Es imperioso terminar con las barras bravas

Las llamadas barras bravas son una vieja lacra de la Argentina. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que, si bien históricamente han estado vinculadas al mundo del fútbol, también se asocian con grupos políticos y sindicales, al tiempo que han crecido al calor del poder. Han sido utilizadas como fuerza de choque en ámbitos que no tienen nada que ver con los escenarios deportivos, como recientemente se vio en la movilización convocada el 12 de marzo en defensa de los jubilados, que derivó en inusitados episodios de violencia que hasta el momento permanecen impunes.

A pesar de que las acciones delictivas de estos grupos constituyen un viejo problema y de que, en no pocas ocasiones, se ha intentado ponerles un límite mediante proyectos de leyes o programas especiales para prevenir y castigar la violencia en los estadios, los resultados han sido magros. Sencillamente, porque ha faltado la suficiente voluntad política para terminar con ellos y porque han sobrado complicidades del poder político y gremial, además de aquellas alimentadas por ciertos dirigentes de los clubes, para garantizar la supervivencia de estos mercaderes de la violencia.

Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley antibarras, que propicia declarar a las barras bravas del fútbol organizaciones criminales. La iniciativa promueve, asimismo, investigar el papel de los dirigentes de los clubes y endurecer sanciones.

El proyecto, que fue firmado por el presidente Javier Milei, apunta a tipificar los delitos en una clase de asociación ilícita especial. Del mismo modo, procura reforzar los mecanismos de inhabilitación administrativa para el ingreso a los estadios, una potestad que es del Estado desde 2016.

Si las leyes no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, se transforman en letra muerta

Si bien en 2024 se registró el más elevado nivel de personas a quienes, por sus antecedentes peligrosos, se les impidió entrar a las canchas de fútbol, la ministra de Seguridad sostuvo que no alcanza con eso, sino que hace falta desarmar a las llamadas barras bravas y quitarles la posibilidad de acceder a los numerosos negocios ilegales que, desde hace mucho tiempo, usufructúan.

En forma cotidiana, estos grupos delictivos están asociados con distintos negocios que les brindan sustento para su despliegue territorial. Entre ellos, la reventa ilegal de entradas, que a menudo obtienen de dirigentes de los clubes a cambio de otro tipo de favores; la comercialización de drogas; “servicios” de seguridad; puestos de venta de comida o de merchandising ilegales en los estadios y sus alrededores, y el control de los estacionamientos a través de los tristemente célebres “trapitos”. No faltan integrantes de estas barras que mantienen otras vinculaciones con el crimen organizado y sus ramificaciones, como el narcotráfico, el comercio de armas y los robos y secuestros.

Resultaría fundamental que, esta vez, el Congreso se aboque con celeridad al tratamiento del nuevo proyecto de ley, para dar una señal de compromiso en la erradicación de estas verdaderas lacras.

Habrá que tener en cuenta, sin embargo, que las mejores leyes no resolverán por sí solas el problema. Si no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, como acaba de ocurrir con la jueza Karina Andrade –quien liberó a la totalidad de los detenidos en la reciente movilización al Congreso–, se transforman en letra muerta.

Terminar de una vez por todas con las violentas redes mafiosas, que hoy se extienden más allá de los estadios de fútbol, debe ser parte de una política de Estado. La inmensa mayoría de la población acompañará esa decisión.