El Partido Popular y diversos expertos juristas alertaron este martes en Bruselas en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo de las consecuencias que tendría el proyecto de ley presentado por el Gobierno conocida como ley Begoña sobre el sistema de garantías procesales, pues el objetivo es eliminar la acusación popular.

Durante la sesión, los expertos subrayaron que la acusación popular en España, que permite a las personas jurídicas personarse en los casos judiciales, es una figura de largo arraigo en la tradición jurídica español, que data de 1882 por la desconfianza que históricamente ha suscitado la cercanía de la Fiscalía a los gobiernos.

"Es una figura que protege si una Fiscalía mira hacia otro lado y gracias a la cual se han dirimido muchos casos judiciales de importancia, como son los ERE de Andalucía, en las que las acusaciones de personas jurídicas como asociaciones o sindicatos han sido fundamentales", ha indicado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. En este sentido, se pronunciaron el juez⁠ Alejandro González Mariscal de Gante y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid ⁠Julio Banacloche; quienes recalcaron que si finalmente se aprueba tal ley "se producirá un empeoramiento del sistema de garantías procesales en España".

"En España está ocurriendo lo inimaginable en cualquier democracia europea: el presidente del Gobierno tiene a su esposa, a su hermano, a su número dos y al Fiscal General del Estado investigados por corrupción", ha denunciado Montserrat durante su intervención en la comisión de Libertades. Según la eurodiputada popular, en lugar de asumir responsabilidades políticas, dar explicaciones o convocar elecciones, “Pedro Sánchez intenta protegerse a sí mismo de la Justicia impulsando una ley, la llamada Ley Begoña, que anula el derecho constitucional de todos los ciudadanos y asociaciones civiles a participar en procesos judiciales”.

Puesto que iniciativa representa “una deriva autoritaria en directo” y constituye “un peligro contra la democracia”, limitarse a hacer una mención en el Informe sobre el Estado de Derecho “no es suficiente” por parte de la Comisión.

En este contexto, la portavoz popular ha pedido a la Comisión Europea que valore públicamente las consecuencias que esta reforma legal podría tener sobre el Estado de Derecho en España. Además, se ha dirigido expresamente a Florian Geyer, representante de la Dirección general de Justicia de la Comisión, para aclarar una cuestión clave. “¿Es cierto que la Comisión invita a los Estados Miembro a luchar contra la corrupción eliminando la participación de ciudadanos y asociaciones en la Justicia?”, y es normal que los gobiernos puedan reformar el Código Penal para “protegerse de acusaciones populares?”, ha preguntado Montserrat, cuestionando así la supuesta base europea en la que el Ejecutivo español pretende ampararse.

En este sentido, el representante de la Comisión subrayó que todas las recomendaciones hacia España en materia de Estado de Derecho están especificadas en los informes publicados anualmente, dejando claro así que no hay recomendación alguna sobre esta cuestión.

Europa no puede mirar hacia otro lado cuando se pone en riesgo el equilibrio institucional

La eurodiputada ha concluido su intervención apelando al papel vigilante de las instituciones comunitarias: “Europa no puede mirar hacia otro lado cuando se pone en riesgo el equilibrio institucional y los principios fundamentales del Estado de Derecho”.

Para el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos ha subrayado que el tema “ya tiene una dimensión europea” y ha señalado que la iniciativa legislativa en cuestión se ha presentado como proposición de ley “precisamente para evitar el trámite de consulta a los órganos institucionales”, lo que, a su juicio, demuestra una clara intención de esquivar los controles democráticos.

Según el también presidente de la comisión de Libertades, el texto contiene tres elementos especialmente preocupantes. En primer lugar, “deja sin contenido una institución constitucional como es la acusación popular”, ha dicho, recordando que esta figura está reconocida en la Constitución española y no puede ser suprimida mediante una simple reforma legislativa. Por otro lado, Zarzalejos ha advertido de que la nueva ley “impedirá que los medios de comunicación puedan seguir cumpliendo su función de denuncia pública”, una práctica “con sólida tradición en la democracia española” y que ha sido clave en la lucha contra la corrupción.