El programa necesita recargar las baterías

El Gobierno necesita calmar las aguas, relanzar las expectativas y alimentar la percepción de que esta vez el cambio de régimen económico es integral y duradero. La estabilización ha avanzado en varios frentes, pero el programa requiere señales más contundentes de sustentabilidad para evitar que se instale la sensación de que el margen de maniobra se reduce. Y esa sustentabilidad depende hoy, crucialmente, de lo cambiario.

La política de ancla cambiaria permitió frenar la inercia inflacionaria en los primeros meses, pero su sostenibilidad ha sido crecientemente puesta en duda. La apreciación real del peso, la dificultad para acumular reservas y la incertidumbre sobre el futuro de los controles de capitales han generado un cuadro en el que mantener el esquema actual luce cada vez más costoso. No es que el diagnóstico sea nuevo: siempre fue previsible que cuanto más se demorase en pasar a un nuevo régimen cambiario, más difícil y riesgoso resultaría hacerlo. En economía, los cambios ordenados suelen ser más efectivos que las correcciones forzadas por dinámicas que se tornan inmanejables.

La buena noticia es que aún no asistimos a dinámicas de esa naturaleza. Las señales de mayor incertidumbre y de un peso apreciado en términos reales, más allá de las discusiones sobre cuál debería ser el valor y comparaciones históricas muchas veces sesgadas, abundan: una cuenta corriente que se hizo negativa, una balanza comercial menos superavitaria, un BCRA al que le cuesta cada vez más comprar dólares y contener la brecha, un desplazamiento hacia arriba de la curva de rendimientos de títulos soberanos, una cobertura cambiaria más cara en el ROFEX, y una mayor concentración de los vencimientos de la deuda en pesos, son señales inquietantes pero que todavía no configuran un punto de inflexión definitivo.

Todavía se está a tiempo de introducir correcciones. Que sea riesgoso no significa que no deba hacerse. En este punto, la cuestión no es si habrá cambios, sino cuándo y en qué condiciones se harán. Un ajuste cambiario en un marco de estabilidad y con margen de maniobra es muy distinto a uno realizado bajo presión y en un contexto de mayor fragilidad macroeconómica. La experiencia argentina sugiere que las correcciones que se postergan suelen terminar ocurriendo de manera más abrupta y con mayores costos.

Banco Central de la República Argentina

El problema es que, después de meses de argumentar que no había razones para modificar el esquema actual, el solo hecho de que el Gobierno comience a revisar su postura podría ser leído como una admisión de que las dificultades son mayores a las que se presumían. La reversión de expectativas puede ser rápida y, tal como lo muestra la evidencia empírica, difícil de controlar. Si la percepción de estabilidad comienza a resquebrajarse, cualquier medida que antes parecía una opción viable puede ser vista como un acto defensivo que genera más incertidumbre de la que resuelve.

Además, cualquier cambio en el régimen cambiario se daría en un contexto global y local más incierto que el imaginado a principios de año. El clima político y social está más enrarecido de lo esperado, con un oficialismo que enfrenta obstáculos legislativos y una oposición que tiene incentivos y ha encontrado algunos mecanismos para entorpecer cualquier avance significativo.

A esto se suma un incipiente desgaste de la figura presidencial: las primeras encuestas que muestran un deterioro en la imagen de Javier Milei refuerzan la idea de que la confianza y la credibilidad en su palabra ya no son tan abundantes como algunos meses atrás. La política económica necesita de un contexto político propicio para consolidarse y hasta las elecciones de octubre todavía falta bastante.

El acuerdo con el FMI puede ser una oportunidad para introducir algunas correcciones, pero la ventana de tiempo para hacerlo es corta. El esquema de restricciones cambiarias ha sido un pilar de la estabilidad en los primeros meses, pero su mantenimiento indefinido es inviable. Aprovechar el acuerdo con el FMI para aliviar controles y permitir que se reacomode el tipo de cambio permitiría frenar el deterioro de expectativas antes de que se haga más evidente y eventualmente irreversible.

Lo que no se haga en los próximos dos meses probablemente deba esperar hasta después de las elecciones de octubre. No porque ese momento sea el óptimo para realizar cambios -no hay garantías de que un triunfo oficialista despeje todas las dudas políticas y legislativas- sino porque cualquier ajuste con potencial impacto inflacionario podría ser considerado por el Gobierno como demasiado riesgoso en términos electorales.

Las autoridades enfrentan, entonces, un dilema clásico: hacer ahora lo que el programa necesita, corriendo el riesgo de que las preferencias electorales se muevan en su contra, o postergar decisiones aún cuando en el futuro la incertidumbre reinante pueda resultar potencialmente mayor y la efectividad de las medidas menor. La estabilización necesita de una recarga de baterías, y el acuerdo con el FMI es un paso importante para despejar incertidumbres y evitar disrupciones en el corto plazo. Pero la clave para la sostenibilidad de la estabilización no está en el financiamiento externo, sino en la consolidación de un régimen cambiario consistente y creíble. Mientras la política cambiaria siga generando sospechas sobre su viabilidad en el mediano plazo, el riesgo de que la estabilidad resulte transitoria seguirá latente.