El Gobierno usará para el traslado de menores migrantes los datos de 2023 de las comunidades que no den información
Las autonomías tienen hasta el 31 de marzo para indicar a cuántos menores acogen, aunque el Gobierno se abre a flexibilizar ese plazo
Cuenta atrás para las comunidades autónomas, que tienen hasta el próximo 31 de marzo para notificar al Gobierno el número de menores migrantes no acompañados que acogen actualmente en sus respectivos territorios. La cifra que aporten será clave para calcular el traslado de los 4.400 niños y adolescentes procedentes de Canarias y Ceuta, tal y como mandata el decreto ley aprobado hace una semana en el Consejo de Ministros. Por ahora, y a menos de una semana de la fecha límite, ninguna autonomía ha dado todavía esa información, según cuentan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
En el caso de que venza el plazo y haya autonomías que sigan sin haber trasladado sus cifras, el Gobierno se abre a flexibilizar ligeramente los tiempos. Aunque avisa: si no los mandan incluso después de la prórroga, harán la métrica con los últimos datos fiables que tengan, que en este caso son los correspondientes a 2023 del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia.
El Ejecutivo quiere disponer del número de menores que acoge cada territorio para obtener una "foto fija" y determinar cómo están los sistemas de acogida y a cuántos adolescentes extranjeros le corresponde recibir a cada comunidad, en base a los criterios definidos en el documento, con su ponderación correspondiente: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (13%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%), dispersión territorial (2%) y el esfuerzo previo (6%) que cada autonomía haya realizado en la acogida de menores migrantes. Ese "certificado" que envíen al Gobierno central servirá también para que las otras comunidades que aseguran estar sobresaturadas, lo demuestren.
De este modo, y una vez obtenida la suma de menores migrantes que hay tutelados en toda España, se dividirá entre la población total, y esa cifra se dividirá, nuevamente, por el total de ciudadanos de cada comunidad. El resultado que se obtenga indicará la "capacidad ordinaria" de cada territorio y, por ende, permitirá determinar si una autonomía está acogiendo por encima de sus posibilidades. Por ejemplo, si una comunidad autónoma resulta tener una "capacidad ordinaria" de 1.000 menores no acompañados y en esos momentos está tutelando a 3.000, significará que, efectivamente, tiene a sus sistemas de acogida desbordados.
En todo caso, los criterios podrán ser modificados en una Conferencia Sectorial de Infancia que el ministerio prevé convocar en el mes de abril. Ahí, las comunidades autónomas podrán proponer nuevos criterios o modificar incluso la ponderación de los que ya están previstos en el decreto —y que son los que se vienen aprobando en traslados puntuales de menores desde 2022—, aunque, eso sí, para que ese cambio sea una realidad tendrá que ser ratificado por unanimidad.
Votación y traslado en abril
El objetivo del Ejecutivo es que la iniciativa sea avocada al pleno del Congreso del 10 de abril, cuando previsiblemente saldrá aprobada después del acuerdo alcanzado con Junts —cuyos siete votos serán determinantes—, pacto duramente criticado por el PP por beneficiar claramente a Cataluña. Un escenario que llegará tras un largo año y medio de negociaciones y llamadas de auxilio por parte de Canarias, que lleva meses pidiendo solidaridad al resto de comunidades para que se hagan corresponsables en la acogida de los menores extranjeros, cuya tutela es competencia autonómica.
Si se convalida, el decreto sería efectivo al momento y se procedería a la reubicación de los menores migrantes no acompañados. Aunque, mientras tanto, podrían gestarse algunos cambios en la Cámara Baja. La legislación contempla la posibilidad de que, después de votar la convalidación del decreto, haya partidos que decidan que se tramite también como proyecto de ley y, por tanto, que pase por la comisión del Congreso, donde los grupos pueden presentar enmiendas.
En ningún caso eso afectaría a su puesta en marcha, aunque sí que podría implicar cambios a futuro. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que el Gobierno "no es radical" a la hora de contemplar esa opción, e inciden en que, de hecho, el propio ministro Ángel Víctor Torres ha pedido al PP su apoyo al decreto "y después, si tiene alguna propuesta de mejora, que las proponga en ese proceso". Aun así, esta es una vía que habitualmente no llega a buen puerto y, en caso de que no se llegue a un acuerdo en ese sentido, no afectaría al decreto que ya se habría puesto en marcha.
