El Gobierno no puede permitir un oligopolio bancario

Pese a que la CNMC ha decidido dar su visto bueno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, apenas aceptando una serie de compromisos a la carta del propio BBVA que ni siquiera han dado en llamar condiciones, la decisión última está en manos del Gobierno, que tiene la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las normas de competencia y que, en el caso que nos ocupa, ha de poner en el centro a los clientes y consumidores en general y, sobre todo, a las pymes que vienen recibiendo de la entidad presidida por Josep Oliu un trato y unas condiciones que han merecido el reconocimiento general.

Una cosa era la gigantesca torre de Babel en que se había convertido, no hace tantos años, el sector bancario español, con una proliferación nociva de entidades -muchas de ellas con los pies de barro y guiadas, como las cajas de ahorro, por intereses políticos- y otra, bien distinta, que se pase a un escenario en el que tres grandes bancos copen el mercado, porque eso generaría indefectiblemente efectos negativos sobre la competencia.

El Banco Sabadell viene jugando un papel digno de tener en cuenta por su capacidad de penetración en el tejido empresarial que representan las pequeñas y medianas empresas españolas, a las que ha sabido atraerse con una gestión más que meritoria. Es, por ello, todo un ejemplo de eficacia en un mercado complejo.

De fructificar la OPA entraríamos en un escenario peligroso, porque la excesiva concentración bancaria que supondría la fusión y la consecuente pérdida de puestos de trabajo derivada de la misma hacen que sea, en las actuales circunstancias, profundamente inconveniente. La enorme dispersión y atomización bancaria ha sido un evidente problema que no se resuelve con súbitos efectos de péndulo, porque pasar de un extremo a otro sin encontrar el justo equilibrio sólo contribuye a complicar las cosas.