de la dictadura y la avanzada edad de las víctimas o de sus familiares directos, ¿no sería importante una mayor celeridad en las políticas públicas de memoria?

No te puedes imaginar cómo se está desarrollando todo el proceso. La Secretaría de Estado no tiene horas en el día para aplicar las políticas públicas de memoria. Me gustaría que estuvierais a nuestro lado para ver cómo se está avanzando. Son tantas cosas que hay que hacer o que la ley nos posibilita hacer… Hay todo un camino por delante y no vamos a parar. 

¿Y los recursos económicos? ¿También son suficientes?

No hay problema de recursos económicos en la actualidad. Muchas veces la gente dice que no hay dinero. No, no hay problema en este sentido para poder acometer la tarea que tenemos encomendada.

Queda pendiente también la exhumación de fosas de las víctimas de la Guerra Civil, que avanza muy lentamente y según los territorios. ¿Hay planes para dar un impulso a esta materia?

El tema de las fosas fue la primera cuestión que nos planteamos cuando yo llegué a la Dirección General de Memoria Democrática en 2018. El presidente del Gobierno entiende que esta es una política de Estado y así se demuestra. La primera cuestión que nos planteamos sobre las fosas era qué podríamos hacer. En la ley del año 2007 las fosas quedaban en el marco de los familiares o de las asociaciones, pero las Naciones Unidas había planteado que tenía que ser una política de Estado. Y una política de Estado la tiene que asumir el Estado, incluida la exhumación de fosas. Es un deber de la democracia hacerlo. Y desde el primer momento empezamos a orientar todo el proceso de exhumaciones de esa manera. Muchas veces se dice que hay 114.000 personas en fosas comunes en España, pero eso no existe ahora. ¿Pudo existir en la posguerra? Sí. Y más. Yo coordiné el mapa de fosas de Andalucía y conozco perfectamente lo que hicimos. Por ejemplo, en Andalucía era una foto fija de las fosas que había en la posguerra. Muchas veces se habla de fosas en las cunetas, pero prácticamente en las cunetas no queda nadie. Entre otras cosas, porque se ha removido toda la red viaria de este país a lo largo de 80 años. Es imposible recuperar esos cuerpos.

Muchas veces se dice que hay 114.000 personas en fosas comunes en España, pero eso no existe ahora. ¿Pudo existir en la posguerra? Sí. Y más. Muchas veces se habla de fosas en las cunetas, pero prácticamente en las cunetas no queda nadie. Entre otras cosas, porque se ha removido toda la red viaria de este país a lo largo de 80 años. Es imposible recuperar esos cuerpos

Ahora bien, ¿cuál es la situación ahora y qué se puede hacer? Hicimos un estudio y se dedujo que en este momento no era posible sacar 114.000 cuerpos. Entre otras cosas porque muchos ya habían salido, en otros casos porque es prácticamente imposible recuperarlos. Con el estudio se situó en torno a 20.000 cadáveres los que quedan pendientes de exhumar. Pusimos en marcha inmediatamente el primer plan cuatrienal de exhumaciones. Si teníamos en torno a 20.000, ¿cuántos tenemos ahora que hemos terminado el plan? Nos quedan en torno a 13.000. ¿Dónde están? Fundamentalmente en las grandes fosas. Ahí es donde están ahora mismo la inmensa mayoría de los 13.000 cadáveres que puedan quedar susceptibles de exhumar. 

Tampoco es una cifra pequeña como para minimizarla, ¿no? Son 13.000 personas...

Son muchos, pero acabamos de sacar 7.000 en el primer plan cuatrienal. ¿Dónde están? Por ejemplo, en Pico Reja hemos sacado 1.787 cadáveres con tiros en distintas partes del cuerpo. Creíamos que sacaríamos unos 1.000. En una fosa que hay al lado del monumento hay 2.116 y ahora se van a acometer los trabajos. En Córdoba hay dos fosas con 4.000 o 5.000; en Alicante, 1.000; en Jaén 1.800; en Huelva 1.100... Esto se está acometiendo ya, es decir, se está haciendo todo el proceso de exhumaciones en estos momentos. Yo calculo que en una legislatura podemos prácticamente resolver lo que es susceptible de exhumar en este momento. Y me puede preguntar: ¿Y por qué dice que es susceptible? Porque, por ejemplo, en algunos lugares es muy difícil encontrar algo. Hay cementerios donde están encima de la fosa cantidad de nichos y es imposible que se pueda entrar. Tampoco hay que olvidar que muchas fosas republicanas pasaron al Valle de los Caídos, hoy de Cuelgamuros; que durante los años de la Transición, sin rigor científico, se hicieron muchísimas exhumaciones, que no se buscaba la identificación genética. Desde el año 2000 se ha iniciado todo el proceso de identificación genética y desde ahora estamos tratando de resolver un problema. Parece que no tiene importancia, pero es importantísimo para el conocimiento de la verdad, porque los cadáveres te dicen qué es lo que les ha pasado, con los estudios genéticos y con los estudios antropomórficos que se hacen.

