Femicidios: ver para creer y para actuar
Las tasas de femicidio en la Argentina no bajan. De acuerdo a diversos relevamientos - realizados por Organizaciones No Gubernamentales -, el año 2024 arrojó la escalofriante cifra de un femicidio cada 33 horas, mientras que sólo en enero de 2025, la tasa de crímenes que sufren las mujeres ascendió a un caso cada 26 horas. Una magnitud que los emparda de manera trágica con los crímenes vinculados a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires en este inicio de 2025. Los intentos gubernamentales por eliminar la figura de femicidio que rige en el Código Penal desde 2012, van a contramano de la realidad que sufren las mujeres en nuestro país y pueden convertirse en un paso erróneo en la anulación de las protecciones amparadas en lo que se conoce como principio de discriminación positiva. Poder abordar esta problemática en clave histórica es esencial para comprender cómo se originaron las denominadas “acciones afirmativas”, por qué es imprescindible mantenerlas y que tipo de políticas públicas necesitamos para desarticular y superar las desigualdades de diversa índole que cancelan a sectores de nuestra sociedad. Vayamos por partes. En primer lugar, las acciones afirmativas de género buscan crear condiciones justas para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos, incluyendo el laboral, educativo y político. Estas medidas se desarrollan en respuesta a la necesidad urgente de abordar y mitigar las desigualdades estructurales que han perpetuado la discriminación hacia diversos sectores sociales a lo largo del tiempo y que están en una situación de desamparo en relación a la igualdad frente a la ley que sostiene la Constitución Nacional. Las acciones afirmativas han desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos de las mujeres en la Argentina, contribuyendo significativamente a la construcción de un marco legal y social que busca eliminar desigualdades históricas. Desde principios del siglo XX, estas políticas han estado intrínsecamente ligadas a diversas luchas sociales que han transformado el panorama político y cultural del país Dos ejemplos lo ilustran con claridad. Con el denominado “cupo femenino” que se estableció a partir de la sanción de la Ley 24.012 en 1991, el Estado fijó una protección y una discriminación positiva - las listas de representantes debían asegurar un piso del 30 % para ciudadanas mujeres - que incrementó la participación de las mujeres en las listas y luego, en el Congreso de la Nación. Luego, con la sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género sancionada en 2017, se avanzó en la conformación de las listas de representantes de manera equitativa entre varones y mujeres. Un fenómeno similar sucedió con la sanción de la Ley 25.689, que estableció un cupo laboral del 4 % de los empleos en el sector público para las personas con discapacidad. La ley, acompañada de otras iniciativas asociadas, promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad en todos los niveles del Estado. En estos ejemplos, se observa la participación del Estado para promover la inclusión de las personas. Cabe preguntarse si el impacto de estas medidas se cumple fehacientemente. En el caso de las mujeres y la participación en el Poder Legislativo, recién estamos bordeando el 40 % en ambas Cámaras. Para las personas con discapacidad, el acceso al mercado de trabajo y a la administración pública en cualquiera de sus niveles recién se está iniciando. Por ello, llama la atención que aparezcan iniciativas que intentan socavar los principios de las acciones afirmativas -como se conoce a la discriminación positiva- en un principio, para la figura del femicidio. Cómo lo demuestran las cifras que se publican todos los años, en el caso de las políticas de género, necesitamos la presencia o el acompañamiento del Estado para seguir bregando por condiciones igualitarias. No se trata de medidas complementarias. Está en juego la vulnerabilidad comprobada de muchas mujeres, está en juego el imperio de la ley frente a la violencia. Está en juego, la razón de ser del Estado. Más que nunca, es tiempo de ver, creer y actuar.Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires UCR
Las tasas de femicidio en la Argentina no bajan. De acuerdo a diversos relevamientos - realizados por Organizaciones No Gubernamentales -, el año 2024 arrojó la escalofriante cifra de un femicidio cada 33 horas, mientras que sólo en enero de 2025, la tasa de crímenes que sufren las mujeres ascendió a un caso cada 26 horas. Una magnitud que los emparda de manera trágica con los crímenes vinculados a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires en este inicio de 2025. Los intentos gubernamentales por eliminar la figura de femicidio que rige en el Código Penal desde 2012, van a contramano de la realidad que sufren las mujeres en nuestro país y pueden convertirse en un paso erróneo en la anulación de las protecciones amparadas en lo que se conoce como principio de discriminación positiva.
Poder abordar esta problemática en clave histórica es esencial para comprender cómo se originaron las denominadas “acciones afirmativas”, por qué es imprescindible mantenerlas y que tipo de políticas públicas necesitamos para desarticular y superar las desigualdades de diversa índole que cancelan a sectores de nuestra sociedad. Vayamos por partes.
En primer lugar, las acciones afirmativas de género buscan crear condiciones justas para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos, incluyendo el laboral, educativo y político. Estas medidas se desarrollan en respuesta a la necesidad urgente de abordar y mitigar las desigualdades estructurales que han perpetuado la discriminación hacia diversos sectores sociales a lo largo del tiempo y que están en una situación de desamparo en relación a la igualdad frente a la ley que sostiene la Constitución Nacional. Las acciones afirmativas han desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos de las mujeres en la Argentina, contribuyendo significativamente a la construcción de un marco legal y social que busca eliminar desigualdades históricas. Desde principios del siglo XX, estas políticas han estado intrínsecamente ligadas a diversas luchas sociales que han transformado el panorama político y cultural del país
Dos ejemplos lo ilustran con claridad. Con el denominado “cupo femenino” que se estableció a partir de la sanción de la Ley 24.012 en 1991, el Estado fijó una protección y una discriminación positiva - las listas de representantes debían asegurar un piso del 30 % para ciudadanas mujeres - que incrementó la participación de las mujeres en las listas y luego, en el Congreso de la Nación. Luego, con la sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género sancionada en 2017, se avanzó en la conformación de las listas de representantes de manera equitativa entre varones y mujeres.
Un fenómeno similar sucedió con la sanción de la Ley 25.689, que estableció un cupo laboral del 4 % de los empleos en el sector público para las personas con discapacidad. La ley, acompañada de otras iniciativas asociadas, promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad en todos los niveles del Estado.
En estos ejemplos, se observa la participación del Estado para promover la inclusión de las personas. Cabe preguntarse si el impacto de estas medidas se cumple fehacientemente. En el caso de las mujeres y la participación en el Poder Legislativo, recién estamos bordeando el 40 % en ambas Cámaras. Para las personas con discapacidad, el acceso al mercado de trabajo y a la administración pública en cualquiera de sus niveles recién se está iniciando.
Por ello, llama la atención que aparezcan iniciativas que intentan socavar los principios de las acciones afirmativas -como se conoce a la discriminación positiva- en un principio, para la figura del femicidio.
Cómo lo demuestran las cifras que se publican todos los años, en el caso de las políticas de género, necesitamos la presencia o el acompañamiento del Estado para seguir bregando por condiciones igualitarias. No se trata de medidas complementarias. Está en juego la vulnerabilidad comprobada de muchas mujeres, está en juego el imperio de la ley frente a la violencia. Está en juego, la razón de ser del Estado. Más que nunca, es tiempo de ver, creer y actuar.
Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires UCR
