El Supremo da diez días al Gobierno para acoger a mil menores migrantes en Canarias
El Tribunal Supremo ha lanzado un ultimátum al Gobierno central: dispone de diez días para garantizar la entrada en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aproximadamente mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y han solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tras aceptar la petición de medida cautelar formulada por el Gobierno canario. La resolución del Supremo se produce en un contexto de hacinamiento extremo en los centros de atención a menores en el archipiélago, una situación que los magistrados consideran "abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger". Una responsabilidad estatal ineludible Según el auto, estos menores están actualmente bajo la tutela exclusiva del sistema autonómico de protección de menores, pese a que, al haber solicitado asilo, tienen pleno derecho a ser acogidos por el sistema estatal de protección internacional. La Sala subraya que el sistema nacional no solo garantiza alojamiento, sino también "prestaciones sociales específicas" que incluyen servicios sociales y de acogida suficientes para cubrir sus necesidades básicas con dignidad. Es decir, no se trata de una cuestión competencial menor, sino de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo también ordena al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, en ese plazo de diez días, informe de las medidas concretas adoptadas para cumplir con esta orden. En función de esa respuesta, el tribunal decidirá si celebra una vista pública para evaluar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta. Canarias, desbordada La presión migratoria en Canarias ha experimentado variaciones significativas en los primeros meses de 2025. Hasta el 15 de marzo, un total de 9.062 migrantes llegaron de forma irregular al archipiélago, lo que representa una disminución del 25% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 12.089 llegadas. A pesar de esta reducción, las autoridades canarias continúan enfrentando desafíos considerables, especialmente en la atención a menores no acompañados. Actualmente, cerca de 5.800 menores se encuentran bajo la tutela del sistema de protección canario, lo que ha generado una sobrecarga en los recursos disponibles. En respuesta a esta situación, el Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central que, en un plazo de diez días, garantice el acceso de aproximadamente mil menores migrantes no acompañados al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional . Esta medida busca aliviar la saturación en los centros canarios y asegurar que los menores reciban la atención adecuada. Además, el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Junts para la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Según este pacto, Cataluña acogerá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid recibirá más de 700 . Sin embargo, este reparto ha generado controversia y ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad por parte de algunas regiones, como Aragón. Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos. hazte socio
El Tribunal Supremo ha lanzado un ultimátum al Gobierno central: dispone de diez días para garantizar la entrada en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aproximadamente mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y han solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tras aceptar la petición de medida cautelar formulada por el Gobierno canario. La resolución del Supremo se produce en un contexto de hacinamiento extremo en los centros de atención a menores en el archipiélago, una situación que los magistrados consideran "abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger". Una responsabilidad estatal ineludible Según el auto, estos menores están actualmente bajo la tutela exclusiva del sistema autonómico de protección de menores, pese a que, al haber solicitado asilo, tienen pleno derecho a ser acogidos por el sistema estatal de protección internacional. La Sala subraya que el sistema nacional no solo garantiza alojamiento, sino también "prestaciones sociales específicas" que incluyen servicios sociales y de acogida suficientes para cubrir sus necesidades básicas con dignidad. Es decir, no se trata de una cuestión competencial menor, sino de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo también ordena al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, en ese plazo de diez días, informe de las medidas concretas adoptadas para cumplir con esta orden. En función de esa respuesta, el tribunal decidirá si celebra una vista pública para evaluar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta. Canarias, desbordada La presión migratoria en Canarias ha experimentado variaciones significativas en los primeros meses de 2025. Hasta el 15 de marzo, un total de 9.062 migrantes llegaron de forma irregular al archipiélago, lo que representa una disminución del 25% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 12.089 llegadas. A pesar de esta reducción, las autoridades canarias continúan enfrentando desafíos considerables, especialmente en la atención a menores no acompañados. Actualmente, cerca de 5.800 menores se encuentran bajo la tutela del sistema de protección canario, lo que ha generado una sobrecarga en los recursos disponibles. En respuesta a esta situación, el Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central que, en un plazo de diez días, garantice el acceso de aproximadamente mil menores migrantes no acompañados al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional . Esta medida busca aliviar la saturación en los centros canarios y asegurar que los menores reciban la atención adecuada. Además, el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Junts para la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Según este pacto, Cataluña acogerá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid recibirá más de 700 . Sin embargo, este reparto ha generado controversia y ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad por parte de algunas regiones, como Aragón. Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos. hazte socio