El TSJM pregunta a Europa si puede incumplir una sentencia del Constitucional
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha llevado a Europa un debate sobre una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que interprete los artículos 47.1 y 5.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a su vez, el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, en relación a un conflicto por el control del mercado de las VTC. Desde el tribunal madrileño quieren trasladarle al europeo la duda sobre si los jueces españoles están obligados a obedecer al Constitucional. Dicha duda proviene de una sentencia del organismo cuando, con unanimidad de votos entre conservadores y progresistas, se anuló una resolución del tribunal madrileño relacionada con un laudo arbitral entre las empresas de vehículos VTC y Cabify y otras empresas del mismo sector. El TSJM considera que el dictamen del Constitucional es contrario a la doctrina europea y por ello, ha decidido asistir al TJUE para que determinen si deben cumplir estrictamente el dictamen. En este sentido, los jueces del TSJM conciben que el Constitucional estableció una "restricción en el enjuiciamiento sobre la validez de los laudos por infracción de orden público" y dicen, "parece contradecir abiertamente la doctrina del TJUE". Asimismo, han pedido que el Tribunal Europeo se posicione porque dicha decisión "no parece" que "se acomode al nivel de protección que demandan" los textos europeos y adolece de "una incompatibilidad racional con la doctrina del TJUE". El magistrado del TSJ, Celso Rodríguez Padrón, ha votado en contra porque discrepa de la opinión del sentir mayoritario de la Sala y mantiene que en este caso concreto se debió llevar a cumplimiento lo resuelto por el Tribunal Constitucional. De la misma manera, piensa que lo que están pidiendo sus compañeros "es sortear el pronunciamiento del Tribunal Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión", que, según su criterio, "no se acomoda al inequívoco mandato" de la Ley Orgánica del Poder Judicial español. Más sentencias que se quieren llevar a Europa La Audiencia de Sevilla hace unos días ya se planteó la posibilidad de trasladar una sentencia del Constitucional sobre los ERE de Andalucía, donde la audiencia anuló buena parte de las condenas. Igualmente, quieren trasladar la misma cuestión: si debe aplicar esas sentencias al entender que van en contra de la doctrina judicial comunitaria. Desde el Constitucional, debido a los últimos acontecimientos, están analizando si es necesario poner en marcha algún movimiento ante las decisiones llevadas a cabo por tribunales territoriales que consideran "inauditas". Este martes se han reunido y está previsto que se realice un informe interno sobre el asunto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha llevado a Europa un debate sobre una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que interprete los artículos 47.1 y 5.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a su vez, el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, en relación a un conflicto por el control del mercado de las VTC. Desde el tribunal madrileño quieren trasladarle al europeo la duda sobre si los jueces españoles están obligados a obedecer al Constitucional. Dicha duda proviene de una sentencia del organismo cuando, con unanimidad de votos entre conservadores y progresistas, se anuló una resolución del tribunal madrileño relacionada con un laudo arbitral entre las empresas de vehículos VTC y Cabify y otras empresas del mismo sector. El TSJM considera que el dictamen del Constitucional es contrario a la doctrina europea y por ello, ha decidido asistir al TJUE para que determinen si deben cumplir estrictamente el dictamen. En este sentido, los jueces del TSJM conciben que el Constitucional estableció una "restricción en el enjuiciamiento sobre la validez de los laudos por infracción de orden público" y dicen, "parece contradecir abiertamente la doctrina del TJUE". Asimismo, han pedido que el Tribunal Europeo se posicione porque dicha decisión "no parece" que "se acomode al nivel de protección que demandan" los textos europeos y adolece de "una incompatibilidad racional con la doctrina del TJUE". El magistrado del TSJ, Celso Rodríguez Padrón, ha votado en contra porque discrepa de la opinión del sentir mayoritario de la Sala y mantiene que en este caso concreto se debió llevar a cumplimiento lo resuelto por el Tribunal Constitucional. De la misma manera, piensa que lo que están pidiendo sus compañeros "es sortear el pronunciamiento del Tribunal Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión", que, según su criterio, "no se acomoda al inequívoco mandato" de la Ley Orgánica del Poder Judicial español. Más sentencias que se quieren llevar a Europa La Audiencia de Sevilla hace unos días ya se planteó la posibilidad de trasladar una sentencia del Constitucional sobre los ERE de Andalucía, donde la audiencia anuló buena parte de las condenas. Igualmente, quieren trasladar la misma cuestión: si debe aplicar esas sentencias al entender que van en contra de la doctrina judicial comunitaria. Desde el Constitucional, debido a los últimos acontecimientos, están analizando si es necesario poner en marcha algún movimiento ante las decisiones llevadas a cabo por tribunales territoriales que consideran "inauditas". Este martes se han reunido y está previsto que se realice un informe interno sobre el asunto.
