El repaso de Aimar Bretos a Mazón tras el auto de la SER: "Es dinamita para su gobierno"
Aimar Brestos, en la SER, ha desgranado el auto en el que la jueza que se dedica a la investigación de las muertes por la DANA ha responsabilizado al gobierno de Mazón de haber avisado tarde y de manera errónea sobre las precauciones que debían tomarse ante la catástrofe meteorológica, lo que causó consecuencias irreparables. La magistrada ha ofrecido a Carlos Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente en las mismas condiciones que un investigado, debido a que no puede imputarlo directamente. Sin embargo, la jueza ya ha culpado a Salomé Pradas, la exconsejera de Interior y Emergencias, y a Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias. Además, la magistrada ha echado por tierra la teoría de que los organismos estatales no informaron de lo que estaba sucediendo, dejando claro que la AEMET y la Confederación Hidrográfica advirtieron del estado meteorológico que se avecinaba. "El problema residiría, no en la ausencia de información, porque la había sobrada al alcance de los responsables, sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, o no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", asegura la jueza. La jueza ha dejado constancia de los responsables ante la catástrofe meteorológica, además de mencionar el nombre y apellidos de los 225 muertos y 3 desaparecidos: "Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos. Ello constituye precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias, provocando muertes, con una inactividad patente de la administración autonómica. La atribución de dichas funciones a la administración autonómica, y por ende a los cargos y autoridades que ejercían sus funciones, los convierte en garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos". Además, la magistrada ha ido a más: "No era preciso solicitar la declaración de emergencia nacional. Simplemente, tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados. La instrucción habrá de determinar las causas de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas. Eso hasta el momento no resulta explicable, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora".. La jueza concluyó: "El aviso a las 20:11 horas fue tardío y erróneo. La convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con una gran demora. Las previsiones meteorológicas debieron llevar a una convocatoria del CECOPI ya en la mañana del 29 de octubre, al objeto cuanto menos de avisar a la población. En cualquier caso, el CECOPI es un órgano de coordinación entre administraciones, así lo indica su propio nombre. Ello es completamente independiente con las decisiones que se puedan tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la...
Aimar Brestos, en la SER, ha desgranado el auto en el que la jueza que se dedica a la investigación de las muertes por la DANA ha responsabilizado al gobierno de Mazón de haber avisado tarde y de manera errónea sobre las precauciones que debían tomarse ante la catástrofe meteorológica, lo que causó consecuencias irreparables. La magistrada ha ofrecido a Carlos Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente en las mismas condiciones que un investigado, debido a que no puede imputarlo directamente. Sin embargo, la jueza ya ha culpado a Salomé Pradas, la exconsejera de Interior y Emergencias, y a Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias. Además, la magistrada ha echado por tierra la teoría de que los organismos estatales no informaron de lo que estaba sucediendo, dejando claro que la AEMET y la Confederación Hidrográfica advirtieron del estado meteorológico que se avecinaba. "El problema residiría, no en la ausencia de información, porque la había sobrada al alcance de los responsables, sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, o no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", asegura la jueza. La jueza ha dejado constancia de los responsables ante la catástrofe meteorológica, además de mencionar el nombre y apellidos de los 225 muertos y 3 desaparecidos: "Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos. Ello constituye precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias, provocando muertes, con una inactividad patente de la administración autonómica. La atribución de dichas funciones a la administración autonómica, y por ende a los cargos y autoridades que ejercían sus funciones, los convierte en garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos". Además, la magistrada ha ido a más: "No era preciso solicitar la declaración de emergencia nacional. Simplemente, tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados. La instrucción habrá de determinar las causas de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas. Eso hasta el momento no resulta explicable, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora".. La jueza concluyó: "El aviso a las 20:11 horas fue tardío y erróneo. La convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con una gran demora. Las previsiones meteorológicas debieron llevar a una convocatoria del CECOPI ya en la mañana del 29 de octubre, al objeto cuanto menos de avisar a la población. En cualquier caso, el CECOPI es un órgano de coordinación entre administraciones, así lo indica su propio nombre. Ello es completamente independiente con las decisiones que se puedan tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la...
