Eliminan un sistema de subsidios que cobraba seis de cada diez presos en cárceles federales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución para fijar un límite a la cantidad de reclusos bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibirán un pago por realizar tareas de mantenimiento en los complejos carcelarios. Hasta ahora, seis de cada diez presos obtenían esa bonificación sin completar los trabajos que supuestamente tenían asignados. Para las autoridades se trataba de un encubierto sistema de subsidios para los presos, que representaba un gasto del Estado para sostener un beneficio para personas detenidas por diferentes delitos, incluso graves.

Ese límite de reclusos en capacidad de cobrar por trabajos de ocho horas diarias en tareas de mantenimiento penitenciario fue fijado por las autoridades nacionales en el 5 por ciento de la población carcelaria.

“Se terminaron los privilegios, ocio 0 en las cárceles. El kirchnerismo le pagaba a todos los presos solo por estar presos. Nosotros cortamos los privilegios: el que hace una actividad productiva, cobra por lo que hace. Y fajineros, solo los que realmente cumplen tareas de fajina. El que está tirado sin hacer nada, ni un mango, va a tener que cuidar su celda, limpiarla, mantener las instalaciones y cumplir normas”, expresó Bullrich en su cuenta en la red X.

Según se informó oficialmente, el monto que se pagaba a los presos que no trabajaban representaba $ 535.600.000 por mes. Los reclusos que recibían ese beneficio económico eran denominados como “fajineros”. Con la resolución dictada por el Ministerio de Seguridad Nacional se eliminó esa figura para los presos que, en la práctica no realizaban ninguna tarea productiva.

Con la medida se dieron de baja las remuneraciones que percibían 750 “fajineros” y antes se había comenzado a exigir a los internos que cumplan, sin cobrar, con la obligación de mantener limpios sus lugares de alojamiento, en el programa denominado Manos a la Obra.

Debido a que todas las medidas representan una modificación en la ley 24.660, específicamente en el artículo 111, que establece las normas para el cumplimiento de las condenas de los presos a nivel nacional, tuvieron el aval de la Justicia.

Con la puesta en marcha de las modificaciones se generaron talleres productivos donde solamente tendrán las posibilidad de cobrar los presos que realicen una tarea y por las horas efectivamente trabajadas. Mientras que instalarán biométricos de control con el objetivo de evitar irregularidades.

Hasta el momento, según se indicó oficialmente, con los nuevos controles se logró reducir 21% la cantidad de horas que se liquidaron.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un tope estricto a la cantidad de internos que pueden cobrar por la realización de las tareas de mantenimiento.

“No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días. Distinguir entre quienes cumplen y quienes no es el primer paso para recuperar una sociedad ordenada y segura”, afirmó Bullrich.

Otro de los objetivos de la medida dispuesta en la resolución 429/2025, apuntó a modificar una práctica que consistía en pagar sumas de dinero a los presos sin pedirles nada a cambio y sin que reparen el daño social que causaron con su delito, situación que impedía su reinserción social.