El juez Peinado y la sombra del lawfare: todas las veces que la Justicia ha tenido que frenar sus desmanes
Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en los últimos meses. No por sus aciertos jurídicos, sino por la polémica que rodea su instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A medida que se examina su trayectoria, emerge un patrón alarmante: autos revocados, diligencias anuladas, derechos fundamentales vulnerados y decisiones judiciales sin el menor respaldo legal. Todo ello bajo un denominador común: su propensión a impulsar causas de fuerte carga política, especialmente cuando los querellantes provienen del entorno de la ultraderecha. Sin traslado a la Fiscalía y con recortes de prensa como base El último episodio que ha puesto a Peinado en el foco mediático es la causa abierta contra Begoña Gómez. El juez admitió a trámite una querella interpuesta por la organización HazteOír (bajo el paraguas de la asociación ultra Manos Limpias), basada únicamente en informaciones periodísticas no contrastadas y sin aportar una sola prueba directa. Aún más grave fue que el magistrado no dio traslado a la Fiscalía antes de iniciar las diligencias, contraviniendo la práctica judicial habitual y dejando fuera al Ministerio Público de una causa de claro interés político. Solo tras el estallido del escándalo, y con la opinión pública señalando las irregularidades del procedimiento, Peinado optó por notificar al fiscal. A esta opacidad se suma otra decisión controvertida: citar a declarar a Begoña Gómez sin informarle previamente de los hechos por los que se le investiga. De hecho, tuvo que suspenderse su comparecencia al no habérsele notificado de forma adecuada la querella en su contra. Es la segunda vez que algo así ocurre en uno de sus procedimientos, una circunstancia excepcional que no pasa desapercibida entre juristas y observadores políticos. La Audiencia de Madrid lo desautoriza una y otra vez No es la primera vez que el juez Peinado ve cómo sus decisiones son corregidas por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha frenado en múltiples ocasiones sus autos, a veces con durísimos reproches. Uno de los más recientes fue el caso de la Editorial Santillana (actual Sanoma). El juez abrió una causa penal a instancias de Vox por supuestas injurias en un libro de texto que, según el partido ultraderechista, vinculaba a la formación con el nazismo. El auto de Peinado acordaba seguir por procedimiento abreviado, procesando a la editorial y a dos de sus responsables. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia revocó el auto y dictó el sobreseimiento libre: las personas jurídicas no pueden cometer delitos de injurias ni calumnias, y además, los hechos estaban prescritos. La resolución fue demoledora, subrayando la falta de base jurídica y recordando que "el delito de odio no está previsto para proteger a partidos políticos". Otro varapalo llegó en el marco del caso contra el empresario Juan Carlos Barrabés, donde Peinado ordenó registros e incautaciones sin la motivación suficiente. La Sección 23 de la Audiencia anuló no solo las diligencias de entrada...
Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en los últimos meses. No por sus aciertos jurídicos, sino por la polémica que rodea su instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A medida que se examina su trayectoria, emerge un patrón alarmante: autos revocados, diligencias anuladas, derechos fundamentales vulnerados y decisiones judiciales sin el menor respaldo legal. Todo ello bajo un denominador común: su propensión a impulsar causas de fuerte carga política, especialmente cuando los querellantes provienen del entorno de la ultraderecha. Sin traslado a la Fiscalía y con recortes de prensa como base El último episodio que ha puesto a Peinado en el foco mediático es la causa abierta contra Begoña Gómez. El juez admitió a trámite una querella interpuesta por la organización HazteOír (bajo el paraguas de la asociación ultra Manos Limpias), basada únicamente en informaciones periodísticas no contrastadas y sin aportar una sola prueba directa. Aún más grave fue que el magistrado no dio traslado a la Fiscalía antes de iniciar las diligencias, contraviniendo la práctica judicial habitual y dejando fuera al Ministerio Público de una causa de claro interés político. Solo tras el estallido del escándalo, y con la opinión pública señalando las irregularidades del procedimiento, Peinado optó por notificar al fiscal. A esta opacidad se suma otra decisión controvertida: citar a declarar a Begoña Gómez sin informarle previamente de los hechos por los que se le investiga. De hecho, tuvo que suspenderse su comparecencia al no habérsele notificado de forma adecuada la querella en su contra. Es la segunda vez que algo así ocurre en uno de sus procedimientos, una circunstancia excepcional que no pasa desapercibida entre juristas y observadores políticos. La Audiencia de Madrid lo desautoriza una y otra vez No es la primera vez que el juez Peinado ve cómo sus decisiones son corregidas por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha frenado en múltiples ocasiones sus autos, a veces con durísimos reproches. Uno de los más recientes fue el caso de la Editorial Santillana (actual Sanoma). El juez abrió una causa penal a instancias de Vox por supuestas injurias en un libro de texto que, según el partido ultraderechista, vinculaba a la formación con el nazismo. El auto de Peinado acordaba seguir por procedimiento abreviado, procesando a la editorial y a dos de sus responsables. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia revocó el auto y dictó el sobreseimiento libre: las personas jurídicas no pueden cometer delitos de injurias ni calumnias, y además, los hechos estaban prescritos. La resolución fue demoledora, subrayando la falta de base jurídica y recordando que "el delito de odio no está previsto para proteger a partidos políticos". Otro varapalo llegó en el marco del caso contra el empresario Juan Carlos Barrabés, donde Peinado ordenó registros e incautaciones sin la motivación suficiente. La Sección 23 de la Audiencia anuló no solo las diligencias de entrada...
