ENCUESTA: ¿Debe Moreno Bonilla dar explicaciones sobre el fraccionamiento irregular de contratos en el SAS?

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a estar bajo la lupa tras la imputación de un alto cargo por presuntas irregularidades en contratos públicos por valor de 235 millones de euros. La citación como investigado del director económico central de compras en Cádiz, Demetrio González Mera, ha reactivado la presión política sobre el Gobierno andaluz. Con varios responsables del SAS imputados y la sombra de un posible fraude de ley, crecen las voces que reclaman que Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ofrezca explicaciones públicas. González Mera había sido inicialmente llamado como testigo, pero tras las declaraciones de dos interventores de la Junta de Andalucía —que ratificaron informes señalando prácticas contrarias a la ley en los contratos del SAS—, su situación procesal cambió. Los informes de la Intervención revelan que, durante el año 2021, se tramitaron 135.767 facturas en 175 expedientes, una fragmentación que se habría utilizado para eludir los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. No es un caso aislado. La actual gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, también están siendo investigados en procedimientos paralelos, relacionados con contratos de emergencia adjudicados de forma directa por 234 millones de euros desde la sede central de Sevilla. La Junta de Andalucía ha adoptado una postura cambiante ante este caso: primero trató de personarse como perjudicada y después solicitó ser considerada responsable civil subsidiaria. Estas maniobras, junto a la salida del anterior director económico del SAS, José Antonio Miranda, han elevado el nivel de escrutinio público y político. La denuncia inicial fue presentada por Podemos Andalucía, que advierte de que el volumen económico bajo investigación podría ser solo "la punta del iceberg". Mientras tanto, la indignación social crece: recientemente, miles de personas se manifestaron en Sevilla reclamando una sanidad pública de calidad y exigiendo responsabilidades políticas. La sanidad pública andaluza, en crisis Este escándalo ha coincidido con una manifestación masiva en Sevilla, en la que decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles para denunciar el deterioro de la sanidad pública en Andalucía. La movilización, respaldada por numerosos colectivos profesionales y plataformas en defensa de la sanidad, no solo puso en el centro del debate la falta de recursos humanos y materiales en hospitales y centros de salud, sino que también evidenció la creciente desconfianza ciudadana hacia la gestión de los fondos públicos. Las pancartas y lemas coreados durante la protesta reclamaban "más inversión y menos corrupción" y exigían explicaciones ante la sospecha de que millones de euros destinados a servicios esenciales podrían haberse adjudicado de manera irregular. El clima social de indignación ha amplificado la presión sobre el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien distintos sectores exigen transparencia y responsabilidad política inmediata. La coincidencia temporal entre la imputación de altos cargos del SAS y las manifestaciones ciudadanas refuerza la sensación de alarma sobre la opacidad en la gestión sanitaria y la necesidad urgente de esclarecer los hechos...