El "interés común": pros y contras (políticos) de la OPA del BBVA al Sabadell

La oferta pública de adquisición (OPA) de acciones lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha emergido, en la semana que cumple un año, como una intrigante trama que entrelaza lo financiero con lo político y cuyo final trascenderá más allá del ámbito bancario.

El desenlace, para el que todavía faltan varias semanas o incluso meses, no solo determinará el futuro de ambas entidades financieras, sino que también enviará un potente mensaje sobre el modelo económico y social que el actual Gobierno de España, en cuyas manos está decidir el futuro de la operación, tiene intención (o necesidad) de promover.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se juega tanto o más que el presidente del BBVA, Carlos Torres, al que muchos le señalarán la puerta de salida si no consigue el ansiado botín catalán.

La operación hostil del BBVA para conformar un gigante capaz de competir con los grandes bancos europeos —sería el tercer banco de la zona euro por volumen de activos, solo detrás de BNP Paribas y Deutsche Bank— no tiene apoyos más allá del de los reguladores. Por lo menos que se hayan expresado públicamente.

Todo lo contrario. Pocas veces una operación empresarial había generado un consenso tan amplio en su contra entre fuerzas ideológicamente tan opuestas: desde la izquierda de la coalición gobernante (la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar) hasta la derecha (PP y Junts, pese el inexplicado episodio protagonizado por su consejero en la CNMC, Pere Soler, votando a favor de la operación), pasando por los independentistas catalanes (ERC) y los sindicatos.

Todos claman por el rechazo o muestran su cautela. Incluso el PNV se ha mostrado distante porque, en palabras de su presidente, Aitor Esteban, el BBVA “no es realmente un banco vasco”, pese a mantener su sede social en Bilbao. Lo que la OPA ha unido que no lo separe el hombre.

El hombre no es otro que Pedro Sánchez. A pesar de tan curiosa confluencia de voluntades en contra, la operación se ha convertido en una faena para el presidente de Gobierno. La inédita consulta pública le vendrá bien para armarse de argumentos para, posiblemente, dificultar la adquisición del Sabadell. Moncloa ha trasladado a toda la ciudadanía el lema de la campaña publicitaria con la que el banco que preside Josep Oliu respondió a la de su comprador: Poder elegir es tu poder.

El resultado de la consulta es fácil de adivinar. Entidades económicas catalanas, encabezadas por las 13 cámaras de comercio, las patronales Fomento del Trabajo Nacional y Pimec, y Fira de Barcelona, entre otras —las mismas que reclaman más financiación y más inversiones para Catalunya— mandaron este viernes una carta al presidente del Gobierno en la que esgrimen “poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno” para “impedir la fusión” entre ambos bancos.

La legislación contempla de manera explícita que la competencia no es la única herramienta para intervenir en una fusión. Según la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, la CNMC debe comunicar su decisión al Ejecutivo y éste tiene la potestad de revisar la operación en última instancia con criterios de “interés general” distintos a los estrictamente competitivos.

Los elementos que más preocupan al Gobierno son “las condiciones de los agentes para acceder a créditos y depósitos, la inclusión financiera, el mantenimiento del empleo y la cohesión territorial”, señalaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Barcelona el día después de que Sánchez anunciara la consulta para salvaguardar dicho “interés común”, según sus palabras. España ya ha sufrido un proceso de exclusión financiera vaciando de sucursales las zonas rurales, por lo que esta fusión podría agravar esa tendencia.

Los dilemas y los equilibrios a mantener

Más allá de los impactos sobre la competencia y sobre la financiación de las pymes (sobradamente conocidos), la OPA de BBVA sobre Sabadell, por su dimensión e impacto, no solo se ha politizado rápidamente, sino que ha colocado a Pedro Sánchez ante un equilibrio complejo y varios dilemas.

¿A favor de la iniciativa privada o intervencionismo en defensa del interés “general” (o “común”)? ¿En qué consiste dicho interés público, en proteger puestos de trabajo y consumidores o en mandar una señal de que España es un país atractivo para inversiones y consolidaciones empresariales?

Desde el punto de vista económico financiero, ¿debe potenciar el Ejecutivo, con su eventual aval a la OPA, la creación de un “campeón nacional” que podría aprovechar economías de escala y elevaría el perfil internacional del sistema financiero español y debe velar por la pluralidad del sistema financiero? Ambos enfoques tienen beneficios y costes, pros y contras, aunque seguramente más de lo segundo.

El aspecto social es quizá el que más preocupa. El impacto en el empleo es el más visible. La integración de redes y servicios supondrá duplicidades que generalmente se corrigen con recortes de plantilla. La fusión podría conllevar la pérdida de entre 4.000 y 5.000 empleos y el cierre de alrededor de 400 oficinas, según estimaciones de los sindicatos y del Sabadell. Aunque la mayoría de las salidas serían a través de prejubilaciones (dado que la plantilla bancaria es relativamente envejecida) y bajas incentivadas, sigue siendo un golpe importante al empleo.

BBVA ha evitado pronunciarse públicamente sobre cifras de despidos, pero internamente maneja que la única forma de lograr las sinergias anunciadas es reduciendo personal y oficinas en torno a ese orden de magnitud.

Si el Gobierno facilita la fusión sin añadir salvaguardas sería avalar un recorte de empleo masivo en un contexto en que la banca ya ha despedido decenas de miles de trabajadores en los últimos años. Una consecuencia impopular y que tensionaría también la coalición de Gobierno. Yolanda Díaz intentaría capitalizar el descontento de base y marcar distancias con el PSOE. La vicepresidenta segunda se ha posicionado abiertamente en contra de la operación, hasta el punto de instar al Ejecutivo a impedirla.

Muchas de esas posibles salidas se concentrarían en Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid, donde ambos bancos tienen mayor solapamiento de oficinas. En Catalunya, además, la pérdida de otra entidad financiera catalana (y en manos del BBVA, por si fuera poco, que ya absorbió a media docena de cajas tras la crisis financiera de 2008) sería un mazazo y se interpretaría como una pérdida de poder financiero local.

Sánchez necesita mantener las buenas relaciones con sus socios parlamentarios para la estabilidad de su legislatura y la de Salvador Illa, que ya ha expresado que “preferiría que la operación no saliera”. Complacer sus demandas en este tema podría ser clave para asegurar apoyos en otros ámbitos, especialmente con Junts.

Así que la decisión sobre la OPA tiene mucho de financiero y económico, pero también se entrelaza con equilibrios políticos más amplios: contentar a la base electoral de izquierdas y a los aliados catalanes, sin espantar a la vez la confianza de inversores nacionales e internacionales en la economía española.

Si Moncloa interviene activamente y logra frenar o modificar la operación, marcará un hito en la capacidad del Ejecutivo para modular las grandes operaciones empresariales alegando interés público. Si opta por una postura más pasiva, la señal será que en España las reglas de libre competencia prevalecen y el mercado manda, con la política relegada a un segundo plano. Eso sí, con costes sociales y políticos altos, especialmente para los socialistas.