Por otro lado, y a la vista de cómo actúan los gobiernos autonómicos del PP con apoyo de Vox en relación con la memoria histórica, ¿no se corre el riesgo de que lo que no se haga ahora, quede en un cajón si se produce un cambio de Gobierno? Tanto en Cantabria como en otros territorios han impulsado la derogación de leyes autonómicas de memoria democrática que apenas se habían llegado a aplicar. ¿Tienen confianza en que los recursos del Estado ante el Tribunal Constitucional puedan bloquear estas decisiones o simplemente pueden minimizar el golpe?

A los hechos me remito... En el momento en que determinadas comunidades autónomas, ya sea Cantabria, Aragón o Comunitat Valenciana, no han aceptado el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de intentar llegar a acuerdos y no han querido sentarse a hablar al respecto, evidentemente hemos tenido que utilizar los recursos de inconstitucionalidad. En principio, tanto en el caso de Cantabria como en el caso de Aragón, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad e inmediatamente tomar medidas cautelares que han hecho posible que siga vigente la ley de memoria. Esperamos que el Tribunal Constitucional, porque hay argumentos muy sólidos, atienda nuestro recurso de inconstitucionalidad. No sé cuándo, porque la dinámica del Constitucional no la marca el Gobierno, pero creo que marcarán una tendencia y a partir de ahí será más rápido.

¿Y cómo avanzan algunas de las 'patatas calientes' que abría la ley de 2022, como es la resignificación del Valle de Cuelgamuros? 

Hemos creado una comisión interministerial para tratar dos cosas: la resignificación del Valle de Cuelgamuros, que empieza a resignificarse con la salida de Franco, con la salida de Primo de Rivera y con las exhumaciones que estamos haciendo, con cambiar el nombre… que son elementos ya de resignificación, y, por otro lado, para hacer un Real Decreto de funcionamiento y organización de todo lo que es el complejo del Valle de Cuelgamuros.

¿Cuál es el papel de la Iglesia en este asunto? ¿Está colaborando?

La Iglesia tiene un mandato, fundamentalmente, del año 1957, que les permite estar instalados allí. Evidentemente, si queremos la resignificación, y queremos hacer una resignificación que aborde globalmente los procesos, tenemos que llegar a acuerdos con la Iglesia. Nosotros podemos resignificar lo que es la parte de fuera de la basílica, pero se ha llegado a un buen acuerdo con la Iglesia que va a hacer posible que se pueda entrar, resignificar una parte de la basílica, que haya un centro de interpretación previo a la entrada en la basílica, que se pueda resignificar la cúpula, que es donde más elementos franquistas hay… Todo eso se va a resignificar en el marco del acuerdo que se ha podido realizar con la Iglesia. Y siempre es mejor un acuerdo que un desacuerdo, porque en función de los acuerdos que tiene España con la Santa Sede, te pueden paralizar en cualquier momento el proceso de resignificación. Y la resignificación se va a hacer porque ha habido acuerdos. Hemos sacado un pliego de condiciones y a partir del día 16 de julio ya tendremos las propuestas. Se van a elegir 10 de los proyectos, habrá una exposición pública y calculamos que a finales de 2026 estaremos trabajando ya en la resignificación del valle.

Reparaciones económicas individuales a las víctimas se han hecho muchísimas. Más de 610.000 familias han sido beneficiadas. Estamos hablando de que las reparaciones económicas desde la Ley de Amnistía hasta la actualidad sobrepasan los 25.000 millones de euros

Otra de las reclamaciones que se hacen insistentemente desde las asociaciones memorialistas tiene que ver con la compensación económica a las víctimas, también en casos de incautaciones o robos de bienes durante la Guerra Civil y la dictadura. ¿Por qué las reparaciones a las víctimas se quedan solo en lo simbólico, como el homenaje que se celebró esta semana en Cantabria a un exiliado que murió en Mauthausen o la anulación de condenas como la que acabamos de ver hace unos días en Cantabria?

Hay que aclarar dos cosas, porque muchas veces se habla sin conocimiento... Reparaciones económicas individuales a las víctimas se han hecho muchísimas. Más de 610.000 familias han sido beneficiadas. Estamos hablando de que las reparaciones económicas desde la Ley de Amnistía hasta la actualidad sobrepasan los 25.000 millones de euros. Por tanto, las reparaciones individuales se puede decir que son insuficientes... Vale, eso es otra cosa. Para eso tenemos una comisión que está funcionando para estudiar los déficits que existen. Pero la democracia sí que hizo reparaciones económicas. Segunda cuestión: las incautaciones. Eso es otra cosa. La pregunta es por qué a los partidos políticos se les devuelve y a los particulares se les incauta y no se les devuelve... ¿Qué plantea la ley? Que se haga una auditoría y un inventario para conocer el marco, porque la ley plantea un resarcimiento al respecto. ¿Dónde estamos en este momento? Haciendo la auditoría y haciendo el inventario. Y estamos metiéndonos en los archivos de Hacienda y en los archivos del Banco de España. Es decir, que no hemos parado. Estamos planteándonos esta cuestión que, evidentemente, la ley ya ha señalado.