El PP prorrogará 6 meses la comisión que investiga en el Senado la trama corrupta que cerca a Sánchez

Tras cumplirse un año del estallido del caso Koldo y de los trabajos de la comisión de investigación en el Senado, el PP prorrogará por un plazo de 6 meses la duración de este órgano de la Cámara Alta donde se investiga la trama corrupta que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha podido saber OKDIARIO de fuentes del Grupo Popular en el Senado que capitanea su portavoz, Alicia García.

Una comisión, señalan las fuentes del PP, que «el Gobierno, el PSOE y los implicados en la trama intentan boicotear constantemente para que los españoles no sepan la verdad».

Desde que se celebrara la primera sesión de la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones (del caso Delcy al caso Begoña Gómez) en abril de 2024, en la que compareció Koldo García, uno de los cabecillas de la trama y ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, son ya más de 50 los comparecientes que han declarado a petición del PP. Y las sesiones de la comisión han superado también las 40 convocatorias.

Las fuentes populares destacan como ejemplo más palmario de estos intentos de tumbar la investigación de la trama corrupta que acecha a Sánchez, el caso del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Desde el PP le acusan de haber manipulado uno de los mensajes intercambiados con el empresario Víctor de Aldama, y que el ministro presentó en la Comisión.

Junto a él, las mismas fuentes del PP destacan a la propia Patricia Uriz, ex mujer de Koldo García, que tras negarse a comparecer hace semanas, irrumpió este viernes por sorpresa en el Senado sin haber sido citada. De hecho, ha tenido que ser convocada vía edicto para el próximo 10 de abril. Desde el PP, critican que tanto ella como su abogada «se han negado a dar un email o una dirección de correo postal a la que mandar la citación».

Las fuentes del grupo mayoritario de la Cámara Alta insiste en que tanto la ex mujer de Koldo como su abogada están «jugando al despiste», contando con la «complicidad del PSOE», que ya pidió que se la citase por segunda vez por la vía ordinaria.

Un año después del estallido del caso, uno de los efectos más directos que ha tenido esta comisión en el Senado fue la auditoría ordenada por el titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, y que se saldó con los ceses de dos ex altos cargos del ente público. Es el caso del que fuera subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda. Ambos fueron destituidos por su condición de investigados por las compras irregulares por parte del ministerio de material sanitario durante la pandemia.

Otro de los efectos, destacan en el PP, ha sido el descubrimiento de un posible fraude fiscal a raíz de la compra de mascarillas y que podría ascender a más de 160 millones de euros. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero negaron tal extremo.

«Contradicciones»

Para el PP, según las fuentes consultadas, «se han desvelado las mentiras y contradicciones del Gobierno en muchos aspectos de la trama», gracias a esta Comisión. Además, todavía hay cargos del Gobierno que están en el punto de mira y que podrán volver a ser llamados a este órgano por el que ya han desfilado. Entre ellos, se encuentra Carlos Moreno, mano derecha de la ministra de Hacienda; el propio Ángel Víctor Torres; la ex ministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; el ex ministro de Sanidad y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, o Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.